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La diputada federal destaca que los cambios legales fortalecen la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la transparencia en el uso de recursos públicos
Ciudad de México.– Graciela Domínguez Nava destacó la aprobación de reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, orientadas a combatir la corrupción y establecer un esquema de fiscalización en tiempo real en el país.
La legisladora federal subrayó que con estos cambios se deja atrás el modelo de auditorías tardías, dando paso a mecanismos que permitirán detectar irregularidades de manera inmediata y actuar con mayor eficacia. Señaló que se trata de herramientas clave para evitar que las faltas administrativas queden sin sanción durante largos periodos.
Indicó que entre los avances más relevantes se encuentra la creación de un Registro de Información y Datos sobre recursos federales, que obligará a las instituciones a capturar información estandarizada, incluyendo a los beneficiarios finales del gasto, lo que permitirá una mayor trazabilidad en el uso del dinero público.
Asimismo, explicó que las reformas establecen con claridad que las faltas graves podrán investigarse de inmediato, sin depender de ciclos administrativos que anteriormente retrasaban la rendición de cuentas y favorecían la opacidad.
Domínguez Nava resaltó también el fortalecimiento de la participación ciudadana, al facilitar la presentación de denuncias desde cualquier punto del país mediante canales más accesibles. Consideró que este elemento representa un paso importante para involucrar a la sociedad en la vigilancia del ejercicio público.
Enfatizó que estas reformas buscan eliminar prácticas que históricamente han obstaculizado la transparencia, al tiempo que fortalecen las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación para actuar con mayor rapidez, eficacia y autonomía.
La diputada sostuvo que el combate a la corrupción debe asumirse como un compromiso ético con la ciudadanía, ya que el correcto uso de los recursos públicos está directamente vinculado al bienestar social.
Agregó que uno de los principales avances es la incorporación de herramientas tecnológicas que permitirán una fiscalización más ágil, transparente y con cobertura nacional, contribuyendo a cerrar espacios a la impunidad.
Finalmente, señaló que estas reformas representan un paso en la construcción de un modelo de gobierno donde el uso del dinero público esté sujeto a mayor vigilancia y responsabilidad, con el objetivo de que los recursos se traduzcan en beneficios reales para la población.
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