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Las alianzas político-partidistas: el arte del poder compartido y el imperativo generacional

Analisis Carlos Alberto Corona León* Del pacto estratégico al realineamiento histórico; lecciones globales y el caso sinaloense ante el umbr...



Analisis

Carlos Alberto Corona León*

Del pacto estratégico al realineamiento histórico; lecciones globales y el caso sinaloense ante el umbral electoral de 2027 

Este ensayo analiza las alianzas político-partidistas desde una perspectiva comparada, examinando sus manifestaciones más relevantes en Europa, América Latina y Estados Unidos, para aterrizar el análisis en México y, de manera particular, en el Sinaloa de hoy, donde el ciclo electoral de 2027 plantea el imperativo de combinar inteligencia aliancista con renovación generacional como condición de viabilidad política. 

Introducción: la alianza como tecnología política 

En la historia del poder, pocas herramientas han demostrado ser tan determinantes, tan subestimadas y tan mal comprendidas como la alianza política. Se le trata, con frecuencia, como un recurso de última hora, como la admisión tácita de una debilidad que no se quiere nombrar. Y sin embargo, una lectura rigurosa de la historia política contemporánea demuestra exactamente lo contrario: las alianzas no son el síntoma de la derrota anticipada, sino el instrumento con el que las fuerzas políticas inteligentes construyen mayorías imposibles, rediseñan el mapa del poder y, en los mejores casos, transforman el curso de una nación. 

Una alianza política no es simplemente la suma aritmética de votos de dos o más partidos. Es, en su dimensión más profunda, un acuerdo sobre el poder: quién lo detenta, cómo se ejerce, qué se hace con él y, sobre todo, a quién representa. Cuando una alianza se construye sobre bases sólidas —identidad programática compartida, liderazgos complementarios y un proyecto de futuro reconocible para la ciudadanía— puede convertirse en una fuerza transformadora capaz de mover estructuras que parecían inamovibles. Cuando se construye únicamente sobre el cálculo electoral del momento, puede ganar una elección y perder la legitimidad en el mismo acto. 

Este ensayo analiza las alianzas político-partidistas desde una perspectiva comparada, rastreando sus manifestaciones más relevantes en Europa, América Latina y Estados Unidos, para después aterrizar el análisis en México y, de manera particular, en el Sinaloa de hoy, un estado donde las alianzas han sido determinantes en la reconfiguración del poder regional y donde el ciclo electoral de 2027 plantea desafíos que difícilmente podrán resolverse sin una comprensión profunda de esta lógica. Al mismo tiempo, este texto sostiene una tesis que va más allá del cálculo aliancista: en el Sinaloa político, como en buena parte del país, la eficacia de las alianzas dependerá cada vez más de su capacidad para incorporar figuras jóvenes emergentes que renueven el pacto político con una ciudadanía que ya no se reconoce en los rostros de siempre. 

— I — 

Europa: donde las alianzas gobiernan, no la excepción 

El laboratorio más rico para entender la lógica aliancista en democracias consolidadas es, sin duda, Europa Occidental. En los sistemas parlamentarios europeos, las alianzas no son un accidente político sino la regla estructural de gobierno. La razón es técnica antes que ideológica: los sistemas de representación proporcional, predominantes en la mayor parte del continente, producen parlamentos fragmentados donde ningún partido obtiene mayoría absoluta por sí solo. Gobernar, en ese contexto, exige negociar, ceder y construir. Alemania ofrece uno de los ejemplos más instructivos de esta dinámica. La República Federal ha sido gobernada, durante la mayor parte de su historia democrática de posguerra, por coaliciones que combinaron fuerzas ideológicamente distintas. La República Federal conoció su primera Gran Coalición en 1966 bajo el canciller Kurt Georg Kiesinger, que unió a la CDU/CSU y al SPD ante una crisis económica que ningún partido podía enfrentar solo. Décadas después, Angela Merkel replicó y consolidó ese modelo en tres de sus cuatro gobiernos. En todos esos casos rigió el llamado Koalitionsvertrag, el contrato de coalición, un documento negociado con precisión casi notarial que establece no solo los cargos que corresponde a cada partido, sino los compromisos programáticos concretos que la coalición asume frente a la ciudadanía. El modelo alemán demuestra que una alianza puede ser transparente, ordenada y productiva cuando existe voluntad de construir sobre bases institucionales sólidas y no sobre el reparto de cuotas opacas. 

