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Sobre el camino Benjamín Bojórquez Olea. Hay frases que sobreviven a los gobiernos porque nacieron de algo que en política vale más que cua...
Sobre el camino
Benjamín Bojórquez Olea.
Hay frases que sobreviven a los gobiernos porque nacieron de algo que en política vale más que cualquier encuesta: colmillo.
Alfonso G. Calderón Velarde, gobernador de Sinaloa entre 1975 y 1980, tenía esa virtud. Cuenta la crónica que, durante una gira de trabajo al final de su sexenio, un detractor le gritó desde la multitud: “¡Ya se te va a acabar el agua al bule!”
El mensaje era claro: se terminaba el poder, se agotaba la fuerza, se acercaba la hora de abandonar el tercer piso. G. Calderón no se inmutó. Respondió: “¡Sí, pero con esa poquita agua te ahogas!”
Décadas después, la frase parece haber encontrado un destinatario inesperado.
Porque en Sinaloa hoy se ha construido una narrativa donde Rubén Rocha Moya parece ser culpable antes de que exista una sentencia que lo condene. Y aquí conviene hacer algo que en política cada vez escasea más: separar el enojo social de la prueba, la sospecha de la sentencia y la responsabilidad política de la responsabilidad penal.
No se trata de defender a Rocha Moya. Mucho menos de negar el dolor de miles de sinaloenses que han vivido una etapa de violencia brutal, una inseguridad que ha trastocado familias, negocios, comunidades y la vida cotidiana. Ese dolor es real. Y sería miserable minimizarlo.
Pero precisamente porque el dolor es real, también debería ser real nuestra exigencia de justicia. Y la justicia no puede funcionar a golpe de rumor, filtración, linchamiento mediático o sentencia anticipada.
Hasta donde se conoce públicamente, las versiones que han circulado sobre una eventual investigación en Estados Unidos no han venido acompañadas de una prueba judicial pública que demuestre que el gobernador con licencia esté procesado por los delitos que algunos ya le atribuyen. Y aquí aparece uno de los elementos más incómodos de toda esta historia: Rocha Moya pidió licencia.
Se apartó temporalmente del cargo en medio de una tormenta política y mediática que probablemente pocos gobernantes hubieran querido enfrentar de esa manera.
¿Debe rendir cuentas si existen acusaciones? Por supuesto. ¿Debe investigarse cualquier señalamiento serio? Sin ninguna duda. ¿Debe responder ante la justicia si se demuestra responsabilidad? Claro que sí.
Pero hay una diferencia monumental entre investigar a un gobernante y condenarlo sin sentencia. Y esa diferencia es precisamente la que una democracia debería defender con mayor fuerza cuando el ambiente político está contaminado por la polarización.
Porque si mañana resulta que las acusaciones tienen sustento, entonces que se proceda con todo el peso de la ley. Pero si no lo tienen, ¿quién reparará el daño político, personal e histórico causado por haber convertido una sospecha en una condena social? Ahí está la pregunta que pocos quieren formular.
El estado se convirtió en uno de los escenarios más delicados de la confrontación del crimen organizado, en un contexto nacional e internacional donde las organizaciones criminales, el tráfico de drogas, las armas, el dinero y las disputas territoriales cruzan fronteras.
Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme en esa ecuación. No porque todo lo que sucede en México sea culpa de Washington —sería absurdo plantearlo así—, sino porque resulta imposible hablar del fenómeno criminal sin hablar del gigantesco mercado estadounidense de drogas, del flujo de armas hacia México y de décadas de políticas bilaterales que han producido resultados que hoy están a la vista.
El monstruo no nació ayer. Y tampoco nació solamente en Sinaloa.
Por eso resulta demasiado cómodo colocar toda la responsabilidad de una crisis estructural sobre un solo gobernador.
Rocha Moya puede tener responsabilidades políticas. Puede haber decisiones cuestionables. Puede haber errores. Puede incluso haber omisiones que deban explicarse. Pero otra cosa muy distinta es convertirlo en el único responsable de un problema que tiene raíces nacionales, internacionales, históricas y económicas.
