El alcalde mazatleco respondió a una investigación por supuesto abuso de fuerza pública Culiacán, Sinaloa.- El presidente munici...
El alcalde mazatleco respondió a una investigación por supuesto abuso de fuerza pública
Culiacán, Sinaloa.- El presidente municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna; compareció este día ante una comisión especial de legisladores, que investigan el supuesto caso de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, en contra de un grupo de pescadores y empacadoras el pasado 30 de mayo, en las instalaciones del palacio municipal de esta ciudad.
Desde la semana pasada se giró el oficio en el que se citó al alcalde porteño, así como a la parte ofendida, para que dieran sus respectivos testimonios de los hechos, ante esta comisión formada a raíz de un punto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Pesca del congreso local, diputado Luis Javier Corvera y avalado por el pleno.
Los diputados que integran esta comisión especial: Javier Corvera, Carlos Alberto Álvarez Ramos, Cruz Loaiza, Nadia Aidé Vega y Rosendo Camacho; escucharon del alcalde Alejandro Higuera y al presidente de la asociación de pescadores, Daniel Galarza sus respectivas versiones.
El primer edil porteño dijo que en ningún momento se citó a los pescadores ese día para entregarles despensas y que la actuación de la fuerza pública municipal fue en resguardo del patrimonio municipal y de su propia seguridad, ya que se sintió agredido.
Se mostró abierto a sostener mesas de diálogos con los que se dicen agredidos y atender el caso con la seriedad con que se han atendido otros exhortos hechos en tribuna, por el diputado Carlos Alberto Álvarez Ramos, de asuntos que atañen a esta ciudad como el caso de los músicos y vendedores de playa.
Por su parte, Daniel Galarza y un grupo de agremiados, desmintieron la versión de Higuera asegurando tener grabaciones en donde se les promete la entrega de despensas. A la vez, argumentaron que dieron un tiempo razonable al presidente municipal para que los recibiera, pero ante la negativa de este, fue que decidieron tomar acción directa sobre el acceso a las oficinas municipales.
Ambas partes se comprometieron a sostener una mesa de diálogo la semana entrante, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, dictamina el siguiente paso a seguir.