El caso italiano ofrece, en contraste, una lección sobre los límites y los riesgos del aliancismo sin cultura institucional. Italia ha tenido más de sesenta gobiernos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos resultado de coaliciones inestables que colapsaron no por la presión de los adversarios sino por las tensiones internas entre aliados. La experiencia italiana demuestra que una alianza sin un proyecto compartido genuino es, en el mejor de los casos, un armisticio temporal. La irrupción de Giorgia Meloni y su coalición de derecha en 2022 ilustró, por otro lado, cómo una alianza construida con disciplina ideológica y liderazgo claro puede desplazar a estructuras establecidas durante décadas y reconfigurar completamente el mapa político de un país. España presenta una tercera variante particularmente relevante para el análisis latinoamericano. La política española de las últimas dos décadas ha estado marcada por la tensión entre bloques, donde la alianza no se construye solo entre partidos nacionales, sino que incorpora fuerzas regionalistas y nacionalistas cuyo apoyo resulta imprescindible para alcanzar mayorías parlamentarias. El gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por un mosaico de apoyos que incluye formaciones independentistas catalanas y vascas junto a partidos de izquierda radical, representa un experimento aliancista de alta complejidad que ha generado tanto estabilidad gubernamental como profundas tensiones territoriales. La lección española es clara: una alianza puede ser funcionalmente eficaz en términos electorales mientras genera, simultáneamente, costos de legitimidad que se acumulan y cobran factura en el mediano plazo. 

— II — 

América Latina: alianzas entre la necesidad y la transformación 

En América Latina, las alianzas político-partidistas han tenido una historia más convulsa, marcada por la volatilidad institucional, los personalismos dominantes y los ciclos de crisis que recurrentemente redibujaron los sistemas de partidos. Sin embargo, algunos casos ofrecen lecciones de extraordinaria riqueza sobre el potencial transformador de las alianzas cuando se construyen con inteligencia estratégica. 

Brasil es, posiblemente, el caso más paradigmático del aliancismo latinoamericano en todas sus dimensiones. El sistema político brasileño, con una fragmentación partidista de proporciones casi inmanejables, ha hecho de la negociación aliancista una condición de supervivencia para cualquier gobierno. Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los líderes políticos más influyentes de la historia reciente del continente, construyó su regreso al poder en 2022 sobre una alianza que habría resultado inconcebible una década antes: la unión del Partido de los Trabajadores con el exgobernador de São Paulo Geraldo Alckmin, un centrista moderado que había sido adversario histórico del PT al disputarle la segunda vuelta presidencial de 2006. Esta decisión, que desconcertó a muchos analistas y que generó resistencias internas profundas dentro del partido, resultó ser un movimiento de precisión estratégica extraordinaria. Lula comprendió que sin ampliar el perímetro de su coalición hacia el centro político, no podría derrotar a un adversario cuya base electoral, aunque minoritaria en términos nacionales, estaba profundamente movilizada. La alianza con Alckmin no fue una concesión ideológica; fue una operación quirúrgica de construcción de mayorías. 

Chile ofrece un ejemplo igualmente revelador, pero desde una perspectiva diferente. La victoria de Gabriel Boric en 2021 fue, en parte, el resultado de una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, dos fuerzas de izquierda que históricamente habían mantenido diferencias profundas. Lo notable del caso chileno no fue solo la alianza en sí, sino la figura que la encabezó: un líder joven, surgido del movimiento estudiantil, que representaba una ruptura generacional tan nítida con la clase política tradicional que su sola presencia redefinió el debate sobre qué significa gobernar de izquierda en el siglo XXI. Boric demostró que una alianza puede potenciarse exponencialmente cuando la figura que la representa encarna genuinamente una renovación y no simplemente una versión modernizada de lo mismo. 

