Con 28 votos a favor, el Pleno de la LX Legislatura aprobó la solicitud de crédito del Ayuntamiento de Culiacán, hasta por la cant...
Con 28 votos a favor, el Pleno de la LX Legislatura aprobó la solicitud de crédito del Ayuntamiento de Culiacán, hasta por la cantidad de 498 millones 895 mil 395 pesos, mismo que tiene como objetivo principal la construcción de vialidades urbanas, que permitan incrementar la movilidad en las principales rutas del municipio.
El crédito de referencia se destinará exclusivamente a financiar la inversión de obra pública y adquisiciones consistentes entre las que destacan el Eje Federalismo, la remodelación del Centro Cívico Constitución, el Modular Inés Arredondo, pavimentación de calles, rehabilitación de Unidades Deportivas, escuelas de calidad, construcción de carreteras, reparación de puente vado, bacheo, pavimento asfáltico, elaboración de proyectos otros techumbre, preliminares en terracería, terracería, unidades médicas integrales, sistema de riego, rastreo de calles, malecón turístico El Conchal, remodelación geométrica, ampliaciones de vialidades, centro histórico; y, pavimentación de nuevas calles.
El Diputado Francisco Salvador López Brito, solicitó una Moción Suspensiva del Dictamen, misma que fue rechazada por el Pleno, al argumentar que al aprobar el crédito se violaba a la Carta Magna, la Constitución Local, así como la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa.
Expresó ser muy respetuosos de la sociedad de Culiacán, pero consideró que el dictamen tal y como se presentó debe revisarse, ya que dijo la Constitución mandata que los créditos sean a inversión productiva, a obra productiva y en el cuerpo del dictamen se establece que es para el pago de facturas; “se nos habla de pavimentar calles, de hacer carreteras, pero no se nos dice dónde y en qué cantidad o kilómetros se harán. Falta información”.
La Diputada Nadia Haydee Vega Olivas, como integrante de la Comisión de Fiscalización, dijo que como Diputados, están obligados a hacer lo que la ley mandata; que en la solicitud de endeudamiento presentada por el alcalde, la mayor parte del crédito será para pagar deudas y no para inversión.
Además de que no se tienen montos sobre la obra a realizar, ni proyecciones de obra que indiquen su costo, “no hay certeza de que lo facturado ya pagado, es lo que existe en obra. Requerimos que el ayuntamiento audite la obra; que más de cien millones de pesos, serán para obras diversas; demandó qué recursos debe tener el ayuntamiento para la obra no terminada.
El Diputado Luis Javier Corvera, dijo que aumentar la deuda en 500 millones de pesos al ayuntamiento de Culiacán, es diferente a lo que el titular de Finanzas del Gobierno, que habló de solicitar un crédito por más de dos mil millones de pesos, por lo que en todo caso, sería necesario revisar la ley para conocer la capacidad de endeudamiento de todos los ayuntamientos; ley que sería de mayor transparencia ya que no se aprobarían recursos para financiar deuda, sino para generar obras. Expresó que los recursos que se autoricen, deben ser vigilados por la Auditoría Superior del Estado y el propio Congreso, en su correcta aplicación
Por su parte, el Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, manifestó que su Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyaría el dictamen, porque además de apegarse a la ley la solicitud en su presentación la respaldaba el estudio de Banobras.
También dijo que el crédito se solicita conforme a la ley y lo que se plantea, es una línea de crédito que a diferencia del gobierno federal, estará disponible en la medida en que lo requiera, como lo hace esta Soberanía en apego a la Ley de Deuda Pública.
El Secretario de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Diputado Guadalupe Ernesto García Cota, al hablar a favor del documento expuso que se acordó por unanimidad, extender el dictamen dada la trascendencia que representa para Culiacán; igualmente, la solicitud del crédito solicitado, cumple con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública y lo hace factible los indicadores, capacidad de endeudamiento, proyección de ingresos propios, entre otros, y la calificación crediticia que le otorgan organismos internacionales.
“La figura del endeudamiento, no tiene proporción con la trascendencia económica, de tal suerte que permita dar viabilidad a planes y programas institucionales que redunden en beneficio para los avecindados en Culiacán”.
Recordó que el ayuntamiento es el primer nivel de gobierno al que recurre el ciudadano, y que por ello, para el dar su aval, la Comisión de Hacienda Pública y Administración Pública, se otorga posibilidad de resolver problemática de infraestructura pública, tangible y que es demanda de la sociedad su atención y obligación de las autoridades municipales resolver.
Por su parte, el Diputado Francisco Antonio Castañeda, Vocal de la Comisión de Hacienda Pública y Administración Pública, le queda claro que esos recursos se destinarán a obra pública; obras que son necesarias como son las vialidades y con las que se evitarían los congestionamientos viales.
En su intervención, el Diputado Julián Ezequiel Reynoso, del PT, señaló que con el préstamo se desea beneficiar a la población de Culiacán, con un zoológico mejor que el del Distrito Federal, como también con un centro contra las adiciones, “pero debemos ver que no caigamos en irregularidades”.
