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Legisladores panistas endurecen su postura y buscan llevar al gobernador de Sinaloa ante la Comisión Permanente para que aclare los señalamientos en su contra; el caso se instala como eje del debate político nacional.
La exigencia del coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comparezca ante la Comisión Permanente, confirma que el caso ha dejado de ser únicamente un asunto jurídico-diplomático para convertirse en una disputa política de alto nivel.
El planteamiento de Acción Nacional parte de un elemento clave: la afirmación de que existe una acusación formal en Estados Unidos. Bajo esa narrativa, el PAN busca posicionar el tema como un asunto de interés nacional que requiere explicaciones públicas inmediatas, no solo por la figura involucrada —un gobernador en funciones—, sino por las implicaciones institucionales que tendría una investigación de esta naturaleza.
Sin embargo, el fondo del debate no es solo si Rocha debe comparecer, sino qué facultades reales tiene la Comisión Permanente. Este órgano puede llamar a comparecer a funcionarios, pero no tiene capacidad coercitiva directa sobre un gobernador estatal. En términos prácticos, la solicitud del PAN tiene más peso político que jurídico: busca exhibir, presionar y obligar a una definición pública del caso.
Por su parte, la postura de la senadora Lilly Téllez eleva aún más el tono del discurso. Al felicitar a Estados Unidos por presentar cargos, introduce un elemento delicado en el debate: la validación de una acción extranjera frente a la actuación de las instituciones mexicanas. Esto abre una línea de confrontación no solo con el gobierno estatal, sino con el federal, al sugerir que la justicia en México es insuficiente o inoperante.
Ese punto es especialmente sensible. Mientras la oposición presiona con base en la acusación, el gobierno federal ha sostenido que no se puede actuar sin pruebas suficientes conforme a la legislación mexicana. Aquí se enfrentan dos lógicas: la política, que opera sobre percepciones y posicionamientos, y la jurídica, que requiere evidencia y debido proceso.
En términos políticos, el PAN busca capitalizar tres elementos:
Para Morena y sus aliados, el reto es distinto. Deben evitar que el caso escale como símbolo de corrupción o colusión, sin romper la línea de defensa basada en la presunción de inocencia y la soberanía nacional. Esto implica respaldar a Rocha sin asumir costos anticipados en caso de que surjan pruebas más contundentes.
En Sinaloa, el impacto de este intercambio político no es menor. La exigencia de comparecencia y las declaraciones desde el Senado alimentan la incertidumbre y pueden debilitar la percepción de gobernabilidad, incluso si el proceso legal no ha avanzado en México.
El caso entra así en una nueva etapa: ya no se trata solo de lo que ocurra en tribunales o en la relación bilateral con Estados Unidos, sino de cómo se libra la batalla política en el Congreso mexicano. La Comisión Permanente se perfila como el primer escenario donde se intentará convertir la acusación en un juicio público, aunque sin efectos legales inmediatos.
En este contexto, la clave será si la presión política logra traducirse en acciones institucionales concretas o si el caso se mantiene, por ahora, en el terreno de la confrontación discursiva.
