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La diputada del PAN advirtió que los cambios anunciados generan incertidumbre entre quienes han realizado aportaciones para mejorar su pensión y pidió revisar la legalidad de las medidas antes de modificar las condiciones de retiro.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Roxana Rubio Valdez, cuestionó las restricciones anunciadas en torno a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al considerar que cualquier modificación a los mecanismos de cotización debe garantizar certeza jurídica a los trabajadores que durante años han realizado aportaciones para mejorar sus condiciones de jubilación.
La legisladora sostuvo que las decisiones relacionadas con el sistema de pensiones no deben adoptarse unilateralmente ni afectar a quienes han utilizado los mecanismos de seguridad social conforme a las disposiciones aplicables.
Su posicionamiento surge en medio de la discusión sobre posibles ajustes a la Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, un esquema que permite a determinados asegurados continuar cotizando al IMSS mediante aportaciones propias después de dejar una relación laboral formal.
Rubio Valdez señaló que la incertidumbre afecta particularmente a quienes han organizado sus finanzas personales y sus planes de retiro tomando como referencia las condiciones bajo las cuales comenzaron a realizar sus aportaciones.
“Estamos hablando del dinero y del futuro de miles de familias. No es justo que una persona que ha trabajado durante años, que ha hecho sus aportaciones y que está planeando su retiro, ahora tenga que enfrentar incertidumbre por decisiones tomadas desde el Gobierno federal”, expresó.
La diputada panista reconoció la necesidad de investigar posibles irregularidades relacionadas con los esquemas de pensiones, pero consideró que las medidas correctivas deben dirigirse específicamente a los casos en los que se acrediten incumplimientos o conductas ilegales.
En ese sentido, cuestionó que las restricciones puedan alcanzar a trabajadores que han cumplido con sus obligaciones y realizado aportaciones conforme a las reglas correspondientes.
“Si hay irregularidades, que se investiguen y que se castigue a quien haya cometido algún delito. Pero no pueden poner a todos en el mismo costal ni perjudicar a quienes han cumplido. Morena debe explicar por qué los trabajadores tienen que pagar las consecuencias de sus decisiones”, sostuvo.
Rubio Valdez también pidió revisar la legalidad de cualquier medida que pudiera modificar las condiciones de acceso o cálculo de las pensiones, así como garantizar que las decisiones se comuniquen con claridad a los asegurados.
Consideró necesario que los eventuales cambios se analicen mediante procedimientos transparentes y dentro del marco jurídico correspondiente, especialmente cuando puedan tener consecuencias sobre los derechos y las expectativas de retiro de los trabajadores.
La legisladora expresó además su preocupación por la posibilidad de que las restricciones sean incorporadas a la legislación, escenario que, de acuerdo con su posicionamiento, mantiene abiertas las dudas entre quienes actualmente utilizan la Modalidad 40.
Hasta el momento, las declaraciones difundidas por la diputada no detallan las disposiciones específicas que considera restrictivas ni identifican una iniciativa legislativa concreta, por lo que será necesario distinguir entre los ajustes administrativos, las interpretaciones de las reglas vigentes y las eventuales reformas legales.
“Una pensión no es un regalo del Gobierno, es el resultado de años de trabajo y de aportaciones. Las personas tienen derecho a exigir que se respeten las reglas y a recibir información clara sobre lo que va a pasar con su retiro”, afirmó.
La discusión sobre la Modalidad 40 ha colocado nuevamente en el debate público la necesidad de equilibrar la vigilancia de los recursos del sistema de seguridad social con la protección de los derechos de los asegurados.
Para Roxana Rubio, cualquier modificación debe ofrecer claridad sobre sus alcances y evitar que la incertidumbre se traslade a quienes se encuentran próximos a concluir su vida laboral.
El señalamiento de la legisladora se centra en una exigencia: que las autoridades expliquen las medidas, precisen a quiénes afectarían y garanticen que las decisiones sobre las pensiones se adopten conforme a la ley.
Como contexto, el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS fue publicado el 21 de octubre y entró en vigor el día 22. Las medidas establecen límites al salario de cotización para nuevas incorporaciones, eliminan los registros retroactivos y mantienen las condiciones de quienes ya estaban inscritos hasta concluir su periodo contratado. El Instituto sostiene que busca prevenir irregularidades y revisar la sostenibilidad financiera del esquema.
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