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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Solo sé que no sé nada”, Sócrates (c. 470–399 a. C.). FUERA MÁSCARAS Mario Zamora Gastélum ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Solo sé que no
sé nada”, Sócrates (c. 470–399 a. C.).
FUERA MÁSCARAS
Mario Zamora
Gastélum ha decidido terminar con las especulaciones. Quiere ser gobernador de
Sinaloa en 2027 y lo dice sin rodeos.
Pero detrás de
esa declaración existe una discusión política mucho más amplia que su
aspiración personal: la posibilidad de construir un frente opositor, la
necesidad de encontrar coincidencias entre partidos que tienen intereses
propios y, sobre todo, la obligación de presentar una alternativa de gobierno
que responda a las condiciones que actualmente enfrenta la entidad.
Porque una cosa
es manifestar la intención de gobernar y otra, muy distinta, construir el
proyecto político, social y electoral que permita disputar esa responsabilidad.
Durante su
conferencia en Mazatlán, el diputado federal priista expresó una frase que
merece analizarse: no busca una candidatura, busca ser gobernador. La
diferencia no es menor.
Con ese
planteamiento, Zamora intenta colocar la discusión más allá de las
negociaciones entre dirigencias y de la distribución de posiciones dentro de
una eventual alianza.
Sin embargo, en
términos políticos y legales, cualquier aspiración de esa naturaleza requiere
primero resolver el procedimiento de postulación.
Ahí aparece su
primer desafío: convencer a su propio partido, construir entendimientos con
otras fuerzas políticas y presentar una propuesta que pueda ser examinada por
ciudadanos que no necesariamente comparten su militancia.
El contexto es
particularmente interesante porque, mientras Zamora habla de un frente
opositor, en Sinaloa comienzan a discutirse distintas combinaciones partidistas
rumbo a 2027. PAN, PRI y Partido Sinaloense han mantenido acercamientos,
mientras que entre comentaristas y analistas también se menciona la posibilidad
de una alianza entre PAN, Movimiento Ciudadano y PAS.
Son escenarios
diferentes que todavía no pueden confundirse con acuerdos formales. Movimiento
Ciudadano ha expresado reservas frente a las coaliciones, el PAS sostiene que
cuenta con estructura para competir solo y el PAN deberá definir sus
prioridades. Por su parte, el PRI tiene que establecer qué papel pretende
desempeñar en una negociación donde no necesariamente todas las fuerzas
compartirán los mismos intereses.
Aquí surge una
pregunta que merece especial atención: ¿puede construirse una alianza alrededor
de una candidatura o debe construirse primero un proyecto común? La experiencia
política muestra que los acuerdos electorales requieren resolver ambas cuestiones,
pero su legitimidad ante la ciudadanía depende de algo más que sumar siglas.
Una coalición tendría
que explicar qué propone hacer con la seguridad, la economía, los servicios
públicos y las necesidades de los municipios. También tendría que establecer
mecanismos para seleccionar candidaturas sin convertir la negociación en una
disputa exclusivamente entre dirigentes.
La aspiración de
Mario Zamora se incorpora a ese escenario, pero no lo resuelve por sí misma.
Hay otro
elemento que distingue su posicionamiento: el diputado ha decidido vincular su
aspiración con la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2027.
Y aquí conviene
detenerse, porque Sinaloa enfrenta necesidades que no pueden analizarse
únicamente desde la competencia electoral.
La inseguridad
ha tenido consecuencias sobre la actividad económica y la vida cotidiana,
mientras que los sectores agrícola, pesquero y comercial mantienen demandas
específicas. Zamora sostiene que el proyecto presupuestal no contempla recursos
extraordinarios suficientes para atender esas condiciones.
Es un
señalamiento que merece revisión detallada de las partidas, sus reglas de
operación y los programas existentes, antes de concluir si la entidad recibirá
o no la atención que requiere.
