.png)
El secretario de Seguridad federal reveló que las disputas entre grupos de internos comenzaron después de la salida de un recluso que ejercí...
.png)
El secretario de Seguridad federal reveló que las disputas entre grupos de internos comenzaron después de la salida de un recluso que ejercía un liderazgo dentro de El Castillo. El penal permanece bajo resguardo federal y se han realizado traslados para evitar nuevos enfrentamientos.
Mazatlán, Sinaloa.– La liberación de un interno que mantenía un liderazgo importante dentro del Centro Penitenciario de El Castillo habría desencadenado las disputas entre grupos de reclusos que terminaron en enfrentamientos armados los días 8 y 9 de octubre, con un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas un niño de apenas dos años que se encontraba de visita.
Así lo reveló este martes 13 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al explicar los primeros resultados de las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos dentro del penal de Mazatlán.
De acuerdo con el funcionario federal, los reportes preliminares del Gabinete de Seguridad establecen que una persona con influencia sobre un grupo de internos recuperó su libertad, situación que habría provocado diferencias entre quienes permanecieron recluidos y que formaban parte de una misma estructura criminal.
“Los reportes preliminares que tuvimos como Gabinete de Seguridad es que una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario del mismo grupo criminal fue liberado, y al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, tuvieron una riña con armas de fuego”, explicó García Harfuch.
La declaración representa uno de los primeros señalamientos oficiales sobre el posible origen de los enfrentamientos, que evidenciaron la presencia de armas de fuego en el interior del centro penitenciario y las disputas por el control entre grupos de personas privadas de la libertad.
Los hechos comenzaron el jueves 8 de octubre, cuando se registró un enfrentamiento armado que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de dos años que se encontraba en el penal durante una visita.
La violencia continuó el viernes 9 de octubre, cuando una nueva riña provocó la muerte de otros dos internos, elevando a 12 el número de víctimas mortales en ambos acontecimientos.
Hasta el momento, las autoridades federales no han revelado la identidad de la persona cuya liberación habría originado las disputas ni las circunstancias específicas de su salida del centro penitenciario.
Tampoco se ha precisado públicamente cómo ingresaron o permanecieron las armas de fuego utilizadas durante los enfrentamientos, uno de los aspectos que deberán esclarecer las investigaciones correspondientes.
Ante la gravedad de los acontecimientos, García Harfuch informó que el penal de El Castillo permanece bajo resguardo federal, con presencia de elementos de la Guardia Nacional y personal penitenciario federal para reforzar la vigilancia y recuperar el control de las instalaciones.
El funcionario señaló que también se han realizado traslados de personas privadas de la libertad hacia otros centros penitenciarios y que existen movimientos adicionales programados para disminuir el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Las medidas de seguridad no se limitan al centro penitenciario de Mazatlán, pues también se reforzó la vigilancia en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán, como parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno Federal.
García Harfuch explicó que el fortalecimiento del sistema penitenciario incluye mayor presencia de personal de seguridad, revisiones más frecuentes y coordinación permanente con la Guardia Nacional.
La revelación sobre el presunto origen de las riñas coloca nuevamente bajo atención las condiciones de control dentro de los centros penitenciarios de Sinaloa, particularmente por la capacidad de organización que habrían mantenido grupos criminales al interior de las instalaciones.
Aunque la salida de un interno con liderazgo es considerada una posible causa de los enfrentamientos, las autoridades todavía deberán esclarecer las responsabilidades relacionadas con las muertes, la presencia de armamento y las condiciones de seguridad que permitieron la escalada de violencia.
Realizan nueve operativos en Sinaloa para trasladar a 636 internos a penales federales
Como parte del reforzamiento de la seguridad penitenciaria, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se han desarrollado nueve operativos para trasladar a 636 personas privadas de la libertad hacia distintos centros federales de reinserción social.
Durante la conferencia presidencial de este martes, el funcionario explicó que estas acciones buscan reducir riesgos, prevenir actividades delictivas y fortalecer el control de los centros penitenciarios estatales.
Los movimientos forman parte de una estrategia nacional que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, acumuló 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad, realizados mediante la coordinación del sistema penitenciario federal y la Guardia Nacional.
García Harfuch señaló que, además de los traslados, se han fortalecido las acciones de vigilancia, supervisión y control en los centros federales de reinserción social.
En ese periodo se realizaron 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, mediante los cuales fueron asegurados más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas dentro de las instalaciones penitenciarias.
El secretario también informó que los códigos de emergencia en los penales federales disminuyeron 35 por ciento respecto al periodo anterior, incluyendo incidentes relacionados con riñas, agresiones, amenazas y otras situaciones de riesgo.
Como parte del fortalecimiento institucional, se incorporaron mil 192 nuevos elementos al Sistema Penitenciario Federal y se creó la Unidad de Reacción Penitenciaria, destinada a intervenir ante situaciones de emergencia y brindar apoyo a las entidades federativas.
En Sinaloa, estas medidas adquieren especial relevancia después de los enfrentamientos registrados en el penal de El Castillo, donde las autoridades federales mantienen presencia de seguridad y preparan nuevos movimientos de internos para prevenir otros episodios de violencia.
