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Diputadas y diputados dieron primera lectura a un dictamen que fortalece el derecho a la vivienda para mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado, con el propósito de incorporar la perspectiva de género y fortalecer el acceso a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta, elaborada por la Comisión de Vivienda, contempla modificaciones a diversos artículos de la legislación vigente para establecer mecanismos que prioricen a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Entre los principales cambios se establece que la vivienda será considerada un área prioritaria para el desarrollo económico, social y cultural de la entidad, por lo que el Ejecutivo Estatal deberá impulsar políticas públicas en coordinación con los sectores social y privado.
El dictamen también incorpora el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad, definiéndolos como personas con discapacidad, jefas de familia de bajos ingresos, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como adultos mayores.
Asimismo, se plantea fortalecer la coordinación entre el Estado y los municipios para impulsar programas de vivienda tanto en zonas urbanas como rurales, además de promover la participación de comunidades con altos índices de marginación en proyectos de mejoramiento de vivienda e infraestructura.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación del artículo 54 Bis, mediante el cual se establece la responsabilidad del Estado de implementar mecanismos que garanticen el acceso a una vivienda adecuada, digna y decorosa para mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y, de manera especial, para las jefas de familia.
De igual forma, el dictamen incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación dentro de la política estatal de vivienda, además de ampliar los sectores prioritarios para el acceso a programas de financiamiento y apoyos gubernamentales.
La iniciativa continuará su proceso legislativo antes de ser sometida a discusión y votación por el Pleno del Congreso.
