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La diputada del PRI afirmó desde la tribuna del Congreso que el puerto enfrenta una crisis en seguridad, servicios públicos, transparencia y desarrollo económico, por lo que llamó a la coordinación de los tres niveles de gobierno.
Culiacán, Sinaloa.– La diputada local Paola Gárate Valenzuela afirmó que Mazatlán enfrenta una crisis en materia de seguridad, servicios públicos, transparencia y desarrollo económico, situación que atribuyó a años de malas decisiones y omisiones de los gobiernos municipales de Morena.
Durante un posicionamiento en el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, la legisladora sostuvo que el principal destino turístico de la entidad requiere un plan especial de seguridad con la participación de los tres órdenes de gobierno, acompañado de una estrategia para la recuperación económica y turística construida en conjunto con empresarios, trabajadores y la sociedad civil.
"Urge a nuestro municipio emblema del turismo del estado un plan especial de seguridad con la participación y coordinación de los tres órdenes de gobierno que apoye la creación y realización del programa de recuperación económica y turística, construido con empresarios, trabajadores y sociedad civil, que atienda los proyectos detenidos, la pérdida de conectividad y el estancamiento del empleo", expresó.
Gárate Valenzuela señaló que las críticas no obedecen a diferencias partidistas, sino a una evaluación ciudadana que, dijo, exige respuestas y rendición de cuentas.
"No es una diferencia de opiniones entre partidos, es una evaluación ciudadana que merece respuesta, documentos y rendición de cuentas. No pedimos favores: exigimos que el gobierno cumpla su obligación. Morena recibió un municipio con problemas y, después de años en el poder, entrega problemas más grandes, más caros y más dolorosos. Esa cadena de ineficacia debe terminar", puntualizó.
La diputada aseguró que, apenas iniciado el Operativo Vacacional de Verano 2026, en Mazatlán se registraron al menos seis hechos violentos entre ataques armados y homicidios, por lo que consideró que la efectividad de estos despliegues debe medirse por su capacidad para reducir la violencia y brindar seguridad a la población.
En materia financiera, cuestionó que el Ayuntamiento de Mazatlán deba cubrir más de 13.6 millones de pesos derivados de la clausura del Estadio Teodoro Mariscal, ordenada durante la administración del exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres.
"Los funcionarios se van, pero las deudas se quedan", expresó al señalar que serán los ciudadanos quienes absorberán el costo.
Asimismo, abordó la situación del basurón municipal, al recordar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una multa superior a 10.4 millones de pesos y ordenó su clausura definitiva por incumplimientos ambientales. Agregó que el Gobierno del Estado retiró los recursos contemplados para un nuevo relleno sanitario debido a que el municipio no contaba con un proyecto ejecutivo ni con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.
La legisladora sostuvo que una suspensión judicial no resuelve los problemas ambientales ni elimina los riesgos para la salud de las comunidades cercanas al sitio de disposición final de residuos.
También hizo referencia a evaluaciones del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, las cuales, aseguró, documentan retrocesos en materia de transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción.
Finalmente, señaló que este panorama coincide con una disminución en la conectividad carretera, un estancamiento del empleo y un incremento en la percepción de inseguridad entre la población.
"Mazatlán tiene historia, talento y una sociedad que no se rinde. Lo que le falta es un gobierno a la altura de su gente", concluyó.
