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La iniciativa plantea topes al presupuesto del Congreso, nueva integración de ayuntamientos y refuerza principios de paridad e igualdad sustantiva
Culiacán, Sinaloa.— El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por Víctor Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz Quiñónez, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa con el objetivo de armonizar el marco legal local con los cambios aprobados a nivel federal en materia electoral, fortaleciendo la eficiencia institucional, la equidad en la representación y la disciplina en el uso de recursos públicos.
La propuesta contempla modificaciones a diversos artículos de la Constitución estatal, entre ellos el 25 Bis, el 112 y el 117, así como adiciones y derogaciones orientadas a alinear las normas locales con la reforma electoral aprobada el pasado 8 de abril de 2026 por la Cámara de Diputados.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es establecer un tope al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no deberá exceder el 0.70 por ciento del total del presupuesto de egresos de Sinaloa. La medida busca fortalecer criterios de austeridad y responsabilidad financiera, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos sin afectar las funciones legislativas.
Asimismo, se propone transformar la integración de los ayuntamientos mediante un criterio poblacional, en sustitución de los esquemas tradicionales. Con ello, se busca lograr una representación más proporcional de la ciudadanía en los cabildos municipales, además de establecer un límite máximo de quince regidurías por municipio, en concordancia con lo dispuesto en la reforma federal.
La iniciativa también incorpora de manera explícita principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, en línea con los estándares nacionales en materia de derechos políticos.
Los legisladores del Partido Sinaloense señalaron que esta propuesta no solo atiende la obligación de armonización constitucional, sino que abre la puerta a la modernización del sistema político en la entidad, con reglas más claras, equitativas y orientadas a fortalecer la representación ciudadana.
De avanzar en el proceso legislativo, la reforma representaría un ajuste estructural relevante en la organización institucional de Sinaloa, con implicaciones directas en el funcionamiento del Congreso y de los gobiernos municipales.
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