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El legislador federal presentó un exhorto para endurecer la supervisión de clínicas y tratamientos intravenosos, luego del fallecimiento de seis personas en Hermosillo.
México.- Ante la emergencia sanitaria registrada en el estado de Sonora, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS a reforzar de manera inmediata la vigilancia y regulación de establecimientos que ofrecen tratamientos de hidratación y vitaminación intravenosa.
La propuesta surge tras los hechos ocurridos en Hermosillo, donde autoridades confirmaron la muerte de seis personas y al menos nueve más afectadas, luego de recibir supuestos “sueros vitaminados” en un establecimiento privado.
El legislador calificó el caso como una señal de alerta a nivel nacional, al evidenciar fallas en la supervisión sanitaria y la operación de negocios que ofrecen procedimientos médicos sin la debida certificación ni garantías de seguridad.
Zamora Gastélum advirtió que actualmente existen establecimientos que operan bajo promesas engañosas, sin que los usuarios tengan certeza sobre las sustancias administradas ni sobre la capacitación del personal que realiza estos procedimientos, lo que derivó en afectaciones graves a la salud de los pacientes.
El exhorto plantea reforzar las verificaciones sanitarias para clausurar negocios irregulares, auditar permisos y certificaciones del personal, investigar el uso de sustancias no autorizadas, transparentar la información sobre las causas de los casos registrados en Sonora y analizar la creación de un registro nacional obligatorio de tratamientos intravenosos que garantice la trazabilidad de los insumos.
El diputado subrayó que el derecho a la protección de la salud implica la obligación del Estado de garantizar servicios médicos seguros y éticos, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Asimismo, destacó que la transparencia será clave para que la ciudadanía identifique riesgos y para que las familias afectadas puedan acceder a la justicia tras lo ocurrido.
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