El diputado federal presentó un Punto de Acuerdo para exigir que las autoridades informen los resultados de los retenes, investiguen presunt...
El diputado federal presentó un Punto de Acuerdo para exigir que las autoridades informen los resultados de los retenes, investiguen presuntos abusos en el Valle del Carrizo y refuercen la rendición de cuentas en los operativos de seguridad.
Ciudad de México. El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitar que las autoridades federales transparenten la operación de los retenes instalados en Sinaloa, hagan públicos sus resultados e investiguen presuntos actos de abuso de autoridad registrados recientemente en el municipio de Ahome.
La propuesta plantea que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) informen a la ciudadanía sobre los criterios técnicos, jurídicos y de inteligencia que sustentan la instalación y permanencia de estos puntos de revisión.
Asimismo, solicita que se den a conocer las estadísticas relacionadas con personas detenidas, armas aseguradas, decomisos de droga, vehículos recuperados con reporte de robo, costos operativos e indicadores utilizados para medir la efectividad de esta estrategia de seguridad.
Zamora Gastélum argumentó que los retenes deben generar resultados verificables y fortalecer la confianza ciudadana, además de combatir la delincuencia.
"Los sinaloenses queremos vivir seguros, pero también queremos instituciones que actúen con legalidad, profesionalismo y con un respeto irrestricto a la dignidad de las personas. La autoridad debe generar confianza y tranquilidad, no temor en las familias que transitan por nuestras carreteras", expresó.
El legislador recordó que el 11 de diciembre de 2023 el Gobierno de Sinaloa reconoció públicamente la existencia de denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas extorsiones y malos tratos en retenes carreteros, además de pronunciarse a favor del respeto al derecho constitucional al libre tránsito.
Sin embargo, consideró que las medidas implementadas desde entonces no han sido suficientes.
"A casi tres años de ese pronunciamiento oficial, la realidad demuestra que las medidas adoptadas han sido insuficientes. Hoy la pregunta sigue vigente: ¿qué resultados concretos y medibles están dando estos retenes para mejorar la seguridad de las familias sinaloenses?", señaló.
Pide investigar caso del Valle del Carrizo
El Punto de Acuerdo también solicita que la Fiscalía General de la República y los órganos internos de control competentes investiguen los hechos ocurridos recientemente en el Poblado 5, Valle del Carrizo, municipio de Ahome, donde se denunció un presunto uso excesivo de la fuerza durante un operativo.
Además, plantea la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para determinar si existieron violaciones a derechos humanos y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes.
Solicita claridad sobre personal auxiliar
Otro de los planteamientos centrales de la iniciativa consiste en transparentar la participación de personas auxiliares o colaboradores que participan en retenes federales.
El legislador pidió que las autoridades informen bajo qué fundamento legal desempeñan esas funciones, cuáles son sus responsabilidades, quién supervisa su actuación y si cuentan con acreditación, capacitación y mecanismos de identificación institucional.
También propuso que, en caso de tratarse de personal que colabora de manera permanente, se transparente su situación laboral, incluyendo el régimen bajo el cual prestan sus servicios y si cuentan con prestaciones como seguridad social, ISSSTE y FOVISSSTE.
Finalmente, Mario Zamora sostuvo que fortalecer a las instituciones de seguridad también implica garantizar reglas claras, transparencia y rendición de cuentas.
"Respaldamos a quienes todos los días arriesgan su vida para proteger a las familias mexicanas. Precisamente por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar que toda actuación se realice con estricto apego a la ley, con transparencia y con pleno respeto a los derechos humanos. La seguridad debe dar resultados, no miedo; y una estrategia eficaz también debe rendir cuentas", concluyó.
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