SEMARNAT y Conagua plantearon nuevos mecanismos de monitoreo, transparencia y participación ciudadana para fortalecer la protección ambien...
SEMARNAT y Conagua plantearon nuevos mecanismos de monitoreo, transparencia y participación ciudadana para fortalecer la protección ambiental de la Bahía de Ohuira y el seguimiento al proyecto.
Culiacán, Sinaloa.- En el marco de la quinta Mesa de Diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, autoridades del Gobierno de México, del Gobierno de Sinaloa, especialistas, representantes de la empresa, comunidades y organizaciones sociales analizaron el cumplimiento de las autorizaciones ambientales, así como las medidas de protección y supervisión relacionadas con el desarrollo del proyecto.
Durante la sesión, el Supervisor Ambiental acreditado presentó los resultados del seguimiento independiente a la construcción de la planta y explicó las acciones de vigilancia que se realizan para verificar el cumplimiento de las condicionantes ambientales.
Por su parte, la empresa expuso el estado que guarda el proyecto, los avances del seguimiento ambiental y los principales aspectos del Estudio de Riesgo Ambiental, además de detallar las medidas de seguridad industrial previstas, los sistemas de protección, los programas de capacitación, simulacros y la coordinación con Protección Civil y otras industrias de la zona.
Representantes de un colectivo ciudadano expusieron diversos planteamientos jurídicos y ambientales relacionados con el proyecto, entre ellos la protección del sitio Ramsar, el origen de los predios, los recursos legales promovidos, la consulta a comunidades indígenas, la gestión del riesgo, las rutas de evacuación y la preservación del patrimonio biocultural del pueblo Mayo-Yoreme.
En respuesta a estos planteamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), explicó el procedimiento seguido para la evaluación ambiental del proyecto y aclaró que la resolución judicial relacionada con la consulta indígena ordenó reponer dicho procedimiento, sin instruir la realización de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Como parte de las conclusiones de la mesa, la SEMARNAT propuso realizar un nuevo estudio de línea base ambiental para el sistema lagunar de Ohuira con la participación de instituciones académicas, comunidades pesqueras y representantes del pueblo Mayo-Yoreme.
Asimismo, planteó fortalecer la transparencia mediante la publicación permanente de información sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa y crear un comité de vigilancia integrado por autoridades, academia y comunidades para supervisar la ejecución de las medidas ambientales.
La dependencia federal también advirtió que cualquier nuevo proyecto industrial que se pretenda desarrollar en la zona deberá evaluarse de manera integral, considerando los efectos acumulativos del desarrollo industrial en la región.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) propuso implementar un plan integral de saneamiento de la Bahía de Ohuira, que incluiría un diagnóstico conjunto con las comunidades, la revisión de descargas, acciones de restauración ambiental y un sistema permanente de monitoreo de la calidad del agua, con mediciones automáticas cada diez minutos para generar alertas tempranas en tiempo real.
Durante la jornada se destacó que el proceso de diálogo busca garantizar que las decisiones sobre proyectos de alto impacto ambiental se sustenten en la evidencia científica, el cumplimiento de la ley, la transparencia y el respeto a los derechos de las comunidades.
Las autoridades coincidieron en que las autorizaciones ambientales no concluyen la responsabilidad del Estado, sino que requieren una supervisión permanente para verificar que las medidas de prevención, mitigación, compensación, restauración y monitoreo produzcan los resultados previstos.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso de incorporar las propuestas surgidas durante esta mesa de diálogo para fortalecer la gobernanza ambiental de la Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, privilegiando el diálogo, la participación ciudadana y el cumplimiento del marco legal.
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