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La diputada priista advirtió que un plantel acumuló 105 días sin clases presenciales durante el ciclo escolar 2025-2026 y exigió atender las fallas operativas y la inseguridad. También respaldó las demandas de personal del IMSS por mejores salarios, medicamentos y equipo hospitalario.
Culiacán, Sinaloa.– La suspensión recurrente de clases en escuelas de Sinaloa y las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron señaladas por la diputada Paola Gárate Valenzuela como dos problemas que requieren atención de las autoridades educativas y de salud, ante sus efectos en estudiantes, pacientes y personal médico.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional advirtió que, durante el ciclo escolar 2025-2026, al menos un plantel de Sinaloa acumuló 105 días de suspensión de actividades presenciales, equivalentes al 57 por ciento de los 185 días contemplados en el calendario escolar.
Gárate sostuvo que este caso refleja las dificultades que enfrentan algunas comunidades escolares para mantener la continuidad educativa, por lo que consideró insuficiente contar con un calendario oficial si no existen condiciones para garantizar su cumplimiento.
De acuerdo con los datos de Mexicanos Primero en Sinaloa citados por la diputada, el 41.3 por ciento de las incidencias que afectaron las actividades escolares estuvo relacionado con fallas operativas, mientras que el 39.5 por ciento correspondió a hechos de violencia e inseguridad y el 19.2 por ciento a fenómenos meteorológicos.
La legisladora destacó que las interrupciones no se explican únicamente por la situación de seguridad, pues también existen problemas relacionados con el funcionamiento de los planteles que requieren intervención institucional.
Ante este escenario, exigió a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) una estrategia inmediata para recuperar infraestructura, garantizar servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad en las escuelas.
También solicitó que se publique información sobre los planteles afectados, las causas de las suspensiones y las acciones programadas para atender cada situación.
“Esto no es normal y no podemos acostumbrarnos. El derecho a la educación significa garantizar que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan asistir a clases de manera continua, en condiciones dignas y seguras”, expresó.
Gárate señaló que la falta de continuidad escolar puede profundizar las desigualdades educativas y afectar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando las suspensiones se prolongan durante varias semanas.
En otro tema, la diputada expresó su respaldo a las manifestaciones realizadas por trabajadores del IMSS en Culiacán, Guasave y Mazatlán, quienes han planteado demandas salariales y mejores condiciones para atender a los pacientes.
Según lo expuesto por la legisladora, el personal inconforme rechaza un incremento salarial del 2.9 por ciento, al considerarlo insuficiente, y solicita un aumento del 10 por ciento.
Sin embargo, señaló que las demandas también incluyen el abastecimiento de medicamentos, jeringas, guantes, material de curación y equipo médico, además de mayor disponibilidad de personal e infraestructura hospitalaria adecuada.
“Es verdaderamente preocupante que quienes tienen la responsabilidad de cuidar nuestra salud tengan que salir a las calles para exigir lo indispensable para atender a sus pacientes. No están pidiendo privilegios; están reclamando condiciones dignas para trabajar”, manifestó.
La diputada también cuestionó la actuación de representantes sindicales del IMSS, a quienes acusó de presuntamente ejercer presiones contra trabajadores que participan en las protestas.
Asimismo, sostuvo que algunos liderazgos sindicales estarían utilizando su posición con fines políticos y señaló presuntas prácticas de movilización de personal hacia actos partidistas. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de la legisladora y no fueron acompañadas, en la información proporcionada, de una respuesta de los dirigentes aludidos.
Gárate aseguró que dará seguimiento a posibles represalias contra quienes participan en las manifestaciones y reiteró que las demandas laborales deben atenderse sin afectar los derechos de los trabajadores.
Con ambos posicionamientos, la diputada solicitó respuestas institucionales sobre la continuidad de las clases y las condiciones de atención hospitalaria, al considerar que la educación y la salud requieren acciones concretas más allá de los compromisos administrativos.
