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Legisladores confrontan visiones entre fortalecimiento del Estado y efectos en la economía familiar
Culiacán, Sinaloa.- La soberanía energética en México fue tema de debate durante la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, donde diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas contrastaron posturas sobre los resultados y el rumbo de la política energética en el país.
El diputado Juan Diego Aranzubia Iturrios, del Partido Verde Ecologista de México, abrió la discusión al señalar que administraciones pasadas debilitaron el sector energético nacional, provocando una mayor dependencia del extranjero. Sostuvo que las decisiones recientes han permitido recuperar capacidades estratégicas del Estado, fortalecer a Petróleos Mexicanos y garantizar el abasto de combustibles, incluso en un entorno internacional marcado por conflictos y alza de precios.
En contraparte, el diputado Jorge Antonio González Flores, del Partido Acción Nacional, cuestionó la efectividad del discurso de soberanía energética, al considerar que no responde a las necesidades inmediatas de la población. Indicó que el aumento en el costo de vida, especialmente en combustibles, alimentos y servicios, evidencia una brecha entre la narrativa oficial y la realidad económica de las familias.
Desde el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles también expresó reservas, al advertir sobre la viabilidad de proyectos estratégicos en materia de refinación y los costos económicos y sociales que estos han implicado. Subrayó que los precios de los energéticos continúan representando una carga significativa para la ciudadanía.
En defensa de la política energética actual, la diputada Tere Guerra Ochoa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, reconoció los desafíos, pero señaló que deben analizarse en un contexto global de tensiones internacionales que han impactado el costo de los energéticos. Destacó que, frente a este escenario, se han impulsado políticas para fortalecer los ingresos familiares, reducir la desigualdad y mitigar los efectos económicos adversos.
El intercambio reflejó las diferencias de enfoque entre las fuerzas políticas sobre el papel del Estado en el sector energético y su impacto en la economía nacional.
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