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En la raya.
José Luis López Duarte
Desde octubre de 2025, México ha sido testigo de una profunda crisis en el sector agropecuario y del transporte que hoy se manifiesta con un paro nacional contundente. Agricultores y transportistas de 22 estados del país colapsaron el sistema carretero con bloqueos y manifestaciones que no solo demandan justicia y atención, sino que evidencian la incapacidad del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para responder a las necesidades urgentes de estos sectores estratégicos.
El movimiento no nace de la noche a la mañana. En octubre pasado, ya se había planteado al gobierno una exigencia clara: garantizar precios rentables para la agricultura y seguridad para los transportistas. La promesa incumplida llevó a que en enero pasado se anunciara la continuidad del movimiento y este 6 de abril se materializara, a pesar del boicot orquestado desde hace más de diez días por el gobierno federal. Este boicot, siguiendo las prácticas de los gobiernos de la 4T, intentó desmovilizar a los estados mediante acuerdos engañosos, como los compromisos de pago a productores de frijol y maíz.
Un caso emblemático es Zacatecas, donde se anunció una soberanía alimentaria en frijol que dista mucho de la realidad: la supuesta producción de un millón 200,000 toneladas no cubre ni una fracción del consumo nacional promedio, que ronda las ocho millones. Además, se prometió la liquidación de maíz a más de 32,000 productores en cinco estados con una cifra de 1,900 millones de pesos, un monto que en múltiples ocasiones ha quedado en promesas incumplidas, como el ejemplo de Sinaloa, donde desde hace dos años los pagos a más de 2,000 productores están pendientes.
La falta de medidas concretas —que no solo incluyan apoyos puntuales, sino que establezcan un precio garantía rentable— profundiza la crisis. Los insumos básicos, como fertilizantes y diésel, mantienen precios elevados sin ningún control estatal. Tampoco existen regulaciones efectivas sobre las importaciones, lo que genera saturación de los granos en bodegas industriales, especialmente maíz, cuyo precio ha caído significativamente en Estados Unidos mientras aquí reina la incertidumbre. Los diálogos gubernamentales se han tornado en meras promesas sin acción real, situándonos en un escenario de desgaste económico y social palpable.
Por otro lado, la situación de los transportistas es crítica. Los esfuerzos contra el crimen organizado han provocado un aumento en la violencia territorial, haciendo que el cobro de piso, los robos y secuestros sean una amenaza constante. La complicidad de algunos cuerpos de seguridad con delincuentes agrava aún más este ambiente hostil, creando un círculo vicioso de inseguridad y desprotección. Todo esto en un contexto en el que los gobiernos de la 4T agotan sus fondos públicos y deben recurrir cada vez más al endeudamiento.
El actual panorama revela un gobierno fracturado, incapaz de aunar esfuerzos entre la federación y los estados. Se vive una suerte de torre de Babel política donde las promesas vacías sustituyen las soluciones reales. El diagnóstico presentado recientemente por el secretario de Hacienda, que prevé un crecimiento nacional de apenas 2%, contrasta con el rendimiento promedio anual del 1% que ha caracterizado a la 4T en siete años, reflejando un estancamiento preocupante.
Frente a esta realidad, 700 sinaloenses alzaron la voz la semana pasada con un desplegado de apoyo total al paro nacional. Este movimiento es más que una protesta: es un llamado político nacional contra el fracaso y la inacción gubernamental. Los ciudadanos no pueden ni deben permanecer indiferentes ante los riesgos de una debacle mayor que se cierne sobre el país, máxime cuando se preparan elecciones críticas para 2027 y la administración actual insiste en su ruta sin escuchar ni corregir el rumbo.
Respaldar este movimiento implica hacerlo sin cortapisas ni pretextos políticos, rechazando encubrimientos que, por mínimas que parezcan, sólo aumentan la desconfianza ciudadana. El país está en una encrucijada; algo se debe y se tiene que hacer para evitar que la crisis general siga profundizándose y ponga en jaque el futuro de millones de mexicanos. La oportunidad está en actuar ahora, con valentía y responsabilidad, reconociendo la urgencia de cambiar el modelo antes de que sea demasiado tarde.
