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La diputada del PRI llamó al Congreso del Estado a dejar atrás los apoyos discrecionales y establecer mecanismos permanentes para atender a empresas, trabajadores y sectores productivos afectados por la violencia y los fenómenos naturales.
Culiacán, Sinaloa.- Ante lo que considera un deterioro sostenido de la economía sinaloense, la diputada local Paola Gárate Valenzuela llamó al Congreso del Estado a aprobar la Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial de Sinaloa, una iniciativa presentada hace un año que busca establecer mecanismos de apoyo para empresas, productores y trabajadores afectados por la violencia y los fenómenos naturales.
Durante su posicionamiento ante el pleno legislativo, la diputada priista advirtió que la entidad enfrenta una disminución de oportunidades laborales, dificultades para la operación de negocios y afectaciones económicas que, desde su perspectiva, no han recibido una respuesta institucional suficiente.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), citadas por la legisladora, entre junio de 2024 y junio de 2026 se registró una reducción conjunta de 63 mil personas ocupadas en distintas actividades económicas de Sinaloa.
Gárate detalló que las actividades agropecuarias, forestales, de caza y pesca reportaron una disminución de siete mil puestos de trabajo, mientras que el sector secundario, que comprende la industria y la construcción, registró una caída de 21 mil.
En el comercio y los servicios, agregó, la reducción alcanzó los 35 mil puestos, lo que refleja, según su interpretación, las dificultades que enfrentan los principales sectores productivos de la entidad.
“Estamos perdiendo mucho más que empleos. Estamos comprometiendo el futuro económico de Sinaloa”, sostuvo.
La diputada señaló que el problema no se limita a los establecimientos que han cerrado definitivamente, sino que también alcanza a empresas que han reducido sus horarios, recortado personal o disminuido sus operaciones para mantenerse en funcionamiento.
Como parte de los indicadores que presentó, mencionó que 10 mil sinaloenses adicionales recurrieron al trabajo por cuenta propia, mientras que el número de personas que laboran más de 35 horas semanales disminuyó en 79 mil.
En contraste, afirmó que aumentó en 17 mil el número de trabajadores que desempeñan actividades durante menos de 15 horas por semana, situación que relacionó con una mayor vulnerabilidad de los ingresos familiares.
Frente a este escenario, Gárate Valenzuela consideró indispensable que el Estado cuente con herramientas legales para responder a las emergencias económicas, en lugar de depender exclusivamente de programas temporales o decisiones administrativas.
“Proponemos pasar de los apoyos discrecionales a mecanismos institucionales; de la improvisación a una respuesta organizada y con recursos establecidos en los presupuestos gubernamentales”, expresó.
La iniciativa de Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial, impulsada por la bancada del PRI desde hace un año, contempla la creación de zonas de recuperación económica que permitan identificar regiones y actividades productivas con afectaciones graves.
Mediante este mecanismo se elaborarían diagnósticos técnicos para determinar las necesidades específicas de cada territorio y establecer programas de intervención con responsables, objetivos y plazos definidos.
La legisladora explicó que las afectaciones económicas no pueden atenderse con medidas uniformes, debido a que las condiciones de cada empresa, establecimiento comercial o actividad productiva son diferentes.
Como ejemplo, señaló que un negocio que perdió la mitad de sus ventas requiere instrumentos distintos a los de una empresa que cerró completamente, mientras que un productor agrícola con dificultades para comercializar sus cosechas enfrenta necesidades diferentes a las de un comerciante que busca financiamiento para conservar su plantilla laboral.
Entre las medidas contempladas se encuentran estímulos fiscales diferenciados para empresas que permanecieron abiertas durante la crisis, negocios que buscan reanudar operaciones y nuevas inversiones que contribuyan a recuperar empleos.
La propuesta también plantea la participación de empresarios, productores, ayuntamientos y autoridades estatales para diseñar acciones directamente en los territorios afectados.
Otro de sus componentes es la incorporación de indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación para conocer el destino de los recursos públicos, identificar a los beneficiarios y medir los resultados de los programas de recuperación.
Gárate sostuvo que estos instrumentos permitirían determinar cuántas empresas logran reactivarse, cuántos empleos se preservan y qué resultados generan las inversiones públicas destinadas a enfrentar las afectaciones económicas.
La diputada también cuestionó que, frente a la situación que describió, las respuestas gubernamentales se concentren en reuniones, anuncios y mesas de trabajo que, a su juicio, no han generado soluciones suficientes para los sectores afectados.
“Ya basta de confundir la atención de una crisis con la administración de reuniones”, manifestó ante sus compañeros legisladores.
Con este posicionamiento, Paola Gárate volvió a colocar en la discusión legislativa una propuesta que busca establecer una estructura permanente de respuesta económica ante situaciones extraordinarias, particularmente en un estado donde la violencia y los fenómenos naturales pueden afectar simultáneamente a distintas actividades productivas.
La iniciativa permanece como una propuesta legislativa cuya eventual aprobación dependerá del análisis y la votación del Congreso del Estado.
Las cifras laborales expuestas corresponden a la interpretación presentada por la diputada sobre datos de la ENOE y requieren distinguir entre variaciones en la población ocupada por sector y pérdida de empleos formales registrados.
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