Su llamado a los
diputados federales sinaloenses para impulsar recursos destinados a la
comercialización del maíz y el trigo introduce una discusión que debería
superar las diferencias partidistas.
El campo no
puede depender exclusivamente de declaraciones de respaldo ni de compromisos
generales. Los productores necesitan conocer qué instrumentos estarán disponibles,
bajo qué condiciones podrán acceder a ellos y qué mecanismos permitirán
enfrentar los problemas de precios y costos.
En este punto,
la propuesta de Zamora puede contrastarse con las posiciones de los
legisladores de Morena y sus aliados, pero también con las decisiones que
adopten las autoridades responsables de la política agrícola. El resultado de
esa discusión tendrá consecuencias más allá de cualquier candidatura.
En materia de
seguridad, el priista plantea una observación que merece una lectura
institucional: la presencia de fuerzas federales no sustituye la necesidad de
fortalecer a las policías estatales y municipales.
Son
responsabilidades complementarias. Los operativos pueden atender situaciones
inmediatas, pero la seguridad pública también requiere corporaciones locales
con capacitación, equipamiento, condiciones laborales adecuadas y mecanismos
efectivos de supervisión.
Su propuesta de
incrementar la inversión en estas instituciones abre un debate necesario sobre
cuánto se destina actualmente, cómo se ejerce y qué resultados produce. Porque
aumentar presupuestos, sin evaluar capacidades y desempeño, tampoco garantiza
por sí mismo una mejora en la seguridad.
En cuanto al
proyecto de tren de pasajeros entre Mazatlán y Los Mochis, promovido
públicamente por Imelda Castro, Zamora cuestiona la ausencia de una partida
específica en el presupuesto que revisó. Aquí también es importante distinguir
entre anunciar una iniciativa, desarrollar sus estudios técnicos y contar con
financiamiento autorizado para ejecutarla.
La observación
del legislador apunta a la necesidad de conocer en qué etapa se encuentra
realmente el proyecto y cuáles serían sus fuentes de financiamiento.
No basta con
presentar una obra como posibilidad de desarrollo; también deben explicarse su
viabilidad, sus costos y los tiempos previstos para convertirla en realidad.
Ahora bien,
todos estos planteamientos también tienen una dimensión electoral que no debe ignorarse.
Mario Zamora es diputado federal, pero al mismo tiempo ha manifestado su
intención de participar en la sucesión gubernamental.
Eso significa
que sus propuestas y cuestionamientos estarán sujetos a una doble lectura: como
parte de sus responsabilidades legislativas y como elementos de su
posicionamiento político.
La mejor manera
de distinguir ambas dimensiones será observar qué iniciativas presenta, qué
gestiones documenta, cuáles prosperan y cómo informa sobre sus resultados. La
actividad parlamentaria ofrece herramientas para impulsar cambios antes de que
comience formalmente una campaña.
Tampoco puede
pasar inadvertido que el PRI enfrenta sus propias decisiones internas. La
aspiración de Zamora no equivale a una designación automática, y cualquier
posibilidad de encabezar un frente más amplio tendría que considerar a los
cuadros y procedimientos de los demás partidos.
En una eventual
coalición, las candidaturas no deberían definirse exclusivamente por
antigüedad, trayectoria o acuerdos entre dirigencias, sino mediante criterios
conocidos que permitan evaluar propuestas, antecedentes y respaldo ciudadano.
Esa discusión será especialmente importante si finalmente participan PAN, PAS o
alguna otra fuerza política.
Hay, además, una
reflexión que corresponde hacer sobre la oposición en su conjunto. Señalar las
dificultades de un gobierno forma parte de la competencia democrática, pero
construir una alternativa exige explicar cómo se resolverían esas dificultades,
con qué recursos y mediante cuáles instituciones.
