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El senador señala que la investigación corresponde a la FGR y cuestiona la creación de una unidad estatal para indagar hechos federales
Culiacán, Sinaloa.— El senador Enrique Inzunza Cázarez consideró que la actuación del Gobierno de Chihuahua en torno a los hechos registrados en municipios como Morelos y Guachochi podría derivar en responsabilidades legales, al advertir posibles violaciones al marco constitucional y la eventual comisión de delitos.
En entrevista, el legislador sostuvo que el Senado de la República ejerció sus facultades de control parlamentario al convocar a la gobernadora de esa entidad, quien, dijo, debió atender la invitación para esclarecer la presunta participación de agentes extranjeros en operativos dentro del territorio nacional.
Señaló que, a su juicio, la creación de una unidad especializada estatal para investigar estos hechos carece de sustento legal, al tratarse de delitos del orden federal, lo que —explicó— corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República.
“Son hechos que constituyen materia federal, desde la producción de drogas sintéticas hasta la participación de agentes extranjeros en tareas operativas en campo”, expresó el senador, al advertir que esta decisión podría configurar un delito contra la administración de justicia.
Inzunza Cázarez subrayó que la investigación y eventual judicialización del caso debe recaer en la Fiscalía General de la República, instancia que, según indicó, ya habría iniciado carpetas de investigación relacionadas con estos acontecimientos.
Respecto a las implicaciones legales, mencionó que, en su opinión, podrían configurarse delitos graves como traición a la patria, aunque precisó que corresponde a la autoridad ministerial determinarlo mediante una investigación formal.
El legislador también enfatizó que el Senado no tiene funciones de carácter jurisdiccional ni ministerial, por lo que su papel se limita al control parlamentario y a la vigilancia del cumplimiento del marco constitucional.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de actuar fuera del orden legal en el combate a la delincuencia, al señalar que no se pueden enfrentar conductas ilícitas incurriendo en violaciones a la Constitución.
“No se puede combatir al delito cometiendo ilegalidades y mucho menos rompiendo el orden constitucional”, puntualizó.
Finalmente, indicó que el informe sobre la inasistencia de la gobernadora será presentado ante el Senado, donde se abrirá el debate correspondiente, en el marco de sus atribuciones.
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