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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Esto se llama perseverancia en una buena causa y obstinación en una mala”, Laurence Sterne (171...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Esto se llama
perseverancia en una buena causa y obstinación en una mala”, Laurence Sterne
(1713-1768) Novelista y humorista inglés.
DEBATE
La política
tiene sus tiempos, sus formas y, sobre todo, sus circunstancias.
En Morena
Mazatlán parece que algunos de sus protagonistas han comenzado a adelantar una
discusión que tarde o temprano tendría que presentarse: quiénes tienen
legitimidad para buscar la coordinación municipal y bajo qué criterios deberán
medirse las aspiraciones.
Juan Carlos
Patrón Rosales abrió el debate al pedir que algunos participantes reconsideren
su permanencia en el proceso interno, particularmente aquellos que, desde su
perspectiva, anteriormente estuvieron en contra de la Cuarta Transformación y
ahora pretenden representarla.
El planteamiento
no pasó inadvertido. Carlos Escobar Sánchez y Manuel de Jesús “Meny” Guerrero
Verdugo respondieron que las decisiones corresponden a los órganos internos de
Morena y consideraron desafortunadas las declaraciones de Patrón.
Y aquí comienza
lo interesante, porque detrás de este intercambio no solamente aparecen
diferencias entre aspirantes, sino dos maneras de entender la competencia
política: una que pone el acento en la trayectoria y la congruencia ideológica,
y otra que reclama respeto a las reglas y a los procedimientos establecidos por
el partido.
Pero hay un
detalle que no debe perderse de vista.
Morena ha
construido buena parte de su presencia política mediante la incorporación de
personajes provenientes de distintas organizaciones, algunos con antecedentes
en partidos que anteriormente fueron sus adversarios.
Esa apertura
forma parte de su historia reciente y plantea una contradicción que deberá
resolver institucionalmente: si el movimiento acepta nuevos cuadros políticos,
también necesita establecer con claridad cuáles son los requisitos para que
puedan aspirar a representarlo.
La antigüedad
partidista puede ser un antecedente relevante, pero no necesariamente
constituye por sí misma un criterio suficiente para determinar una candidatura.
Juan Carlos
Patrón tiene derecho a defender su trayectoria y expresar sus diferencias con
otros participantes.
De la misma
manera, Carlos Escobar, Meny Guerrero y los demás aspirantes tienen derecho a
exigir que el proceso se desarrolle conforme a las disposiciones internas.
Lo que todavía
no aparece con claridad es si los señalamientos de Patrón responden a
situaciones específicas que puedan documentarse o si forman parte de una
discusión política más amplia sobre la identidad del partido.
Esa diferencia
importa, porque cuestionar trayectorias exige argumentos y no solamente
apreciaciones.
Hay otro aspecto
que merece observarse. Mientras Imelda Castro desarrolla actividades de
organización territorial en Sinaloa y Morena busca ordenar sus estructuras
rumbo a 2027, en Mazatlán comienza a hacerse visible una competencia interna
con posiciones encontradas.
No
necesariamente estamos frente a una fractura, pero sí ante diferencias que
podrían adquirir mayor relevancia conforme se acerquen las definiciones.
La
responsabilidad de la dirigencia será garantizar que todos los participantes
conozcan las reglas y que las inconformidades encuentren cauces
institucionales.
Porque al final,
el problema no es que existan catorce aspirantes ni que algunos tengan
trayectorias políticas diferentes.
La verdadera
cuestión es si Morena cuenta con mecanismos suficientemente claros para evaluar
a sus participantes sin convertir las diferencias personales en conflictos
partidistas.
Y ahí está la
lectura de fondo. Juan Carlos Patrón puso sobre la mesa una discusión que
probablemente otros también consideran necesaria, mientras Carlos Escobar y
Meny Guerrero recordaron que las decisiones no corresponden a los
contendientes.
Ambas posiciones
forman parte de un proceso que apenas comienza a mostrar sus tensiones.
En política,
conocer las reglas es importante, pero respetarlas cuando no favorecen las
aspiraciones propias es lo que termina poniendo a prueba la disciplina de
cualquier organización. Y en Morena Mazatlán, esa prueba todavía está por
venir.
ENCUENTRO
La política
sinaloense comienza a mostrar movimientos que, sin necesidad de grandes
anuncios, permiten entender cómo se están reconfigurando las relaciones entre
los distintos grupos de poder rumbo al proceso electoral de 2027.
