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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por delitos de drogas y armas contra el gobernador de Sinaloa y funcionarios de alto nivel; el mandatario rechaza las acusaciones
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
De acuerdo con la acusación dada a conocer por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de enfrentar cargos relacionados con el uso y posesión de armas de alto poder
Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían facilitado las operaciones del grupo criminal mediante el uso de sus cargos públicos, proporcionando información confidencial, protección institucional y permitiendo el traslado de cargamentos ilícitos.
Entre los acusados también se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exfuncionarios de seguridad y mandos policiales del estado, quienes enfrentarían penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de los delitos imputados.
La investigación señala además que algunos de los funcionarios habrían recibido pagos periódicos por parte del cártel a cambio de protección y filtración de operativos, así como participación indirecta en actos de violencia vinculados a la organización criminal.
En el caso específico del gobernador, la acusación refiere que su llegada al poder en 2021 habría sido favorecida por el grupo criminal mediante actos de intimidación contra adversarios políticos, además de presuntos acuerdos posteriores para permitir la operación del cártel en la entidad.
El caso forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno estadounidense contra redes de narcotráfico con presuntos vínculos en estructuras políticas, y podría derivar en solicitudes de extradición hacia México para los implicados.
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