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El convenio permitirá acercar educación básica principalmente a adultos mayores del sector rural que no saben leer ni escribir.
Culiacán, Sinaloa.— El Instituto Sinaloense de Educación para los Jóvenes y Adultos (ISEJA) y la Procuraduría Agraria firmaron un convenio de colaboración para reducir el analfabetismo y el rezago educativo entre habitantes de ejidos y comunidades rurales de Sinaloa.
El director general del ISEJA, Rubén Miranda López, explicó que el acuerdo deriva de un convenio establecido a nivel nacional y que será replicado en las entidades federativas para acercar los servicios educativos a sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a ellos.
Miranda López señaló que actualmente alrededor del 96 por ciento de la población mexicana sabe leer y escribir, aunque persisten grupos vulnerables donde es necesario concentrar los esfuerzos institucionales.
Habilitan 45 centros de atención
Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria en Sinaloa, Juan Carlos Patrón Rosales, informó que la dependencia pondrá a disposición 45 centros de atención distribuidos en el estado, donde promotores del ISEJA podrán trabajar con habitantes de los núcleos agrarios.
Patrón destacó particularmente la situación de adultos mayores que todavía utilizan su huella digital para realizar trámites debido a que no saben leer ni escribir.
Advirtió que esta condición puede colocarlos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles abusos relacionados con títulos parcelarios y solares, por lo que consideró que la alfabetización también puede proporcionarles mayores herramientas para defender su patrimonio.
Aprender a leer y escribir puede tomar entre cuatro y seis meses
El director del ISEJA explicó que el proceso de alfabetización puede durar entre cuatro y seis meses, dependiendo del ritmo de aprendizaje de cada persona.
Una vez concluida esta etapa, los beneficiarios tendrán la posibilidad de continuar con estudios de primaria y secundaria y, posteriormente, avanzar hacia otros niveles educativos si así lo deciden.
El convenio busca aprovechar la presencia territorial de la Procuraduría Agraria para identificar y acercar los servicios educativos a personas que viven en comunidades rurales de Sinaloa.
