La Fiscalía General de la República afirma que no existen elementos probatorios suficientes y subraya el respeto al debido proceso, la sob...
La Fiscalía General de la República afirma que no existen elementos probatorios suficientes y subraya el respeto al debido proceso, la soberanía nacional y la presunción de inocencia
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República fijó postura respecto a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por autoridades de Estados Unidos, al advertir que no es viable proceder de manera inmediata debido a deficiencias probatorias y aspectos procedimentales.
A través de su vocero, Ulises Lara López, la institución señaló que la actuación del Estado mexicano se apegará estrictamente a la legalidad, la soberanía nacional y el respeto a la presunción de inocencia, en el contexto de los señalamientos que involucran a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía indicó que las solicitudes enviadas por el gobierno estadounidense no incluyen elementos probatorios suficientes que permitan sustentar los hechos señalados, por lo que no existe base legal en México para solicitar órdenes de aprehensión en este momento.
Asimismo, la dependencia federal señaló inconsistencias en el manejo de la información por parte de autoridades de Estados Unidos, al exponer que, pese a que los propios documentos establecen la confidencialidad del proceso, el caso fue divulgado públicamente, lo que contraviene acuerdos internacionales en la materia.
En su posicionamiento, la FGR también recordó que la legislación mexicana establece procedimientos específicos para actuar penalmente contra servidores públicos en funciones, como es el caso de un gobernador, lo que implica la necesidad de cumplir con los mecanismos legales correspondientes antes de cualquier acción judicial.
La institución informó que iniciará una investigación propia para recabar información y determinar si existen elementos que permitan avanzar conforme al marco jurídico nacional, reiterando que su actuación se regirá bajo el principio de respeto a los derechos y garantías de las personas involucradas.
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