.png)
Perspectiva Económica Elena Arriaga El pasado 1 de julio ocurrió algo que México no debería minimizar: Estados Unidos decidió no respaldar l...
Elena Arriaga
El pasado 1 de julio ocurrió algo que México no debería minimizar: Estados Unidos decidió no respaldar la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en sus términos actuales.
No significa que el T-MEC haya terminado. Tampoco implica que las mercancías mexicanas hayan perdido de un día para otro el acceso preferencial al mercado estadounidense. El acuerdo permanece vigente y, jurídicamente, puede continuar operando hasta 2036. Sin embargo, la decisión estadounidense abrió una etapa distinta: el tratado dejó de ser una plataforma cuya continuidad podía darse por descontada y se convirtió en una negociación permanente sobre las condiciones futuras de la integración norteamericana.
Esa diferencia puede parecer técnica, pero económicamente es profunda.
Los inversionistas no esperan a que un tratado desaparezca para modificar sus decisiones. Reaccionan mucho antes. Observan la dirección de las negociaciones, calculan riesgos regulatorios, estiman posibles aranceles y revisan si una planta diseñada para operar durante veinte o treinta años seguirá teniendo acceso competitivo a su principal mercado.
Por eso, la pregunta relevante no es si el T-MEC continúa vigente. La verdadera pregunta es cuánta incertidumbre puede soportar la economía mexicana antes de que algunas inversiones sean aplazadas, redimensionadas o dirigidas hacia otros destinos.
Una revisión que se convirtió en negociación
La revisión sexenal estaba contemplada desde la entrada en vigor del tratado, el 1 de julio de 2020. Su propósito formal era evaluar el funcionamiento del acuerdo y decidir si los tres países recomendaban extender su vigencia por otros 16 años.
En teoría, se trataba de una revisión.
En la práctica, se ha convertido en una negociación.
Estados Unidos ha colocado sobre la mesa temas que van mucho más allá de una evaluación administrativa: el déficit comercial con México, las reglas de origen de la industria automotriz, el comercio de acero y aluminio, la seguridad económica, la participación de insumos chinos en las cadenas regionales y la compatibilidad regulatoria en sectores estratégicos.
Esto revela el cambio de fondo.
Durante décadas, la política comercial estadounidense buscó facilitar el intercambio y reducir barreras. Hoy se utiliza también como una herramienta de seguridad nacional, política industrial y contención de China.
El objetivo de Washington ya no consiste solamente en comprar y vender más dentro de Norteamérica. Busca determinar qué se produce, con qué componentes, bajo qué controles, en qué territorio y quién obtiene el mayor beneficio de cada cadena productiva.
México tendrá que negociar dentro de esa nueva realidad.
El déficit comercial como argumento político
Estados Unidos ha señalado que uno de sus objetivos es reducir su déficit comercial con México. Desde una perspectiva económica, el déficit bilateral no demuestra por sí mismo que una relación sea injusta. Puede reflejar diferencias en consumo, ahorro, inversión, tipos de cambio, especialización productiva y funcionamiento de cadenas regionales.
Una parte importante de lo que México exporta incorpora maquinaria, tecnología, servicios, componentes y propiedad intelectual estadounidenses. Un vehículo ensamblado en México no es necesariamente un producto exclusivamente mexicano: es el resultado de una cadena que cruza varias veces las fronteras antes de llegar al consumidor.
Pero la discusión no se desarrollará únicamente en términos económicos.
El déficit posee una enorme utilidad política en Estados Unidos porque permite presentar el comercio como una competencia entre ganadores y perdedores. Bajo esa narrativa, cada dólar importado puede describirse como producción que dejó de realizarse dentro del territorio estadounidense.
México enfrenta entonces un problema complejo: deberá defender una relación productiva profundamente integrada ante un gobierno que evalúa sus resultados con criterios nacionales y no necesariamente regionales.
La respuesta mexicana no puede limitarse a señalar que el comercio bilateral ha crecido. Debe demostrar que las plantas establecidas en México fortalecen cadenas norteamericanas, compran insumos estadounidenses, reducen la dependencia de Asia y elevan la competitividad conjunta frente a China y otras regiones.
El argumento más poderoso no será que México necesita al mercado estadounidense. Será demostrar que Estados Unidos también necesita la capacidad industrial, logística y laboral mexicana.