Aseguró, no oponerse a las obras ni al paso a desnivel ni al progreso, pero sí a que se maneje el engaño y se les quiera dar atole con el dedo y que el crédito es de vida o muerte, pero que digan cómo se gastó el dinero de esas obras. “Para esa obra de tal magnitud, debió haber recurso; dónde quedó ese recurso. Hay que revisar esos estudios financieros y están falseados. Y la actual administración ya refleja ADEFAS si aún no concluye su administración; hay que apoyarle, pero que no mienta ni nos engañe. Sí tiene capacidad de pago, pero deja embarcadas a más de seis administraciones futuras”. Le toca al gobierno apretarse el cinturón, remató.
Aprueban Punto de Acuerdo solicitando se concluya el puente a desnivel del Venadillo
Por unanimidad se aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Carlos Alberto Álvarez Ramos, solicitando que la SCT realice una investigación por la paralización de los trabajos en la construcción del puente a desnivel del Venadillo en el municipio de Mazatlán de Sinaloa, asimismo se resuelva la situación laboral de los empleados de la construcción de dicha obra.
El legislador expresó sentirse preocupado por las obras de construcción de los puentes que se encuentra inconclusas y sus efectos negativos en la economía familiar de los obreros que ahí laboran.
El Punto de Acuerdo aprobado establece:
“Primero.- La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, dentro del marco de la división de poderes, exhorta respetuosamente al Titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que requiera a su delegado en Sinaloa, para que realice una investigación por la paralización de los trabajos en la construcción del puente a desnivel del Venadillo en el municipio de Mazatlán de Sinaloa, y rinda un informe sobre la situación que prevalece en estas obras y sobre todo se resuelva la situación laboral de los empleados en la construcción de estos puentes que no han recibido sus sueldos desde hace más de cuatro semanas.
Segundo.- La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, dentro del marco de la división de poderes, solicita al Ejecutivo del Estado su solidaridad y participación en las gestiones que realiza el H. Congreso del Estado de Sinaloa ante las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la conclusión del puente a desnivel del Venadillo del Puente del Conchi en el municipio del Mazatlán”.
Autorizan al Ejecutivo donar terreno a la Universidad Politécnica de Sinaloa
En esta sesión ordinaria, se aprobó autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que realice cesión a título gratuito a favor de la Universidad Politécnica de Sinaloa, sujeta a la condición de que el inmueble y construcción donados, sean utilizados única y exclusivamente para fines educativos con una superficie de 200,000 metros cuadrados.
La Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) queda obligada a destinar el inmueble única y exclusivamente a fines educativos, por lo que si les da un fin distinto procederá la revocación de la donación en cuestión, volviendo el inmueble donado, a ser propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Los gastos que se origen con motivo de la donación que por el presente Decreto se autoriza, serán cubiertos por la Universidad Politécnica de Sinaloa.
Mayor autonomía para el Ministerio Público, propone el Diputado Manuel Cárdenas Fonseca.
El fortalecimiento del Ministerio Público como órgano técnico, no político, que representa a la sociedad: para liberar al Procurador de las funciones de Consejero y Representante Jurídico, por generar incompatibilidad en sus responsabilidades primordiales en el proceso penal, entre otras, conforman los aspectos de la iniciativa de reformas del Diputado Manuel Cárdenas Fonseca a la Constitución Política Local y otras disposiciones jurídicas, que conllevan un nuevo mecanismo para el nombramiento del Procurador General de Justicia.
En la exposición de motivos, asienta que las reformas propuestas están orientadas a otorgarle una mayor independencia al Ministerio Público y terminar con la subordinación que ha tenido por décadas del Poder Ejecutivo local y que lo han hecho en muchos momentos más que un órgano de legalidad y justicia.
Se plantea eliminar la facultad que le otorga al titular del Poder Ejecutivo el artículo 77 de la Constitución Local, para nombrar, con la aprobación del Congreso y remover libremente al Procurador General de Justicia. “Esta facultad condiciona la labor del Ministerio Público a intereses que van más allá de la búsqueda y procuración de la justicia y pone en riesgo la autonomía técnica que le otorga la propia Constitución Local”.
Propone que sea el Consejo Estatal de Seguridad Pública quien proponga al Congreso una terna de candidatos, para que uno de ellos sea nombrado Procurador por las dos terceras partes de los legisladores, con lo que se rompería la subordinación que hoy existe del Ministerio Público al Poder Ejecutivo.
Plantea que el Procurador General de Justicia sea nombrado por cuatro años, con posibilidad de ser reelegido por una sola vez, por el mismo periodo. La reelección será realizada por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los Diputados que integran la legislatura correspondiente.
