Las cuentas más controversiales fueron aprobadas por mayoría, algunas con el voto de panistas El Pleno de la LX Legislatura del Cong...
Las cuentas más controversiales fueron aprobadas por mayoría, algunas con el voto de panistas
El Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, aprobó por mayoría la Cuenta Pública del Gobierno del Estado correspondiente al Segundo Semestre del 2010, dando cumplimiento a lo señalado por artículo 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
El dictamen de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por mayoría, mismo en el que se establece que después de haberse efectuado los trabajos necesarios para la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, y haberse realizado las recomendaciones pertinentes, se considera que se ha cumplido con lo expresado en las disposiciones legales aplicables en la materia.
“La Comisión de Fiscalización considera que existen elementos que permiten aprobar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa correspondiente al Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010”.
El decreto contiene tres artículos en los que de manera específica se expresa que se trata de la aprobación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año 2010 del Poder Ejecutivo en el primer artículo, del Poder Legislativo en el segundo artículo y del Poder Judicial en el tercer artículo de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Auditoría Superior del Estado, por lo que procede expedir los finiquitos correspondientes.
Dentro de esta sesión, también fueron aprobadas por mayoría del Pleno Legislativo, las cuentas públicas de los municipios de Guasave, Sinaloa, Elota, Cosala, San Ignacio, Concordia, Rosario, Escuinapa y Mazatlán correspondientes al Segundo Semestre del 2010.
En los dictámenes presentados por la Comisión de Fiscalización se establece que mediante la revisión realizada a la administración de los municipios antes mencionados, por la Auditoría Superior del Estado, se comprobó que los ingresos obtenidos provinieran de la aplicación de la legislación en la materia; además de que los egresos estuvieran sustentados con la documentación comprobatoria original, así como que la obra pública realizada durante el semestre cumpliera con los lineamientos que la ley establece, además de haber atendido todas las recomendaciones hechas por el órgano técnico.
Previo a la discusión de los dictámenes, la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, Diputada Rosa Elena Millán Bueno, expuso en tribuna sobre su contenido, derivado de la revisión y fiscalización, “encontramos en todas las administraciones públicas, observaciones al manejo de los recursos públicos. Sin embargo, al no ser un proceso acabado, las administraciones aún siguen solventando observaciones y presentado información que se les ha sido requerida por el órgano revisor. Asimismo, y una vez que se concluya este proceso para solventar observaciones y de persistir alguna irregularidad, habrán de seguir su curso con la instauración de los procedimientos administrativos correspondientes y el fincamiento de responsabilidades, en su caso”.
La legisladora consideró que si bien es cierto, se pueden tener dudas respecto al contenido del informe que presenta la ASE, todos ellos son atendibles y pueden ser aclarados, “necesariamente, se habrán de discutir al interior de la Comisión y de manera general en esta tribuna; de igual forma, la creación de la Unidad Técnica de Evaluación, nos permitirá analizar más a detalle sobre los procesos que implican el desarrollo y funcionamiento de la ASE”.
Antes de la discusión del dictamen de la cuenta pública del Gobierno del Estado, el Diputado Guadalupe Ernesto García Cota, Secretario de la Comisión de Fiscalización, reconocería el trabajo realizado al interior de la Comisión.
“Hemos identificado y valorado en su justa dimensión que la fiscalización en el Estado, a pesar de los avances normativos y técnicos que ha experimentado en los últimos años, aún mantiene algunas deficiencias que no permiten, en última instancia, lograr el cometido de la rendición de cuentas, esto es, lograr la plena transparencia y sancionar a quienes no se apeguen a la normatividad en el ejercicio del gasto”.
Destacó que un aspecto inaplazable para su atención por este órgano legislativo, es el referente a la determinación y cumplimiento de las responsabilidades administrativas, cualquiera que sea su origen o naturaleza
“Hemos dado cuenta en reuniones de esta Comisión, que la aplicación de sanciones quedan sujetas a la voluntad y discreción de los órganos internos de control de los entes fiscalizados, sean municipios o dependencias estatales, es decir, al día de hoy, son quienes tienen la última palabra respecto a si proceden o no a fincar la sanción correspondiente a aquellos servidores públicos que no hayan ejercido el gasto conforme a la ley, no existiendo en la misma, hipótesis que contemple una sanción para dicha omisión de las contralorías municipales o estatales, ni la posibilidad de que la ASE actúe por omisión, puesto que no tiene facultades en este sentido”.
“Debe procurarse, que el procedimiento sancionador se agote en su totalidad, estableciendo términos perentorios en la ley, que obliguen a los titulares de las áreas de control interno de los entes fiscalizados cumplir lo determinado por la Auditoria Estatal, de tal suerte que, mediante ley se otorguen facultades a la ASE, para que dada la o misión en dicha tarea procedimental de los órganos de control internos o contralorías, pueda el ente fiscalizador estatal, dar cumplimiento a su premisa institucional y legal, que es velar por la debida ejecución del gasto público”, añadió.
Aprobadas reformas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa
Por otra parte, por unanimidad se aprobó el dictamen de reformas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, y que tiene que ver con la aplicación de sanciones para quienes derrochen el vital líquido, según lo señala la iniciativa del Diputado Julián Ezequiel Reynoso Esparza.
La reforma tiene como finalidad establecer sanciones a los usuarios del servicio doméstico, comercial e industrial que desperdicien el vital líquido, siendo desde amonestación, hasta el pago de multa de 50 a 200 y de 200 a 500 veces el salario mínimo general vigente en Sinaloa, respectivamente.
Establece que la denuncia ciudadana, constituirá otra medida que tendrán las Juntas Municipales para detectar el uso irresponsable del agua, por lo tanto, toda persona que tenga conocimiento de ese desperdicio en cualquiera de sus formas, tiene la obligación de comunicar al respectivo organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para que éste realice las acciones correctivas que sean necesarias.
También señala que las personas que capten a vecinos o a cualquier ciudadano desperdiciando el agua, deberán comunicarlos ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente, presentando pruebas como vídeos o fotografías tomadas por celular, para que la dependencia competente tenga conocimiento del desperdicio del agua y esté en posibilidad de iniciar procedimientos de imposición de sanciones y su aplicación.
Rechazadas reformas a la Constitución Local
Al no alcanzar la votación de las dos terceras partes, se desecho el dictamen de la iniciativa presentada por el Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, sobre reformas a la Constitución Política del estado de Sinaloa, en materia de Iniciativa Preferente y la modificación de los Periodos Ordinarios de Sesiones del Congreso del Estado.
Dicha reforma constitucional planteaba instalar las siguientes legislaturas en el mes de Octubre del año de la elección, para evitar que el plazo entre ésta y el inicio de la Legislatura sea tan extenso como ahora; ampliar los periodos de sesiones de Octubre a Enero el primero y de Mayo al 15 de Julio. Se Incluía la figura de Iniciativa Preferente por parte del Poder Ejecutivo.