Quizá el gran pecado político de Rubén Rocha Moya sea haber gobernado Sinaloa justamente cuando México entró en una etapa de transición donde las viejas reglas del poder comenzaron a romperse.
Le tocó un estado atravesado por una disputa criminal de dimensiones extraordinarias. Le tocó una transformación política profunda. Le tocó una sociedad mucho más desconfiada. Y le tocó gobernar cuando las redes sociales convirtieron cualquier rumor en sentencia y cualquier acusación en verdad aparente.
Tal vez el gobernador con licencia estuvo en el lugar equivocado, en el momento más complicado. Eso no lo exonera, pero tampoco lo condena. Y aquí debería aparecer la autocrítica.
Porque los sinaloenses tenemos derecho a exigir resultados al gobernador, pero también tenemos la obligación de preguntarnos si estamos juzgando con la misma severidad a todos los actores que durante décadas contribuyeron, por acción u omisión, a construir el escenario que hoy padecemos.
La política mexicana tiene una costumbre peligrosa: encontrar un culpable visible para una tragedia que fue construida por muchos. Es más fácil señalar a un hombre que entender un fenómeno. Es más sencillo gritar “culpable” que preguntarnos cómo llegamos hasta aquí.
Estados Unidos no es el villano absoluto, pero tampoco es un espectador. Hay que tener cuidado también con las teorías absolutas.
Decir que Estados Unidos puede controlar todo lo que sucede en México sería simplificar una realidad mucho más compleja. Pero afirmar que Washington es un espectador inocente sería igualmente ingenuo.
La relación entre ambos países está atravesada por intereses económicos, migratorios, energéticos, comerciales, de seguridad y geopolíticos.
México tiene recursos naturales, posición estratégica, mano de obra, mercados y una frontera que convierte al país en pieza fundamental para Estados Unidos.
Por eso Sinaloa tampoco es cualquier territorio. Pero justamente por eso debemos evitar caer en la tentación de explicar todo mediante conspiraciones.
La realidad suele ser más incómoda que una teoría conspirativa: hay intereses, errores, corrupción, crimen, omisiones, complicidades y decisiones políticas que se cruzan al mismo tiempo. Y eso exige investigación, no propaganda.
Ahora viene la pregunta que incomoda: ¿Debe regresar Rubén Rocha Moya al tercer piso? La respuesta no debería depender de simpatías ni de odios. Debe depender de la ley. Si jurídicamente está impedido, que no regrese. Si existe una investigación formal que determine responsabilidades, que enfrente las consecuencias. Pero si no existe impedimento legal y no hay sentencia que lo condene, tampoco podemos pretender construir un Estado de derecho a partir de la presión de las redes sociales.
Porque mañana podría tocarle a otro. Y pasado mañana, a cualquiera.
La democracia no consiste en que gobierne quien nos gusta. Consiste en aceptar las reglas incluso cuando el resultado nos incomoda. Y aquí está la parte más dura de esta reflexión:
Podemos estar profundamente decepcionados de Rocha Moya y, al mismo tiempo, defender su derecho a no ser condenado sin pruebas. No hay contradicción. Eso se llama Estado de derecho.
GOTITAS DE AGUA:
La historia juzgará a Rocha Moya por lo que hizo, por lo que dejó de hacer y por lo que realmente pueda demostrarse. No por lo que Twitter, Facebook o una filtración hayan decidido previamente.
Porque en política la reputación puede destruirse en horas. La verdad, en cambio, suele tardar mucho más. Y quizá por eso la frase de Alfonso G. Calderón Velarde vuelve a cobrar sentido.
Porque cuando el agua comienza a escasear, muchos corren a beber. Otros corren a señalar. Y unos cuantos, los que conocen el poder, esperan.
Porque saben que a veces no hace falta tener un bule lleno para hacer que alguien se ahogue. Con poquita agua también. Y en esta historia, antes de decidir quién se hunde, quizá valga la pena preguntarnos si tenemos pruebas suficientes para saber quién realmente está nadando.
“Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”...