Asimismo, no podrá ser removido libremente. Además de poder ser removido por las causas graves establecidas en la Constitución Local, se le podrá destituir, después de un año de estar en funciones, por petición fundada y motivada por el Consejo Estatal de Seguridad, del Gobernador del Estado o de los miembros del Congreso, la cual debe ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Diputados que integran la legislatura. El no otorgar una inamovilidad absoluta al Procurador General de Justicia, como existe para otros cargos públicos, se debe a la naturaleza misma de sus funciones.
En otra parte la iniciativa precisa la obligatoriedad del Procurador General de presentar ante el Congreso del Estado, un informe semestral en donde señale resultados obtenidos durante ese periodo, así como los proyectos pendientes, lo que permitirá evaluar el trabajo desarrollado y grado de avance en el cumplimiento de los compromisos contraídos.
También menciona la necesidad de eliminar del texto constitucional, el primer párrafo del artículo 77, que señala que el Subprocurador General y los Subprocuradores Regionales, serán nombrados y removidos por el Procurador General, previo acuerdo con el Gobernador, por lo que plantea otorgar al Procurador la facultad exclusiva de nombrar y remover a todos los funcionarios de la institución bajo su dirección, para que pueda escoger directamente y sin vetos a los colabores que le permitan cumplir con las tareas asignadas: otro elementos fundamental para romper con la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, es eliminar todas aquellas disposiciones que lo subordinan y someten a la potestad del gobernador.
Se plantea derogar el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como el artículo 12 de la Ley del Ministerio Público, para liberar al Procurador de las funciones de Consejero y Representante Jurídico, que generan incompatibilidad con sus responsabilidades primordiales en el proceso penal. Asimismo, se establecerá que estas funciones las realizará una dependencia del Ejecutivo Local, que establezca la ley.
La iniciativa recibió la dispensa de la segunda lectura de reglamento, turnándose, en el caso de las reformas a la Constitución Política, a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y a la de Justicia.
Respeto al marco constitucional en materia de casinos, solicita el Diputado Luis Javier Corvera Quevedo
En otro orden, y ante la apertura de nuevos casinos, en Guasave esta semana, el Diputado Luis Javier Corvera Quevedo, demandó de las autoridades estatales y municipales el apego a lo mandatado en la Constitución Política del Estado enlos artículos 65 y 156.
Recordó los Puntos de Acuerdo que sobre el particular esta Soberanía emitió el 1º de Febrero y 3 de Mayo, respectivamente, en donde se exhortaba al titular del Poder Ejecutivo y al Ayuntamiento de Guasave, respectivamente, a desincentivar la instalación de nuevos centros de juego de azar de cualquier tipo en el estado, negando entre otras, autorización para consumo de bebidas alcohólicas en dichos centros; las gestiones ante la Secretaría de Gobernación para revisar el trámite de otorgamiento de permisos, solicitando expresamente que no se otorgue ningún permiso más, todo ello, en consonancia con los artículos 65, fracción XIX y 156 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Esto, para el Ejecutivo del Estado.
Por lo que hace al Punto de Acuerdo dirigido expresamente al Ayuntamiento de Guasave, el 3 de Mayo, se exhortaba al Presidente Municipal y demás integrantes del Ayuntamiento a cumplir con el artículo 156, para negar la opinión solicitada por la empresa “Entretenimientos Santa Rita, S. A., de C.V”., para operar el Centro de Apuestas y/o Juegos de Azar, mediante escrito fechado el 14 de Abril de 2011 y dirigido al municipio.
“Lo primero que debemos decir, es que se confirma lo que he venido sosteniendo en esta tribuna: los Puntos de Acuerdo siguen siendo como los llamados a misa. Esto lo corrobora la decisión del Ayuntamiento de Guasave del pasado lunes 20 de Junio de autorizar el funcionamiento de un nuevo Casino en la cabecera de aquel municipio y de ampliar los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, desatendiendo los exhortos de este Congreso”, decisión de la que exoneró al Alcalde Ramón Barajas –se abstuvo de votar-, y a la regidora del PRD, Aurelia Leal.
Rechazó lo vertido por el Ejecutivo del Estado en días pasados sobre el tema, en el sentido, que no está dentro de sus facultades, por lo que consideró necesario trabajar en una nueva reforma local que pueda impedir que continúe incrementando el número de estos negocios.
Citó el artículo 65 en su fracción XIX, que contempla como obligación del gobernador del estado impedir “enérgicamente el establecimiento de juegos de azar”, mientras que 156, enérgico de por sí, sentencia que en Sinaloa “quedan estrictamente prohibidos todos los juegos de azar. Para extirpar ese vicio, combatir el alcoholismo y reprimir la prostitución y la vagancia, la ley de mostrará severa y las autoridades serán inexorables”.
Con estos mandatos, el legislador dijo que no existe justificación alguna, tanto del Ejecutivo del Estado como del Ayuntamiento de Guasave, para la autorización de ese nuevo centro de juegos de azar, “pero la solución no está en legislar, como lo plantea el gobernador del estado. De lo que se trata es de la aplicación de la ley. Lo que hace falta, más bien, es hacer que se cumpla lo ya legislado.
