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Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados denunciaron que la reforma al artículo 127 de la Constitución redujo entre 50 y 70 por ciento sus pensiones. Acusaron que la medida viola derechos laborales adquiridos y criticaron el respaldo de legisladores federales sinaloenses.
Mazatlán, Sinaloa. Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se manifestaron este lunes en Mazatlán para expresar su rechazo a la reforma al artículo 127 de la Constitución, conocida por el Gobierno Federal como la reforma contra las denominadas "pensiones doradas", al asegurar que ha afectado derechos laborales adquiridos durante décadas de servicio.
Durante una conferencia de prensa, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalaron que la modificación constitucional provocó reducciones de entre 50 y 70 por ciento en las pensiones de aproximadamente 93 mil jubilados de organismos federales en el país.
Los inconformes afirmaron que la justificación utilizada por las autoridades fue establecer que ningún pensionado del sector público puede percibir ingresos superiores a la mitad del salario de la titular del Poder Ejecutivo Federal.
El integrante del movimiento Arnoldo León Rodríguez criticó el actuar de los legisladores federales de Sinaloa, al considerar que respaldaron la reforma sin analizar sus implicaciones para los trabajadores jubilados.
"Llegó una instrucción para aprobarla fast track. En menos de un mes pasó por la Cámara de Diputados, el Senado y más de 20 congresos estatales, cuando hay reformas que tardan años en discutirse", sostuvo.
Los manifestantes señalaron que la principal inconformidad radica en que la reforma, aseguran, aplica de manera retroactiva, modificando condiciones establecidas en contratos colectivos de trabajo que fueron obtenidos tras años de servicio y negociación.
Indicaron que entre los afectados existen jubilados de instituciones como CFE, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Banobras y Bancomext, quienes consideran que la reducción de sus pensiones vulnera derechos previamente adquiridos.
Asimismo, acusaron que la reforma resulta discriminatoria porque, afirmaron, no fue aplicada a integrantes de las Fuerzas Armadas ni del Poder Judicial, lo que, a su juicio, genera un trato desigual entre servidores públicos.
Los representantes de la Alianza también señalaron que, tras las modificaciones a la Ley de Amparo aprobadas en 2025, existen mayores obstáculos para impugnar jurídicamente este tipo de reformas, situación que, aseguraron, limita las posibilidades de defensa de los jubilados.
La reforma al artículo 127 de la Constitución establece un límite a las pensiones de determinados exfuncionarios públicos y trabajadores de organismos estatales, con el propósito de que ninguna prestación supere el monto fijado por la legislación vigente.