Colombia, por su parte, vivió en 2022 una transformación histórica que no habría sido posible sin una alianza estratégicamente construida. Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y figura polarizante de la izquierda colombiana, había fracasado en intentos electorales previos entre otras razones por su incapacidad para ampliar su base más allá de su núcleo ideológico. La decisión de asociarse con Francia Márquez, líder afrodescendiente y defensora de derechos ambientales, fue mucho más que un cálculo de representación simbólica: fue la construcción de una narrativa política nueva que conectó con sectores urbanos jóvenes, comunidades rurales históricamente excluidas y una ciudadanía cansada de la política tradicional. La alianza Petro-Márquez produjo la primera victoria de la izquierda en la historia presidencial colombiana, en un país donde ese resultado parecía estructuralmente imposible apenas una década antes. 

Argentina, en su propio y tortuoso camino, ilustra tanto el poder como la fragilidad del aliancismo. La alianza Cambiemos, construida en 2015 bajo el liderazgo de Mauricio Macri, reunió fuerzas liberales, radicales y civiles que habían sido adversarios históricos bajo la lógica de desplazar al peronismo del poder. Lo logró. Sin embargo, la coalición demostró ser más eficaz para ganar que para gobernar, y sus tensiones internas contribuyeron al colapso electoral de 2019. El ciclo posterior condujo eventualmente al fenómeno Milei: la irrupción de un outsider que capitalizó el agotamiento ciudadano ante coaliciones percibidas como intercambiables en su incapacidad de resolver los problemas reales. Argentina es, en este sentido, un recordatorio de que las alianzas sin identidad programática clara pueden ganar elecciones y perder países. 

— III — 

Estados Unidos: el bipartidismo como alianza permanente 

El sistema político estadounidense presenta una variante particular del fenómeno aliancista que merece atención específica. El bipartidismo estructural, resultado de un sistema electoral de mayoría simple que penaliza a las terceras fuerzas, ha producido un modelo donde las alianzas no se dan principalmente entre partidos distintos sino al interior de cada partido, entre sus diferentes facciones. Los partidos Demócrata y Republicano son, en realidad, coaliciones internas de intereses, regiones, grupos sociales e ideologías que deben negociar permanentemente su convivencia. 

La historia reciente del Partido Demócrata ilustra esta dinámica con claridad. La alianza que llevó a Barack Obama a la presidencia en 2008 fue la construcción de una coalición intrapartidista entre el ala progresista representada por Obama y el establishment del partido personificado por Hillary Clinton. La decisión de Obama de incorporar a Joe Biden como compañero de fórmula fue precisamente una operación de consolidación aliancista: el senador veterano de Delaware aportaba lo que el candidato joven de Illinois carecía —experiencia institucional, conexiones en el Senado y credibilidad entre el electorado de clase trabajadora. La complementariedad como principio aliancista quedó demostrada con meridiana claridad. 

El ciclo Trump representó la captura del Partido Republicano por una facción que desplazó a la coalición tradicional del conservadurismo estadounidense. Lo que siguió fue un reordenamiento profundo de las alianzas internas de ambos partidos cuyos efectos siguen desarrollando sus consecuencias. La lección estadounidense, aplicable más allá de sus fronteras, es que en sistemas bipartidistas las alianzas no desaparecen; simplemente se desplazan al interior de las organizaciones. 

— IV — 

México: el mapa aliancista en transformación 

La historia política de México contemporáneo es, en gran medida, la historia de sus alianzas. Durante las siete décadas de hegemonía priista, el sistema de partido único operó como una alianza interna permanente entre el Estado, los sindicatos, los sectores empresariales afines y las organizaciones corporativas. No había partidos que aliarse porque no había competencia real; la alianza era el sistema mismo. La transición democrática iniciada formalmente en la década de los noventa introdujo la competencia real y con ella la necesidad de construir alianzas genuinas para alcanzar y mantener el poder. 