La industria automotriz será uno de los campos de batalla
La industria automotriz concentra buena parte de las tensiones porque resume prácticamente todos los dilemas de la revisión: contenido regional, salarios, empleo, automatización, acero, aluminio, baterías, semiconductores, vehículos eléctricos e insumos asiáticos.
Estados Unidos busca que una mayor proporción del valor de los vehículos vendidos dentro de la región se genere en Norteamérica y, particularmente, en territorio estadounidense. México, por su parte, necesita proteger un modelo industrial construido durante décadas alrededor de la integración transfronteriza.
Endurecer excesivamente las reglas de origen podría generar un resultado contrario al esperado.
Cuando cumplir con una regla comercial se vuelve demasiado costoso, algunas empresas pueden optar por pagar el arancel general en lugar de reorganizar toda su cadena de suministro. También podrían encarecerse los vehículos producidos en Norteamérica, debilitando su competencia frente a unidades importadas desde otras regiones.
El desafío consiste en elevar el contenido regional sin destruir la eficiencia que convirtió a Norteamérica en una de las principales plataformas automotrices del mundo.
México debe defender su posición, pero también reconocer que conservar el modelo actual sin modificaciones será difícil. La negociación probablemente exigirá mayores controles de trazabilidad, nuevas obligaciones sobre el origen de componentes y una vigilancia más estricta sobre productos asiáticos que ingresen a Norteamérica mediante procesos mínimos de transformación.
China está sentada en la mesa, aunque no sea parte del tratado
La presencia económica de China será uno de los asuntos decisivos.
Estados Unidos observa con preocupación que empresas chinas utilicen a México como plataforma de producción para ingresar al mercado norteamericano. La inquietud no se limita a vehículos eléctricos. Incluye autopartes, acero, aluminio, electrónicos, baterías, telecomunicaciones, maquinaria y productos estratégicos.
Para México, esta situación crea una tensión difícil de administrar.
El país necesita inversión, tecnología, infraestructura y diversificación comercial. No puede renunciar simplemente a todo capital chino. Pero tampoco puede ignorar que su principal ventaja económica proviene del acceso preferencial a Estados Unidos.
La geografía ha definido una jerarquía.
México puede ampliar sus relaciones con Asia y Europa, pero ningún mercado sustituye en el corto plazo la escala, proximidad e integración de Estados Unidos. Por ello, cualquier estrategia industrial que coloque en riesgo el acceso norteamericano tendría un costo considerablemente mayor que los beneficios de atraer inversiones aisladas.
La solución no debería ser prohibir capitales por su nacionalidad, sino establecer reglas transparentes sobre seguridad, contenido regional, transferencia tecnológica, origen de componentes y sectores estratégicos.
México necesita una política industrial propia. No puede limitarse a elegir entre obedecer a Estados Unidos o abrir indiscriminadamente la puerta a China.
El tratado sigue vigente, pero la incertidumbre ya tiene precio
Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que no existe un problema mientras el tratado siga formalmente en operación.
La economía funciona de otra manera.
Una empresa que evalúa construir una planta no observa únicamente las reglas actuales. Analiza el horizonte completo de recuperación de su inversión. Si existe la posibilidad de que las condiciones comerciales cambien, aumentará la rentabilidad exigida, reducirá el monto del proyecto o esperará una señal más clara.
Esa es la manera en que la incertidumbre se convierte en costo.
No siempre aparece inmediatamente en las cifras de inversión. Primero se manifiesta en decisiones aplazadas, ampliaciones que no se anuncian, empleos que no llegan y proyectos que permanecen en los escritorios corporativos.
Banco de México ha reconocido que una revisión exitosa del T-MEC, acompañada de menor incertidumbre comercial, constituiría un factor favorable para la actividad económica. La lectura inversa también es válida: una negociación prolongada o conflictiva podría limitar la inversión y debilitar las perspectivas de crecimiento.
México enfrenta esta revisión con una economía que necesita inversión productiva, infraestructura, energía confiable y mayor crecimiento. No posee el lujo de prolongar indefinidamente la incertidumbre.
No todos los estados enfrentarán el mismo riesgo
El impacto tampoco será uniforme.
Los estados industriales del norte y del Bajío tienen una exposición directa por su vinculación con los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, metalúrgico, médico y logístico. Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí sentirán con mayor intensidad cualquier modificación de reglas de origen o condiciones de acceso.
