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Legisladores destacan enfoque en víctimas, consentimiento y cierre de espacios de impunidad
Culiacán, Sinaloa.- Durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, manifestó su respaldo al dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal de Sinaloa en materia de abuso sexual, al considerar urgente fortalecer el marco legal ante la magnitud de este problema.
La legisladora señaló que el marco jurídico vigente resulta insuficiente frente a la realidad de la violencia sexual, al advertir que una gran proporción de los casos no se denuncia y solo una mínima parte concluye en sentencias, lo que refleja altos niveles de impunidad.
Explicó que la reforma se alinea con el modelo nacional vigente, incorporando el consentimiento como eje central del delito, además de establecer criterios claros para su invalidez en contextos de violencia, intimidación, engaño o abuso de poder.
Asimismo, detalló que el dictamen amplía la definición de abuso sexual para incluir cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, tanto en el ámbito público como privado, e incorpora agravantes que incrementan las sanciones cuando existen relaciones de poder, como en entornos familiares, laborales o educativos, o cuando intervienen servidores públicos.
Por su parte, el diputado Hólincer Castro Marañón, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que esta reforma representa una respuesta a una problemática histórica que ha afectado principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan obstáculos para denunciar.
Indicó que el dictamen integra diversas iniciativas con el objetivo de robustecer la legislación penal estatal y mejorar la respuesta institucional, colocando a las víctimas en el centro del sistema de justicia y reduciendo barreras como el miedo, la desconfianza y la revictimización.
Ambos legisladores coincidieron en que la aprobación de este dictamen representa un paso importante para fortalecer el acceso a la justicia y proteger la dignidad, la libertad y la integridad de las personas en Sinaloa.
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