El año 2000 marcó el primer punto de inflexión. La victoria de Vicente Fox no fue exclusivamente el resultado de la fortaleza del Partido Acción Nacional: fue, en medida significativa, el producto de una alianza tácita entre el PAN y amplios sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y una parte del empresariado que ya no encontraba en el PRI una garantía de estabilidad sino un factor de riesgo. Fox ganó no solo porque su partido creció, sino porque construyó, conscientemente o no, una coalición social más amplia que su propia estructura partidista. 

El llamado Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto representó el experimento aliancista más ambicioso de la democracia mexicana hasta ese momento. La reunión del PRI, el PAN y el PRD en torno a una agenda de reformas estructurales fue un intento deliberado de reproducir, en el contexto mexicano, el modelo de los grandes acuerdos nacionales que en otros países habían permitido transformaciones profundas. El Pacto funcionó como mecanismo de gobernabilidad legislativa durante su periodo de vigencia, pero careció de la legitimidad social necesaria para sostenerse cuando las reformas comenzaron a generar resistencias y cuando los escándalos de corrupción erosionaron la credibilidad de sus protagonistas. La lección es precisa: una alianza entre élites políticas, sin anclaje ciudadano, es estructuralmente frágil aunque sea técnicamente eficaz. 

La irrupción de Andrés Manuel López Obrador y la construcción de Morena representó, paradójicamente, tanto una ruptura con la lógica aliancista tradicional como su confirmación en un nivel diferente. AMLO ganó la presidencia en 2018 con una mayoría que hizo prescindibles las alianzas formales. Pero Morena fue, desde su fundación, una alianza heterogénea entre izquierda social, sectores desplazados del PRD, ex priistas descontentos, movimientos populares y una ciudadanía amplia unida por el rechazo al sistema más que por una identidad programática homogénea. El bloque opositor, PANPRI-PRD reunidos en el Frente Amplio por México, intentó replicar el modelo aliancista precisamente cuando sus tres componentes atravesaban sus momentos de mayor debilidad histórica simultánea. El resultado electoral de 2024 demostró que una alianza de partidos desgastados, sin liderazgo renovador y sin narrativa creíble de futuro, es incapaz de movilizar la energía ciudadana necesaria para competir. 

— V — 

El Sinaloa que reescribe su historia a través de las alianzas 

El Sinaloa de hoy ocupa un lugar singular en el mapa político mexicano. Es un estado donde la historia ha demostrado, con una claridad casi pedagógica, que las alianzas no son accidentes electorales sino el instrumento mediante el cual se han producido los cambios políticos más profundos de su vida democrática reciente. 

Durante décadas, el Sinaloa priista fue territorio de hegemonía indiscutible. La estructura corporativa y la maquinaria territorial del PRI se reprodujeron con solidez en un estado donde la economía agropecuaria, el control de las organizaciones de productores y las redes de poder municipal creaban las condiciones para un dominio prácticamente incontestable. El PAN y el PRD existían como fuerzas testimoniales, con presencia en algunos municipios y con representación legislativa, pero sin capacidad real de disputar el poder estatal. 

La primera ruptura significativa llegó con la alianza que permitió el triunfo de Malova: la candidatura de Mario López Valdez, exsenador priista que compitió en 2010 al frente de la coalición PAN-PRD-Convergencia, representó exactamente el tipo de realineamiento aliancista capaz de fracturar una hegemonía que parecía inamovible. No fue solo la suma de votos de dos partidos; fue la confluencia de un perfil político reconocible, un momento de hartazgo ciudadano y una organización capaz de movilizar esa energía en las urnas. El resultado fue la primera alternancia real en la gubernatura sinaloense en muchas décadas. La historia le debe a ese momento una lectura más cuidadosa: el Sinaloa político no cambió porque el PRI se debilitó solo; cambió porque la alianza construyó una opción creíble. 