La seguridad, la
comercialización agrícola, la recuperación económica y la infraestructura no
son asuntos que comiencen o terminen con una elección. Son responsabilidades
públicas que requieren continuidad, coordinación y decisiones verificables. Por
eso, la discusión rumbo a 2027 debería permitir contrastar propuestas concretas
entre quienes aspiran a gobernar y quienes defienden la continuidad de las
políticas actuales.
La conferencia
de Mario Zamora deja, entonces, dos asuntos sobre la mesa. El primero es
político: su aspiración está expresada y habrá que observar cómo se desarrolla
dentro del PRI y en las conversaciones sobre una posible alianza.
El segundo es
legislativo y económico: ha planteado cuestionamientos específicos sobre el
presupuesto federal que pueden discutirse desde ahora, sin esperar a los
tiempos electorales.
Ambos asuntos
están relacionados, pero conviene examinarlos por separado para que el debate
público no termine subordinando las necesidades de Sinaloa a las aspiraciones
personales de sus protagonistas.
Porque la
sucesión gubernamental de 2027 no debería convertirse únicamente en una
competencia por determinar quién encabeza una candidatura.
Sinaloa necesita
discutir qué políticas pueden contribuir a recuperar la tranquilidad,
fortalecer sus actividades productivas y mejorar las oportunidades de sus
habitantes. Mario Zamora ha expuesto su intención de participar y ha colocado
propuestas y críticas que merecen análisis.
Corresponderá a
las demás fuerzas políticas presentar sus propias respuestas y a la ciudadanía
valorar los argumentos, las trayectorias y los resultados.
Al final, querer
ser gobernador es una aspiración legítima dentro de la vida democrática.
Pero el debate
verdaderamente importante no consiste en quién expresa primero esa intención,
sino en qué propone hacer con la responsabilidad de gobernar.
Y esa es una
conversación que Sinaloa necesita sostener con seriedad, más allá de las
siglas, las alianzas y los nombres que aparezcan en la boleta.
CUENTAS
En Rosario, el
Segundo Informe de Gobierno de Claudia Liliana Valdez Aguilar permite observar
una administración que ha concentrado parte de sus esfuerzos en atender
necesidades de infraestructura, servicios públicos y recuperación de espacios
comunitarios.
Los resultados
presentados ante el Cabildo reflejan una agenda de inversiones que, más allá de
las cifras, merece analizarse por su relación con las condiciones de vida de
las familias rosarenses.
En un municipio
donde las comunidades rurales representan una parte importante de su
territorio, llevar obras y servicios fuera de la cabecera municipal constituye
una responsabilidad que exige continuidad y planeación.
Uno de los
aspectos que llama la atención es la inversión de 13.3 millones de pesos en
infraestructura deportiva y recreativa.
La
rehabilitación de canchas, parques y espacios destinados a distintas
disciplinas tiene una dimensión social que no debe pasar inadvertida. El
deporte representa una oportunidad de convivencia, formación y aprovechamiento
del tiempo libre, particularmente entre niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, el
verdadero alcance de estas inversiones dependerá también del mantenimiento de
las instalaciones y de que existan programas que permitan utilizarlas de manera
permanente.
En
infraestructura básica, el Ayuntamiento reportó inversiones en pavimentación,
electrificación, drenaje, agua potable, reparación de caminos y alumbrado
público. Son rubros que pocas veces generan grandes discusiones políticas, pero
que tienen consecuencias directas en la vida cotidiana.
Para Rosario,
mejorar el suministro de agua, la conectividad de las comunidades y los
servicios urbanos significa atender rezagos que requieren recursos constantes.
La administración de Valdez Aguilar ha colocado estas necesidades dentro de su
balance de gobierno, aunque corresponderá evaluar la cobertura y los resultados
específicos de las obras realizadas.
Hay otro
elemento que merece atención: el manejo de las finanzas municipales. La
alcaldesa informó una reducción del 30 por ciento en el consumo de energía
eléctrica del Ayuntamiento y un incremento del 28 por ciento en la recaudación
del impuesto predial.