Uno de ellos es
el reciente encuentro de Imelda Castro Castro con Alfonso Cepeda Salas,
dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Ricardo Madrid Uriarte, secretario general de la Sección 53, y Daniel Amador
Gaxiola, uno de los referentes históricos del magisterio en Sinaloa.
Una reunión que,
por los personajes involucrados y el momento en que ocurre, merece una lectura
que vaya más allá de la fotografía.
Hay un
antecedente que no debe perderse de vista. Días antes, Imelda Castro había
participado en un encuentro con integrantes de Encuentro Cívico Magisterial,
organización relacionada con Daniel Amador y Ricardo Madrid, donde se habló de
las actividades territoriales que Morena desarrolla en los veinte municipios de
Sinaloa.
Ahora, la
presencia de Alfonso Cepeda incorpora a la conversación a la dirigencia
nacional de uno de los sindicatos con mayor presencia organizativa en el país.
Son
acontecimientos distintos, pero su cercanía permite identificar una
interlocución política que se ha mantenido durante las últimas semanas.
Y aquí aparece
un elemento particularmente interesante. Durante décadas, el magisterio
sinaloense ha tenido una participación importante en la vida pública del
estado.
Daniel Amador
conoce los procesos electorales, las estructuras territoriales y la relación
entre las organizaciones sociales y los partidos políticos. Ricardo Madrid, por
su parte, representa una generación de dirigentes que ha tenido que
desenvolverse en un escenario político diferente al que durante años
caracterizó la relación del sindicato con el PRI.
Que ambos
coincidan con Imelda Castro abre una conversación sobre la manera en que esos
liderazgos se relacionan actualmente con Morena, sin que ello signifique que
exista un acuerdo electoral formal.
Para Imelda
Castro, la reunión ocurre mientras desarrolla una agenda de organización
territorial que contempla 760 asambleas en Sinaloa.
En ese contexto,
el diálogo con representantes de sectores sociales permite conocer inquietudes,
establecer canales de comunicación y mantener relaciones con actores que tienen
presencia en distintas regiones.
Sin embargo,
conviene establecer una diferencia: la interlocución con dirigentes
magisteriales no equivale al respaldo automático de los trabajadores de la
educación, quienes mantienen sus propias preferencias políticas y derechos de
participación.
También hay un
asunto que merece observarse. La Sección 53 se encuentra ante un proceso de
renovación de su dirigencia, circunstancia que introduce otra dimensión al
encuentro.
Las decisiones
sindicales corresponden a sus agremiados y deben mantenerse separadas de las
definiciones partidistas.
Precisamente por
eso, cualquier acercamiento entre dirigentes políticos y sindicales requiere
distinguir las coincidencias institucionales de los compromisos electorales
que, hasta ahora, no han sido anunciados públicamente.
Lo que sí puede
advertirse es que Morena mantiene abiertos espacios de interlocución con
personajes que conocen la historia política de Sinaloa y que han participado en
diferentes etapas de su organización social.
Algunos
provienen de estructuras tradicionalmente vinculadas con otros partidos; otros
han desarrollado sus trayectorias dentro del movimiento que hoy gobierna.
Esa convivencia
de experiencias forma parte de la transformación del mapa político estatal y
también plantea preguntas sobre cómo se integrarán las distintas corrientes en
los próximos meses.
Porque rumbo a
2027 no solamente estarán en discusión las candidaturas. También habrá que
observar las relaciones entre los partidos, las organizaciones sociales y los
liderazgos que históricamente han tenido presencia territorial.
La reunión de
Imelda Castro con Alfonso Cepeda, Ricardo Madrid y Daniel Amador no permite
anticipar acuerdos que no se conocen, pero sí muestra que esos canales de
comunicación están activos.
Y en política,
una fotografía puede registrar un encuentro; lo que ocurra después permitirá
conocer su verdadero alcance.
CONDICIONES
La Universidad
Autónoma de Sinaloa vuelve a encontrarse frente a un escenario financiero
complicado, y esta vez la preocupación no solamente gira alrededor del pago de
las quincenas, sino también de los aguinaldos y las prestaciones de fin de año.
El rector Jesús
Madueña Molina ha planteado la necesidad de conseguir alrededor de mil 380
millones de pesos extraordinarios para cerrar 2026, una cantidad que refleja la
presión que enfrentan las finanzas universitarias y que obliga a revisar un
problema que se ha vuelto recurrente.
Hay un detalle
que merece atención.
El Gobierno del
Estado ha recurrido al adelanto de recursos para permitir que la institución
cumpla algunos compromisos laborales, pero esa medida representa una solución
temporal.