La llegada de Morena al gobierno del Sinaloa con Rubén Rocha Moya en 2021 representó un nuevo punto de quiebre: un académico y político con una larga trayectoria de izquierda —ex rector de la UAS, ex candidato del PRD y fundador del morenismo sinaloense— que derrotó con más de 20 puntos de ventaja a Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, arrebatando al tricolor el gobierno del estado que había recuperado tras el interregno de Malova. Nuevamente, la lógica aliancista resultó determinante. 

Lo que hace al caso Sinaloense particularmente fascinante para el análisis político es la velocidad con la que los posicionamientos se reconfiguran y la intensidad con la que los actores locales reproducen, en escala reducida, las dinámicas aliancistas que operan a nivel nacional. Las elecciones de 2027, que renovarán la gubernatura, presidentes municipales y diputados locales, se perfilan como un proceso donde la construcción de alianzas será la variable más determinante del resultado. Morena llega como fuerza dominante pero con la complejidad propia de un movimiento que debe gestionar sus tensiones internas y que enfrenta el desafío de renovarse sin perder cohesión. La oposición llega fragmentada, con el PRI en un proceso de redefinición identitaria que aún no produce un relato convincente y con el PAN buscando recuperar relevancia en un estado donde su presencia es históricamente secundaria. En ese escenario, las alianzas no serán un ingrediente más del proceso electoral; serán el elemento que lo defina. 

— VI — 

El factor generacional: cuando la alianza necesita una cara nueva 

Aquí reside el nudo más sugerente del análisis. Todas las grandes victorias aliancistas revisadas en este ensayo comparten, con distintos grados de intensidad, un elemento común que suele subvalorarse: la presencia de figuras que representan genuinamente una renovación generacional y que funcionan como catalizadores de la energía ciudadana que los partidos tradicionales ya no logran movilizar por sí solos. 

Boric en Chile no ganó solo porque la alianza izquierdista sumaba votos; ganó porque su figura encarnaba una ruptura con el lenguaje, los códigos y la forma de hacer política de una generación anterior. Obama no venció a la maquinaria republicana únicamente por la eficacia de su organización; venció porque representaba algo que millones de ciudadanos querían ver posible y que los candidatos convencionales eran incapaces de representar. Lula, paradójicamente, comprendió en su candidatura de retorno al poder en 2022 que necesitaba precisamente lo contrario: anclar su enorme experiencia con la credibilidad de un perfil que compensara lo que la fatiga acumulada de su propia figura ya no podía ofrecer solo. 

En el Sinaloa de hoy, esta dimensión generacional adquiere una urgencia particular. El estado tiene una población joven significativa, con una presencia universitaria relevante — la Universidad Autónoma de Sinaloa es una de las instituciones de educación superior más grandes del país— y con una ciudadanía que ha vivido de manera directa las consecuencias de décadas de política que no ha logrado resolver sus problemas estructurales: la violencia, la informalidad, la desigualdad territorial y la dependencia de ciclos económicos que no generan movilidad social sostenida. 

Los partidos políticos sinaloenses, tanto los que hoy gobiernan como los que aspiran a recuperar el poder, enfrentan un déficit de representación generacional que ninguna alianza táctica puede compensar si no se acompaña de una renovación real en los perfiles de liderazgo. Una alianza entre organizaciones políticas envejecidas, cuyos cuadros dirigentes llevan décadas circulando por los mismos cargos con los mismos discursos, puede funcionar como mecanismo de supervivencia electoral en el corto plazo, pero difícilmente puede generar el entusiasmo ciudadano que convierte una elección disputada en una victoria contundente. 

Las figuras jóvenes emergentes que el Sinaloa político necesita no son simplemente candidatos de nueva generación en términos cronológicos. Son perfiles que combinen tres características que el momento exige: legitimidad territorial, es decir, arraigo en comunidades específicas y reconocimiento construido desde la acción concreta y no desde la herencia política familiar; competencia técnica, la capacidad de hablar con autoridad sobre los problemas reales del estado —agua, seguridad, agricultura, urbanismo, educación— sin reducirlos a consignas ideológicas; y capacidad narrativa, la habilidad de conectar emocionalmente con una ciudadanía que cada vez más distingue entre el político que habla de ella y el político que habla con ella. 

