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Los cambios incluyen ajustes a la elección judicial, mecanismos de revisión de candidaturas y nuevas causales para anular elecciones por injerencia extranjera
Ciudad de México.- Las recientes reformas constitucionales en materia electoral y judicial ya forman parte del marco jurídico mexicano. Así lo informó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien señaló que los cambios aprobados por el Congreso de la Unión y respaldados por la mayoría de los congresos estatales tienen como propósito fortalecer la transparencia, ampliar la participación ciudadana y proteger la integridad de los procesos democráticos.
Las modificaciones se concentran en tres ejes fundamentales: la organización de las elecciones para integrantes del Poder Judicial, la revisión preventiva de candidaturas y la nulidad de elecciones cuando exista intervención extranjera que influya en los resultados.
En materia judicial, uno de los cambios más relevantes consiste en aplazar hasta 2028 la siguiente elección de integrantes del Poder Judicial, con el objetivo de evitar que coincida con los comicios intermedios federales. Asimismo, se contempla reducir el número de candidaturas que aparecerán en las boletas, simplificar su diseño y homologar los criterios de evaluación de aspirantes mediante procedimientos comunes para los distintos poderes encargados de realizar postulaciones.
La reforma también establece que la votación judicial se llevará a cabo en las mismas casillas utilizadas para las elecciones ordinarias y que los sufragios serán contabilizados en el lugar donde se emitan, con el propósito de agilizar los procesos y generar mayor confianza entre la ciudadanía.
Otro de los cambios crea un mecanismo de verificación preventiva para las candidaturas a cargos de elección popular. A través de este esquema, los partidos políticos podrán solicitar información que permita identificar posibles riesgos relacionados con las personas que buscan contender en un proceso electoral.
Para ello, el Instituto Nacional Electoral fungirá como enlace entre los partidos y diversas autoridades vinculadas a la seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera. La información obtenida será confidencial y la decisión final sobre el registro de las candidaturas continuará siendo responsabilidad de cada fuerza política.
De acuerdo con las autoridades federales, esta medida busca impedir que personas con presuntos vínculos ilícitos puedan acceder a cargos públicos mediante el voto ciudadano.
La tercera reforma incorpora expresamente la posibilidad de anular elecciones federales o locales cuando se acredite que existió una intervención extranjera capaz de influir en el resultado de los comicios. Aunque esta prohibición ya se encontraba prevista en la Constitución, ahora se establece de manera específica que dicha conducta puede derivar en la nulidad de una elección si así lo determinan las autoridades electorales competentes.
Las autoridades precisaron que los criterios para aplicar esta nueva disposición serán definidos posteriormente a través de leyes secundarias, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y evitar interpretaciones discrecionales en futuros procesos electorales.
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