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La Secretaría de Hacienda informó que las medidas son preventivas y derivan de operaciones financieras consideradas de riesgo; la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), tras identificar movimientos financieros con elementos de riesgo que requieren investigación.
De acuerdo con la información difundida, entre las cuentas presuntamente sujetas a estas medidas se encontraría una relacionada con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del organismo electoral. Sin embargo, su inclusión no ha sido confirmada expresamente en la información oficial proporcionada, por lo que permanece como una versión periodística.
La Secretaría de Hacienda explicó que la determinación se desprende de análisis financieros efectuados por la UIF, dentro de sus facultades para identificar operaciones que pudieran estar relacionadas con actividades irregulares y prevenir el uso del sistema financiero para posibles conductas ilícitas.
La dependencia federal aclaró que el bloqueo de cuentas tiene carácter preventivo y precautorio, por lo que no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas físicas o empresas incluidas en el listado.
Asimismo, precisó que los afectados cuentan con mecanismos legales de defensa y garantía de audiencia, mediante los cuales pueden presentar argumentos y documentación para solicitar la revisión de las medidas aplicadas.
Como parte de las actuaciones institucionales, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de desarrollar las investigaciones correspondientes y determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades penales.
El procedimiento abre una etapa de revisión sobre las operaciones financieras detectadas y su eventual relación con proveedores del organismo electoral, sin que hasta el momento la información proporcionada permita establecer la existencia de delitos o responsabilidades individuales.
La situación adquiere relevancia por tratarse de personas y empresas relacionadas con proveedores del INE, institución responsable de la organización de los procesos electorales federales en México.
Será la investigación ministerial la que determine el alcance de las operaciones identificadas, mientras que las personas señaladas conservan sus derechos de defensa y la presunción de inocencia.