La combinación de alianzas estratégicamente construidas con liderazgos jóvenes genuinamente renovadores no es solo una fórmula electoral: es la única respuesta coherente al agotamiento del modelo político que ha gobernado Sinaloa durante décadas. Los partidos que comprendan esta ecuación antes que sus competidores tendrán una ventaja estructural que ninguna maquinaria de votación podrá compensar. 

— VII — 

La alianza como contrato social, no como contrato electoral 

Hay una distinción fundamental que subyace a todo el análisis precedente y que merece ser explicitada con claridad, porque de ella depende la diferencia entre alianzas que transforman y alianzas que simplemente permutan el poder. 

Una alianza construida exclusivamente como contrato electoral —quién va en qué lugar de la boleta, qué cargos se distribuyen entre las organizaciones participantes, qué financiamiento se comparte— puede ser suficiente para ganar una elección. Pero una alianza construida como contrato social —qué proyecto de desarrollo se compromete, qué cambios concretos se ofrecen, cómo se rendirá cuentas del cumplimiento— es la única capaz de producir la legitimidad necesaria para gobernar con eficacia y para sostener la confianza ciudadana más allá del primer año de gestión. 

La historia latinoamericana está llena de alianzas electoralmente exitosas que se convirtieron en pesadillas de gobernabilidad porque sus componentes nunca acordaron otra cosa que la distribución del poder, no su ejercicio. México tiene sus propias versiones de este fenómeno, y el Sinaloa político no ha sido la excepción. Los acuerdos de reparto de candidaturas que se negocian en los meses previos a cada elección, con una minuciosidad casi contable en el reparto de distritos y posiciones, rara vez van acompañados de un acuerdo equivalente sobre las prioridades de gobierno, los criterios de toma de decisión o los mecanismos de rendición de cuentas interna. 

La maduración del aliancismo político en el Sinaloa de hoy y en México en general pasa, necesariamente, por elevar el nivel de exigencia sobre el contenido de los pactos. Una alianza seria debería poder responder con claridad a preguntas elementales: ¿Cuál es el proyecto de seguridad que comparte esta coalición? ¿Qué modelo de desarrollo económico regional defienden en común? ¿Cómo se van a distribuir no solo los cargos sino las responsabilidades de resultado? Si esas preguntas no tienen respuesta, no hay alianza: hay un acuerdo de reparto de botín con logotipos de partido. 

Las alianzas que definirán el mapa político del Sinaloa que viene no serán las que sumen más siglas partidistas, sino las que tengan la inteligencia de combinar experiencia con renovación, estructura con legitimidad social. 

Reflexión final: el tiempo de las alianzas valientes 

La política del Sinaloa de hoy y la de México en su conjunto se encuentran en un momento de singular tensión entre continuidad y renovación. Las fuerzas establecidas tienen la experiencia, la estructura y los recursos que se acumulan con el tiempo en el poder. Las nuevas generaciones tienen la energía, la legitimidad social y la capacidad de conectar con una ciudadanía que busca reconocerse en sus representantes. Ninguna de las dos dimensiones es suficiente por sí sola. 

Las alianzas que definirán el mapa político del Sinaloa que viene no serán las que sumen más siglas partidistas ni las que logren mejores acuerdos de distribución de candidaturas. Serán las que tengan la inteligencia de combinar experiencia con renovación, estructura con legitimidad social, y la capacidad de presentar ante la ciudadanía no solo una fórmula para ganar sino una respuesta coherente a la pregunta que toda democracia viva formula sin descanso: ¿para qué quieren el poder y qué van a hacer con él? 

La historia ha demostrado, en Alemania y en Chile, en Brasil y en Sinaloa, que las alianzas no son la política de los que no pueden ganar solos. Son la política de los que entienden que el poder verdadero no se construye en una sola fuerza sino en la capacidad de sumar voluntades alrededor de un proyecto que vale la pena defender. Ese es el desafío. Y el reloj electoral de Sinaloa ya está en marcha. 

* Abogado, empresario y analista de asuntos públicos.


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