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La senadora priista y representantes de organizaciones civiles sostienen que la entidad enfrenta una situación crítica de violencia, desapariciones y afectaciones económicas que exige la intervención de las instituciones federales.
Culiacán, Sinaloa.- La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, manifestó su respaldo a la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa promovida por organizaciones civiles y la Alianza Mexicana de Abogados, al considerar que la entidad atraviesa una crisis de violencia e inseguridad que ha dejado profundas consecuencias sociales y económicas.
Durante un posicionamiento público, la legisladora señaló que, tras 631 días de confrontaciones derivadas de la denominada narcoguerra, la población sinaloense continúa enfrentando escenarios de violencia, incertidumbre y falta de justicia.
Paloma Sánchez afirmó que los indicadores reflejan la gravedad de la situación, al referir cifras de homicidios, desapariciones, robo de vehículos, afectaciones al sector empresarial y pérdida de empleos.
La senadora sostuvo que miles de familias han sido impactadas por la inseguridad y consideró necesario que las autoridades federales analicen la situación que enfrenta el estado.
Por su parte, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, calificó el contexto actual como una de las etapas más difíciles en la historia reciente de Sinaloa.
Aseguró que la violencia ha provocado desplazamientos de población, afectaciones a actividades productivas y un ambiente de temor que impacta a distintos sectores sociales.
Beltrán Verduzco recordó que en septiembre de 2025 miles de ciudadanos participaron en una movilización para exigir mejores condiciones de seguridad y el restablecimiento de la paz en la entidad.
Asimismo, informó que organizaciones ciudadanas presentaron formalmente la solicitud de desaparición de poderes, argumentando que existe un deterioro institucional que amerita la revisión de los mecanismos constitucionales correspondientes.
Los promoventes también señalaron que han acudido ante la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a denuncias previamente interpuestas contra exfuncionarios y servidores públicos, además de solicitar investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con grupos delictivos.
De acuerdo con los representantes de la sociedad civil, la petición cuenta con el respaldo de diversos sectores, entre ellos organizaciones ciudadanas, empresarios y profesionistas.
Indicaron que el propósito de la solicitud es generar condiciones que permitan recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y crear un entorno favorable para la reactivación económica y social de Sinaloa.
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