Adelantar dinero
de diciembre para pagar octubre no significa disponer de mayores ingresos, sino
trasladar la presión financiera de un mes a otro.
Y ahí aparece
una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo podrá mantenerse este mecanismo sin
afectar el funcionamiento de la universidad?
La situación
también tiene una dimensión estructural. La UAS sostiene que alrededor del 94
por ciento de su presupuesto se destina a obligaciones de nómina, mientras que
el sistema de jubilaciones representa una carga financiera considerable.
Son compromisos
laborales que deben respetarse, pero cuya sostenibilidad requiere una discusión
seria entre las autoridades universitarias, los sindicatos y los gobiernos
federal y estatal.
No basta con
solicitar recursos extraordinarios cada cierre de año; también es necesario
conocer los resultados de las medidas de austeridad y reorganización
administrativa anunciadas por la Rectoría.
Políticamente,
el asunto coloca responsabilidades sobre distintas instituciones.
La Federación y
el Gobierno del Estado tienen un papel fundamental en el financiamiento de la
educación superior, mientras que la administración universitaria debe
garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos y explicar con
claridad el origen del déficit.
Convertir esta
situación en una confrontación política no resolverá las necesidades de los
trabajadores ni las de miles de estudiantes que dependen de la continuidad
académica.
Porque el
problema de la UAS no debería reducirse a conseguir dinero para terminar
diciembre.
La verdadera
discusión es cómo construir condiciones financieras que permitan comenzar 2027
sin repetir la misma incertidumbre.
Y ahí está el
fondo del asunto: una universidad pública no puede vivir permanentemente entre
adelantos presupuestales, gestiones extraordinarias y preocupaciones por la
siguiente quincena.
La solución
requiere recursos, ciertamente, pero también planeación, rendición de cuentas y
decisiones institucionales que trasciendan las urgencias de cada cierre de año.
EXIGENCIA
La discusión del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 abrió nuevamente un espacio para
que el diputado federal Mario Zamora Gastélum colocara sobre la mesa las
necesidades de Sinaloa.
Desde la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador priista cuestionó que
un presupuesto de 10.6 billones de pesos prácticamente no haya sufrido
modificaciones y que las propuestas relacionadas con seguridad, agricultura e
infraestructura no encontraran respuesta en el dictamen.
Hay un aspecto
que merece atención. Zamora no solamente expresó el rechazo de su bancada, sino
que presentó comparaciones sobre los recursos destinados a las corporaciones de
seguridad estatales y municipales, particularmente después de la desaparición del
FORTASEG.
En una entidad
que enfrenta una situación compleja de violencia, el planteamiento obliga a
revisar si los fondos disponibles corresponden realmente a las necesidades de
prevención, equipamiento y fortalecimiento policial.
Las cifras
expuestas por el legislador deberán contrastarse con los anexos
presupuestarios, pero la discusión sobre las capacidades de las policías
locales resulta pertinente.
En materia
agrícola, el señalamiento también toca una de las preocupaciones más
importantes del sector productivo sinaloense: la diferencia entre los costos de
producción y los precios de comercialización del maíz.
A ello se suma
la ausencia de proyectos carreteros y ferroviarios que Zamora identificó en la
cartera federal, particularmente el Tren Sinaloense y la carretera
Topolobampo-Chihuahua.
Son asuntos que
requieren seguimiento para determinar qué proyectos cuentan con financiamiento,
cuáles permanecen en gestión y cuáles no fueron considerados.
Políticamente,
Mario Zamora mantiene una agenda legislativa centrada en temas que tienen
repercusiones directas en Sinaloa.
Su intervención
también ocurre mientras participa en las conversaciones sobre una eventual
alianza opositora rumbo a 2027, circunstancia que da una dimensión adicional a
sus posicionamientos públicos.
Sin embargo, la
valoración de sus argumentos debe descansar en la información presupuestaria y
no solamente en el contexto electoral.
Porque
cuestionar un presupuesto es parte de las responsabilidades de la oposición,
pero también lo es presentar alternativas viables y explicar de dónde podrían
obtenerse los recursos adicionales.
Del lado de la
mayoría legislativa corresponde justificar las prioridades aprobadas y sus
efectos sobre las entidades federativas.
Y ahí está el
fondo del debate: más allá de los partidos, Sinaloa necesita conocer qué
recursos recibirá, qué proyectos podrán ejecutarse y qué respuestas concretas
ofrecerá el presupuesto federal a sus problemas de seguridad, producción e
infraestructura.
La discusión no
debería terminar con la votación del dictamen, sino continuar con la vigilancia
de su aplicación y sus resultados.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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