El gobernador de Sinaloa encabezó el grupo de trabajo de la Conago donde se tomaron diversos acuerdos. Chihuahua, Chihuahu...
- El gobernador de Sinaloa encabezó el grupo de trabajo de la Conago donde se tomaron diversos acuerdos.
Chihuahua, Chihuahua, a 11 de julio del 2011.- Proponer ante la Federación la creación de un fondo de apoyo financiero para los sistemas penitenciarios de los estados, la transferencia de reos que purgan condenas o procesos del orden federal a penales de mayor seguridad, revisar los llamados montos de socorro de ley y celebrar convenios con empresas para reinsertar en la vida laboral a los ex presidiarios, fueron algunos de los acuerdos tomados por los gobernadores de todo el país, al seno de la Convención Nacional de Seguridad Pública de la Conago celebrada en la capital de Chihuahua.
A estos acuerdos específicos se llegaron en la mesa de trabajo denominada “Sistema Penitenciario Nacional”, que estuvo presida por el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, y cuyos resultados fueron presentados ante el pleno de la Convención, con la asistencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el comisionado nacional de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas Rosas, teniendo como anfitrión al gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
En este marco, el gobernador Mario López Valdez cuestionó que el sistema penitenciario es el último en importancia a la hora de asignar los presupuestos. “Quiero decirles que la visión integral que tenemos en el concepto de seguridad pública, que comprende las funciones de prevención, de procuración y administración de justicia, considera la reinserción social como el último eslabón que lamentablemente también ha ocupado en las prioridades específicas de las políticas públicas en la materia”, puntualizó.
Consideró que en el sistema penitenciario se encuentra uno de los problemas más graves de la crisis de seguridad del país, pues persisten rezagos en profesionalización, equipamiento, tecnología e infraestructura física.
López Valdez advirtió que esta situación propicia otras condiciones precarias y deficientes, como la sobrepoblación, la corrupción, violencia y la afectación de los procedimientos de reinserción social de quienes pagaron su deuda con la sociedad.
Por ello, los gobernadores del Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Chihuahua, Durango y Sinaloa acordaron 11 puntos específicos, y el primero de ellos es revalorar la función fundamental que compete a las instancias del sistema penitenciario nacional para la seguridad y estabilidad de la nación, toda vez que históricamente han sido la vertiente de la seguridad pública que menor apoyo ha recibido por parte del Estado mexicano.
Segundo, gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la creación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del ejercicio 2012, de un fondo para el sistema penitenciario de las entidades federativas.
Tercero, continuar con el traslado de los reos federales a los CEFERESOS y también los reos de alta peligrosidad del fuero común; cuarto, revisar los criterios que determinan los montos del socorro de ley y en su caso solicitar apoyos financieros adicionales para la manutención de los internos federales.
Quinto, convenir con las fuerzas federales colaboración temporal en actividades de vigilancia perimetral y control de aduana en aquellos centros que se encuentran en situación crítica o de riesgo; sexto, crear en cada entidad federativa una instancia administrativa responsable del seguimiento de los sentenciados liberados, a efecto de promover y supervisar su reinserción productiva a la comunidad.
Séptimo, establecer convenios con las cámaras industriales, empresariales y de servicios locales, con el objetivo de identificar espacios laborales, como bolsas de trabajo, para las personas que cumplieron condenas y desarrollaron competencias técnicas.
Octavo, identificar en las dependencias estatales y municipales empleos administrativos o manuales, susceptibles de ser desarrollados por quienes fueron sentenciados penalmente sin que esto último sea motivo de exclusión.
Noveno, instrumentar un protocolo nacional para el tratamiento y la atención de las adicciones en la población penitenciaria; décimo, proponer a los Poderes Judiciales de los estados reformas al marco jurídico correspondiente a efecto de atribuir a los jueces penales y de ejecución, prórroga de la competencia en todo el territorio estatal.
Por último, el acuerdo número 11 establece celebrar en el mes de septiembre en Sinaloa un encuentro nacional con invitados internacionales para analizar los retos y perspectivas del sistema penitenciario, a fin de revisar las mejores prácticas en la materia que permitan definir políticas estratégicas, mismas que se someterán al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En total se instalaron siete mesas temáticas, donde se abordaron en cada una de ellas temas específicos, y una de las conclusiones más importantes que se presentaron al final fue exhortar a los Poderes Legislativos de los estados a realizar reformas de ley, para tipificar el narcomenudeo como delito del Fuero Común, a fin de que pueda ser atacado por la esfera estatal.
De igual manera, se acordó actualizar los protocolos de exámenes de control de confianza, para hacerlos más ágiles, y de esta manera se pueda incrementar el reclutamiento de nuevos policías.
Asimismo, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, instalar filtros estratégicos en las fronteras norte y sur del país, para impedir el tráfico de armas y personas; también se acordó que el Subsemun, que son partidas financieras que se destinan a los estados y municipios, deje de ser un subsidio, y se establezca como programa permanente.
Los gobernadores además acordaron revisar los criterios para el diseño de las fórmulas de distribución de recursos destinados a seguridad pública hacia las entidades federativas.
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