Pero los estados agroexportadores también deben observar la negociación.
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Sonora y Baja California dependen de cadenas agrícolas conectadas con Estados Unidos. Una controversia sanitaria, una medida antidumping, un cambio regulatorio o una restricción estacional puede alterar precios, contratos y volúmenes de exportación.
El T-MEC no es únicamente un tratado para las armadoras.
También sostiene empleos en el campo, transporte, almacenamiento, refrigeración, aduanas, servicios profesionales, puertos y pequeñas empresas proveedoras. Su importancia no se mide sólo por el valor de las exportaciones, sino por la red de actividades que dependen de ellas.
México debe llegar con una estrategia, no solamente con una defensa
La peor estrategia sería asumir una posición exclusivamente defensiva.
México no puede limitarse a pedir que todo permanezca igual. Debe identificar aquello que está dispuesto a modificar, los sectores que considera irrenunciables y las concesiones que solicitará a cambio.
La revisión también ofrece oportunidades.
México podría impulsar una mayor integración energética, reglas comunes para semiconductores, infraestructura fronteriza moderna, digitalización aduanera, homologación regulatoria, reconocimiento de certificaciones y mecanismos que faciliten la participación de pequeñas y medianas empresas.
También debería plantear un sistema regional de sustitución competitiva de importaciones asiáticas. No se trata de cerrar Norteamérica, sino de producir dentro de la región una mayor cantidad de bienes estratégicos que actualmente se adquieren fuera de ella.
Pero para aprovechar esa oportunidad, México tiene tareas internas pendientes.
No basta con negociar acceso comercial si las empresas enfrentan problemas de electricidad, agua, carreteras, inseguridad, lentitud aduanera, incertidumbre jurídica o falta de personal especializado.
El tratado puede abrir la puerta. No puede obligar a las inversiones a cruzarla.
El plazo real es político, no jurídico
Jurídicamente, el T-MEC puede mantenerse vigente hasta 2036. Sin embargo, ese horizonte puede resultar engañoso.
La negociación relevante ocurrirá mucho antes.
Estados Unidos y México tienen prevista una nueva ronda bilateral durante la semana del 20 de julio. Washington ha dejado claro que continuará negociando para atender lo que considera deficiencias del acuerdo antes de aceptar su extensión.
Cada ronda definirá las expectativas de los mercados.
Si aparecen avances, compromisos concretos y una ruta hacia la renovación, la incertidumbre comenzará a disminuir. Si surgen amenazas, exigencias crecientes o desacuerdos públicos, el riesgo se trasladará a decisiones de inversión, tipo de cambio y planes empresariales.
La negociación comercial se desarrollará así en dos espacios paralelos.
Uno estará en las mesas oficiales.
El otro estará en los consejos de administración de las empresas.
La verdadera amenaza no es perder el tratado mañana
El mayor riesgo para México no es que el T-MEC desaparezca de forma inmediata.
El riesgo es permanecer durante años en una condición de incertidumbre suficiente para frenar inversiones, pero no lo bastante grave para provocar una respuesta urgente.
Una economía puede adaptarse a una crisis abierta. Lo más difícil es desenvolverse en una espera prolongada, donde nadie conoce las reglas futuras y cada empresa decide protegerse antes de invertir.
México conserva ventajas extraordinarias: ubicación geográfica, capacidad manufacturera, experiencia exportadora, una extensa red de tratados, talento industrial y una integración construida durante más de tres décadas.
Pero las ventajas geográficas no garantizan resultados.
La revisión del T-MEC obliga al país a decidir qué tipo de socio quiere ser dentro de Norteamérica: una plataforma de bajo costo, un territorio de ensamblaje o una potencia industrial capaz de desarrollar tecnología, proveedores, energía e innovación.
Estados Unidos ya mostró que no aceptará renovar el acuerdo automáticamente.
México debe responder con serenidad, inteligencia y firmeza. Sin dramatizar, pero tampoco restando importancia a la señal.
El T-MEC no murió el 1 de julio.
Lo que terminó fue la etapa en la que México podía considerar asegurada su continuidad.
A partir de ahora, la certidumbre tendrá que negociarse, demostrarse y construirse. Y en economía, cuando la certidumbre deja de darse por sentada, alguien comienza a pagar por su ausencia.
Elena Arriaga
