.png)
El oficialismo prevé aprobar en agosto cambios legales que limitarían la participación de partidos opositores en los procesos electorales; l...
El oficialismo prevé aprobar en agosto cambios legales que limitarían la participación de partidos opositores en los procesos electorales; la medida ha generado críticas dentro y fuera del país.
Managua, Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua avanza en una reforma legal que impediría la participación de partidos opositores en futuros procesos electorales, una iniciativa impulsada por el presidente Daniel Ortega y respaldada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional y el organismo electoral, ambos controlados por el oficialismo, iniciaron la definición de las reformas que, de acuerdo con la copresidenta Rosario Murillo, buscan evitar que las elecciones sean influenciadas por intereses extranjeros.
Murillo aseguró que el país celebrará únicamente procesos electorales organizados "desde nuestra soberanía nacional", al tiempo que rechazó las críticas emitidas por Estados Unidos, cuyo gobierno advirtió que no permanecerá "de brazos cruzados" ante las nuevas medidas promovidas por el Ejecutivo nicaragüense.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, informó que las modificaciones serán sometidas a votación durante la primera semana de agosto, con el objetivo de cerrar cualquier posibilidad de influencia externa en la política interna del país.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega reiteró que no permitirá procesos electorales en los que participen actores que, según dijo, actúan en favor de intereses estadounidenses, a quienes calificó como "vendepatrias" y "golpistas".
Las declaraciones provocaron nuevas reacciones de organismos internacionales y sectores opositores, quienes consideran que las reformas profundizarían las restricciones a la competencia política en Nicaragua.
Ortega, de 80 años, gobierna el país desde 2007 y ha sido reelecto en tres ocasiones. En los comicios de 2021, diversos aspirantes presidenciales fueron detenidos o inhabilitados antes de la elección, lo que permitió su reelección sin contendientes de peso.
Organizaciones opositoras y líderes exiliados sostienen que las nuevas reformas buscan consolidar un sistema de partido único y limitar aún más la participación política, además de incrementar el exilio de dirigentes y la migración de ciudadanos nicaragüenses.
Desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 personas fallecidas, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Ortega y Rosario Murillo ha sido señalado por organismos internacionales por el cierre de espacios democráticos, la cancelación de organizaciones civiles, el cierre de medios de comunicación y la persecución de voces críticas.