Ambos
indicadores, de confirmarse en los registros administrativos, permitirían
examinar avances en eficiencia operativa y capacidad de ingresos propios. Esto
resulta importante porque los municipios no pueden depender exclusivamente de
las transferencias estatales y federales; también necesitan fortalecer su
administración para sostener los servicios que prestan a la población.
En materia de
vivienda, la formalización de la donación de un terreno para desarrollar 544
casas dentro del programa federal Viviendas del Bienestar representa un avance
administrativo que abre expectativas para familias del municipio.
No obstante,
debe distinguirse entre contar con el terreno y comenzar la construcción.
Todavía será
necesario conocer los plazos, la infraestructura complementaria y los criterios
de asignación. La coordinación con los gobiernos estatal y federal será determinante
para que el proyecto avance de los procedimientos documentales a su ejecución.
Políticamente,
el informe también muestra la importancia de la relación institucional entre el
Ayuntamiento y los otros órdenes de gobierno.
Claudia Liliana
Valdez reconoce las aportaciones estatales y federales, una coordinación que
puede ampliar las posibilidades de inversión municipal.
Pero esa
colaboración no elimina la responsabilidad del gobierno local de informar con
claridad qué obras están concluidas, cuáles permanecen en proceso y qué
compromisos deberán atenderse durante el siguiente año.
Porque gobernar
un municipio como Rosario no consiste solamente en anunciar inversiones, sino
en procurar que los recursos lleguen a las comunidades y se traduzcan en
servicios que funcionen.
El balance
presentado por Claudia Liliana Valdez Aguilar ofrece elementos para analizar su
gestión y establece compromisos que deberán seguirse de cerca.
Al final, la
mejor manera de valorar un informe no está en la cantidad de cifras presentadas
ante el Cabildo, sino en las mejoras que los habitantes puedan reconocer en sus
calles, sus colonias y sus comunidades.
RECONOCIMIENTO
El homenaje que
el Congreso de Sinaloa rindió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano invita a
reflexionar sobre una generación de políticos que contribuyó a transformar las
reglas de la competencia democrática en México. Su participación en el
movimiento de 1988, la fundación del PRD y su triunfo electoral en la Ciudad de
México en 1997 forman parte de una trayectoria que trascendió las diferencias
partidistas. Cárdenas representó una corriente política que defendió la
apertura electoral, la organización ciudadana y la posibilidad de construir
alternativas desde la oposición.
Hay un aspecto
que merece destacarse de los posicionamientos de Manuel de Jesús Guerrero
Verdugo y Rodolfo Valenzuela Sánchez: la democracia no puede entenderse
únicamente como la celebración periódica de elecciones. También implica
instituciones confiables, libertades políticas y condiciones sociales que
permitan a la población ejercer plenamente sus derechos. Esa visión, presente
en buena parte del pensamiento político de Cárdenas, conserva vigencia frente a
los desafíos actuales del país.
El homenaje
adquiere un significado especial tras su fallecimiento, ocurrido el 28 de
octubre. Cárdenas fue una figura de la izquierda mexicana, pero su contribución
a la apertura democrática forma parte de una historia que pertenece a distintas
generaciones y corrientes políticas. Reconocer esa trayectoria no implica
ignorar las controversias de su tiempo, sino comprender la importancia de
preservar el pluralismo y las instituciones que hicieron posible una
competencia electoral más abierta.
La reflexión que
deja este reconocimiento es sencilla: la democracia no se hereda ni se conserva
únicamente mediante homenajes. Se fortalece cuando quienes hoy ejercen el poder
respetan los derechos que otros defendieron desde la oposición. Ese sería, quizá,
el mejor reconocimiento a la memoria de Cuauhtémoc Cárdenas: mantener vigentes
las libertades, el diálogo y el respeto a la voluntad ciudadana.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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