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La diputada señaló que alrededor de 84 mil personas han abandonado Sinaloa debido a la violencia y lamentó que una resolución de la Suprema Corte no obligue al Estado mexicano a fortalecer la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada local Paola Gárate Valenzuela advirtió que el desplazamiento forzado continúa siendo una de las crisis humanitarias más graves que enfrenta Sinaloa, al señalar que estimaciones académicas indican que cerca de 84 mil personas han abandonado la entidad a consecuencia de la violencia.
En conferencia de prensa, la legisladora expresó su preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el amparo en revisión 269/2025, mediante el cual se buscaba obligar al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a fortalecer el marco legal e institucional para atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno.
Explicó que dicho recurso planteaba la necesidad de contar con una legislación específica, instituciones especializadas y recursos presupuestales destinados a quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares por motivos de violencia o conflictos.
Gárate Valenzuela consideró que la decisión de la Corte deja en una situación de vulnerabilidad a miles de familias al no establecer una obligación concreta para que el Estado mexicano implemente mecanismos efectivos de atención, protección y reparación.
“Las familias existen, las comunidades afectadas existen y el problema está documentado, pero hoy siguen sin contar con una respuesta suficiente por parte del Estado”, manifestó.
La diputada recordó que el Informe Mundial sobre los Desplazamientos Internos documentó que durante 2025 alrededor de 390 mil personas en México abandonaron sus hogares por situaciones relacionadas con violencia y conflictos.
Respecto a Sinaloa, señaló que investigaciones elaboradas por la académica Cristina Ibarra, basadas en información del INEGI y análisis satelitales, estiman que aproximadamente 84 mil personas han salido del estado, situación que ha generado impactos sociales, económicos y demográficos en diversas regiones.
Asimismo, indicó que organizaciones de familias desplazadas han denunciado de manera constante la insuficiencia de recursos destinados a su atención, así como la ausencia de una estrategia nacional que permita complementar los esfuerzos realizados por gobiernos estatales y municipales.
Ante este panorama, hizo un llamado a impulsar una Ley General en materia de Desplazamiento Forzado Interno, establecer un registro nacional de víctimas, crear una institución especializada y garantizar recursos presupuestales permanentes para atender esta problemática.
“La realidad de las familias desplazadas no se resuelve con argumentos jurídicos. Necesitan atención, acompañamiento y políticas públicas que respondan a la dimensión de esta crisis”, sostuvo.
Finalmente, reiteró que el desplazamiento forzado no puede seguir siendo tratado como un fenómeno invisible y urgió a las autoridades federales a asumir una responsabilidad más activa frente a una problemática que continúa afectando a miles de mexicanos.
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