Especialistas en migración alertan que la nueva política podría afectar a cientos de miles de personas cada año, al obligarlas a regresar a ...
Especialistas en migración alertan que la nueva política podría afectar a cientos de miles de personas cada año, al obligarlas a regresar a sus países de origen para concluir sus trámites de residencia permanente.
Washington, D.C.- Una nueva disposición impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación entre organizaciones migratorias y especialistas, luego de que entrara en vigor una política que obliga a numerosos solicitantes de residencia permanente, conocida como green card, a abandonar territorio estadounidense mientras esperan una resolución de sus casos.
La medida elimina, para diversos casos, la posibilidad de realizar el llamado ajuste de estatus migratorio dentro de Estados Unidos, obligando a los solicitantes a continuar el trámite desde consulados estadounidenses ubicados en sus países de origen.
De acuerdo con expertos consultados por la agencia EFE, la decisión rompe con una práctica migratoria vigente desde 1952 y podría impactar a cientos de miles de personas cada año.
Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y políticas migratorias del Economic Policy Institute (EPI), señaló que la disposición tendrá consecuencias significativas para trabajadores y familias.
“Va a complicar las vidas de mucha gente porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar remoto en otro país, probablemente perderán su empleo. Además, podrían permanecer separados de sus familias durante meses o incluso años”, advirtió.
Más de medio millón podrían verse afectados
Según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, durante el año fiscal 2024 más de 782 mil personas obtuvieron la residencia permanente mediante el ajuste de estatus dentro del país, equivalente al 58 por ciento del total de nuevas residencias otorgadas.
Aunque todavía no existe una cifra oficial sobre el alcance exacto de la medida, especialistas estiman que más de medio millón de migrantes por año podrían verse afectados.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó que el impacto será especialmente severo para familiares directos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores con empleo formal, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), personas con permisos humanitarios y migrantes con largos periodos de residencia en Estados Unidos.
Preocupa falta de claridad en la aplicación
Representantes de AILA señalaron que el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presenta ambigüedades sobre quiénes estarán sujetos a la nueva disposición y cuáles serán las excepciones.
Además, advirtieron que el proceso consular puede representar largos periodos de espera, riesgos de inadmisibilidad y separación familiar prolongada.
“Esto no es simplemente comprar un boleto de avión y esperar una respuesta. Para muchas personas significa meses o años lejos de sus esposos, hijos, empleadores y comunidades”, señaló Benjamin Johnson, director ejecutivo de la organización.
Ven estrategia para reducir la migración legal
Analistas consideran que la medida forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para restringir no solo la migración irregular, sino también los mecanismos de migración legal.
Entre las acciones citadas se encuentran las restricciones al asilo en la frontera con México, la reducción de programas de protección temporal, las limitaciones a refugiados y diversas medidas relacionadas con la emisión de visas.
Especialistas también advirtieron sobre posibles consecuencias económicas, al considerar que la reducción de la fuerza laboral migrante podría afectar distintos sectores productivos de Estados Unidos.
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