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La presidenta de México solicitó una auditoría profunda a las contrataciones electorales y anunció una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México; consejeros plantean revisar licitaciones y determinar posibles responsabilidades.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a Guadalupe Taddei Zavala, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), de haber traicionado la confianza de los mexicanos, luego de su renuncia en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y procedimientos de licitación del organismo electoral.
Durante su conferencia matutina de este viernes 30 de octubre, realizada en Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que las acusaciones deben investigarse a profundidad y que ninguna autoridad puede quedar exenta de rendir cuentas por el manejo de recursos públicos.
“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México, hay que decirlo así”, expresó la presidenta al referirse a la salida de quien encabezaba el organismo electoral.
Sheinbaum señaló que una de las principales preocupaciones de su administración está relacionada con la participación de empresas intermediarias en los procesos de contratación de materiales y servicios electorales, al considerar que existen mecanismos de licitación que podrían favorecer reiteradamente a determinados proveedores.
“Son empresas coyotes, intermediarios que siempre ganan las licitaciones porque las licitaciones están hechas [...] para que solamente ganen esas empresas”, manifestó.
Ante esta situación, anunció que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el propósito de que esta empresa estatal asuma una mayor participación en la producción de papelería y materiales utilizados durante los procesos electorales.
La presidenta argumentó que esta medida permitiría disminuir la dependencia de proveedores privados, establecer mecanismos de vigilancia sobre los costos de producción y fortalecer la transparencia en la adquisición de insumos electorales.
También sostuvo que la autonomía constitucional del INE no representa un impedimento para investigar posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas, particularmente cuando se trata de contratos financiados con recursos públicos.
En ese sentido, insistió en la necesidad de realizar una auditoría profunda que permita identificar las condiciones en que se adjudicaron los contratos cuestionados, los criterios utilizados en las licitaciones y las posibles responsabilidades de funcionarios o particulares.
Sheinbaum aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas y consideró necesario que el Congreso de la Unión designe durante este año a la persona que sustituirá a Taddei en la presidencia del instituto.
La mandataria también rechazó los señalamientos de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hubiera impuesto a Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral, al recordar que su designación se realizó mediante un procedimiento de insaculación legislativa.
Asimismo, negó que la ex consejera presidenta perteneciera a Morena y sostuvo que no existe intención de proteger a funcionarios o exfuncionarios que pudieran resultar responsables de irregularidades.
“Y nadie defiende a alguien si cometió irregularidades, nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades”, declaró.
La presidenta reiteró que cualquier señalamiento deberá sustentarse mediante las investigaciones correspondientes y que, en caso de acreditarse conductas contrarias a la ley, deberán aplicarse las consecuencias legales.
Consejeros plantean investigar licitaciones y posibles delitos
En el ámbito interno del Instituto Nacional Electoral, el consejero Arturo Castillo propuso revisar los procedimientos de contratación relacionados con la administración anterior, particularmente aquellos vinculados con la elaboración de credenciales para votar y otros servicios electorales.
El funcionario consideró que las presuntas irregularidades podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, aunque su existencia y eventual responsabilidad penal deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Castillo planteó la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, en caso de que las investigaciones conduzcan a una imputación y se cumplan los requisitos legales correspondientes.
La prisión preventiva no constituye una sanción automática ni puede imponerse únicamente por señalamientos públicos, sino que requiere una determinación judicial conforme a la legislación aplicable.
El consejero anunció una revisión de las licitaciones actualmente vigentes para establecer si existen elementos que justifiquen auditorías adicionales, procedimientos administrativos o la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
“Vamos a hacer una revisión de todas las licitaciones que están actualmente activas [...] y que las consecuencias lleguen hasta donde tengan que llegar”, expresó.
También adelantó que se buscará establecer mecanismos para recibir denuncias anónimas de trabajadores del instituto que tengan conocimiento de posibles irregularidades en los procesos de contratación.
Por su parte, Blanca Cruz García, señalada como presidenta provisional del INE, propuso extender la revisión tanto a los contratos vigentes como a aquellos cuya ejecución ya concluyó, con el objetivo de identificar posibles anomalías y determinar si procede rescindir acuerdos que presenten incumplimientos o irregularidades acreditadas.
La revisión de los procedimientos administrativos y las eventuales investigaciones penales se desarrollaría en un momento relevante para el organismo electoral, ante los preparativos de las elecciones de 2027.
Por ahora, los señalamientos contra Guadalupe Taddei corresponden a acusaciones y posibles irregularidades sujetas a investigación, sin que la información presentada establezca una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
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