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La presidenta de México consideró acertada la salida de la consejera presidenta del organismo electoral, pero advirtió que deben investigarse los posibles conflictos de interés, abusos y privilegios; también rechazó los ataques personales contra la exfuncionaria.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró acertada la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y planteó la necesidad de realizar una auditoría para esclarecer los señalamientos relacionados con posibles conflictos de interés, irregularidades administrativas y manejo de recursos públicos dentro del organismo.
Durante su conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, la mandataria federal sostuvo que la salida de Taddei no debe impedir que se revisen las decisiones administrativas tomadas durante su gestión, particularmente aquellas que han generado cuestionamientos sobre el uso del presupuesto y los posibles privilegios dentro de la institución electoral.
“Tiene que haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios”, expresó Sheinbaum al referirse a los señalamientos que han acompañado la salida de la consejera presidenta, aunque dejó claro que cualquier posible irregularidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes y no a partir de acusaciones públicas.
La presidenta también descartó que la renuncia provoque un vacío institucional en el INE, al señalar que la legislación establece los mecanismos para designar a quien ocupará la presidencia del organismo. En ese sentido, sostuvo que la continuidad de las funciones electorales debe garantizarse independientemente de los cambios en su conducción.
El pronunciamiento ocurre en un momento relevante para la organización de las elecciones de 2027, cuando el INE deberá coordinar sus responsabilidades nacionales con los organismos públicos locales electorales, en un proceso que implicará importantes tareas operativas, administrativas y presupuestales.
Otro de los temas abordados por Sheinbaum fue la propuesta de presupuesto del INE para 2027, la cual consideró excesiva. La mandataria señaló que corresponderá al Congreso de la Unión analizar las necesidades financieras del instituto y determinar los ajustes pertinentes, tomando en cuenta las obligaciones constitucionales del organismo y el uso responsable de los recursos públicos.
Como referencia para ese análisis, planteó revisar el gasto ejercido durante el proceso electoral de 2024 y actualizarlo conforme a la inflación, con el propósito de establecer una asignación que permita desarrollar las actividades electorales sin incurrir en gastos que considere injustificados.
La discusión presupuestal se presenta en medio de los preparativos para los comicios de 2027, por lo que cualquier modificación deberá considerar las necesidades operativas de la autoridad electoral, la capacitación del personal, la instalación de casillas, la organización de las votaciones y los mecanismos de fiscalización de los recursos destinados a los partidos políticos.
En otro momento de su intervención, Sheinbaum rechazó las burlas y los ataques dirigidos contra la vida personal de Guadalupe Taddei, los cuales calificó como expresiones machistas que no contribuyen al esclarecimiento de los señalamientos administrativos.
La presidenta distinguió entre la obligación de investigar posibles irregularidades en el ejercicio de una responsabilidad pública y los ataques personales contra una mujer, al considerar que la exigencia de rendición de cuentas no debe convertirse en un mecanismo de descalificación o linchamiento.
La renuncia de Taddei abre ahora un proceso de relevo en la conducción del INE, al tiempo que coloca sobre la mesa dos asuntos de especial importancia: la revisión del manejo de los recursos institucionales y la definición del presupuesto con el que se organizarán las próximas elecciones.
El desafío para el organismo electoral será mantener la continuidad de sus funciones y la confianza pública mientras se resuelve su nueva presidencia, se esclarecen los señalamientos administrativos y se determina el financiamiento necesario para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
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