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El gobernador de Sinaloa negó vínculos con actividades ilícitas y calificó las acusaciones como ataques políticos; la SRE informó que los documentos recibidos carecen de elementos probatorios y serán analizados por la FGR
Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica las imputaciones en su contra difundidas por autoridades de Estados Unidos, al señalar que carecen de veracidad y fundamento, y atribuirlas a ataques dirigidos tanto a su persona como al movimiento de la Cuarta Transformación.
Luego de que se hiciera público un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, en el que se le menciona junto con otras nueve personas por presuntos vínculos con actividades delictivas, el mandatario estatal fijó su postura al asegurar que dichas acusaciones serán desmentidas.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra… ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, expresó.
El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que los señalamientos forman parte de una estrategia que, afirmó, busca afectar no solo su imagen, sino también al proyecto político que representa, al referirse a la Cuarta Transformación y sus liderazgos.
Asimismo, indicó que estos hechos se enmarcan en lo que calificó como intentos por vulnerar la soberanía nacional, aludiendo al artículo 40 de la Constitución mexicana como base del principio que, dijo, su movimiento defiende.
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, puntualizó.
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación conforme a la legislación nacional.
De acuerdo con la dependencia federal, tras una revisión jurídica inicial, los documentos remitidos por la Embajada de Estados Unidos no contienen elementos de prueba que permitan determinar la responsabilidad de las personas señaladas. No obstante, el proceso continuará conforme a lo establecido en la Ley de Extradición Internacional.
La SRE precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar si existen elementos probatorios suficientes y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, conforme al sistema jurídico mexicano.
Finalmente, la cancillería señaló que los tratados internacionales vigentes contemplan disposiciones sobre la confidencialidad de la información, por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que el caso fue dado a conocer públicamente.
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