Juan Ernesto Millán sostiene que se puede armonizar la protección efectiva del medio ambiente con la atracción de capitales para la in...
Juan Ernesto Millán sostiene que se puede armonizar la protección efectiva del medio ambiente con la atracción de capitales para la inversión y creación de empleos
El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), está impulsando en forma seria y vigorosa la urgente e impostergable necesidad de actualizar y modernizar las leyes ecológicas, con un nivel óptimo de aplicabilidad, para armonizar la protección efectiva del medio ambiente con la atracción de capitales para la inversión y creación de empleos.
El titular de SEDESHU, Juan Ernesto Millán Pietsch, dijo que la vigente Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es obsoleta en muchos aspectos ya que desde el 4 de agosto de 1993 no ha sido revisada ni modificada, y actualmente se hace necesario también una legislación específica para las zonas costeras y marinas en México, entre otros puntos para fortalecer el marco jurídico ambiental.
Al finalizar la reunión del Comité Organizador del Tercer Taller de Dunas Costeras y Humedales, Millán Pietsch comentó que el gobernador Mario López Valdez ha expresado su preocupación por agilizar éste trabajo legislativo que se lleva a cabo con la coordinación del Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Martín Meza Ortiz, y la participación de diversos organismos e instituciones públicas, académicas y no gubernamentales.
“Al Ejecutivo Estatal le interesa tener normas modernas en el ámbito ambiental, y lo ha dicho con frecuencia: ‘Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca’”, dijo.
“Las contingencias climáticas –expresó- que ha sufrido Sinaloa son prueba de ello, primero las heladas y ahora la sequía. La naturaleza está pasando la factura por los persistentes daños que se le han hecho a los recursos naturales del estado. Por eso es importante reflexionar sobre el tema”.
Afirmó que la falta de actualización de la legislación lleva a las comunidades a presentar una serie de daños ecológicos por la simple necesidad de subsistir. Lamentablemente, muchas veces, el tema ecológico no se conoce, no se aborda y no se siente relación con él.
Actualizar la legislación ecológica, generar un marco jurídico acorde con la realidad y que no se contraponga con otras disposiciones federales, traerá en el corto plazo beneficios ambientales y económicos. “El hombre debe adoptar modelos de vida y de negocios que no ocasionen conflictos con el medio ambiente”, advirtió.
“Se trata –precisó- de cuidar lo que tenemos y fortalecer la economía y el desarrollo humano de las familias sinaloenses para mejorar su calidad de vida”.
El diputado Gerardo Ponce Morales, presidente de la Comisión de Ecología de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, destacó que se ha trabajado sin descanso en la celebración de Foros de Análisis y Discusión para la Elaboración de una nueva ley ecológica que sea aliada para la conservación del medio ambiente en el Estado y los municipios, así como ahora la participación en el taller nacional para la creación de un documento jurídico para la protección de las zonas marítimas.
En este sentido, explicó que es preocupante la contaminación por residuos tóxicos en las playas, sobre todo en áreas federales, por lo que se debe analizar la metodología que actualmente se realiza para el impacto ambiental en los asentamientos humanos o proyectos turísticos que surgen sin ser debidamente revisados y que luego repercuten en los ecosistemas y la biodiversidad.
“Es necesario crear una Secretaría y una Procuraduría del Medio Ambiente en Sinaloa para sancionar e institucionalizar la obligatoriedad de respetar la ecología. Los proyectos deben ser sustentables, sin afectar lo que son las costas y los bosques”, dijo.
“Debemos –expresó- crear conciencia en las personas que viven en zonas lacustres o a la orilla de la playa porque por un lado el hombre contamina y por el otro, el mar se ha ido tragando parte de la tierra que tenemos en las costas. Por eso tenemos que hacer disposiciones para no contaminar y construir asentamientos humanos por capricho”.
Subrayó que tanto el Gobierno del Estado como los Municipios, no sólo en Sinaloa sino en todo México, deben tener sus reglamentos para que los análisis de impacto ambiental previo a la creación de un asentamiento sean bien consensuados y construidos.
Respecto al III Taller Dunas Costeras y Humedales, que se celebrará del 12 al 14 de octubre de 2011 en Sinaloa, puntualizó que no es un evento de membrete sino que los trabajos que se deriven del mismo serán llevados a la práctica de manera seria pues se están llevando a cabo estudios socioeconómicos y ambientales. “Estamos contra la extinción de las especies pero no en contra de la creación de empleos”, comentó.
Dijo que hay veces que hacen proyectos que no dejan ni siquiera que la gente de los ejidos y las sindicaturas se asomen y no se trata de eso. “Un proyecto debe ser sustentable y debe beneficiar a las comunidades donde se lleva a cabo”, abundó.
La Dra. María del Carmen Carmona Lara, Coordinadora del Departamento de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que Sinaloa tiene el desafío de adaptar instituciones jurídicas añejas al presente en materia de prevención y control de contaminación pues la ley vigente no fue prevista para regular problemas ecológicos de la vida moderna tales como, incluso, el riesgo nuclear.
Expresó que el desarrollo sustentable es una mejor opción para Sinaloa que solamente una Ley para el ambiente.
Subrayó que los retos para el análisis de la Ley y su reforma, armonización y actualización son grandes principios: legalidad, prevención, precautoriedad, concurrencia.
“Quien contamina paga, restaura e indemniza. Para hacer valer todos los derechos, el derecho ambiental tiene tres accesos: a la justicia, a la información y a la toma de decisiones, lo cual genera responsabilidad ambiental administrativa, penal y civil. En México y en Sinaloa sólo se tiene la administrativa”, explicó.
La también Investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y catedrática experta en Derecho Ambiental, explicó que en el caso de Sinaloa se deben revisar a fondo las reformas constitucionales a los artículos 26 y 17, y el nuevo Artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
“Se necesita –precisó- revisar la legislación de Sinaloa para armonizar sus disposiciones con los principios incorporados en la Constitución, las leyes y las instituciones, con la finalidad de que haya un cumplimiento efectivo de la Ley, seguridad jurídica, desarrollo sustentable del estado y para salvaguardar los derechos y el estado de derecho. El ambiente requiere de una Ley que esté inmersa en el ámbito internacional y federal, y que esté adecuada con todas las otras leyes que ya existen en el estado”.
