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El Consejo General concluyó que no existieron pruebas suficientes para acreditar el uso de recursos de procedencia ilegal; también exoneró a Morena y a David León Romero.
Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió desechar el procedimiento especial sancionador iniciado en contra de Martín López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al determinar que no se acreditó el uso de recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral de 2018.
La resolución también declaró infundadas las denuncias promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes señalaban un presunto financiamiento irregular a favor del movimiento encabezado por el entonces candidato presidencial.
No encontraron pruebas de recursos ilícitos
El proyecto, elaborado por el consejero Uuc-kib Espadas, fue aprobado por unanimidad en lo general por el Consejo General del INE.
La autoridad electoral concluyó que, tras las investigaciones realizadas, no fue posible acreditar que Martín López Obrador hubiera recibido recursos de origen ilícito o que existiera una violación a la legislación electoral.
En consecuencia, el órgano electoral también eximió de responsabilidad a David León Romero y al partido Morena.
El caso surgió tras la difusión de un video
La controversia se originó en 2020, cuando se difundió un video en el que se observa a David León Romero entregar dinero en efectivo a Martín López Obrador.
Posteriormente, el medio Latinus publicó una investigación en la que señaló que entre 2013 y 2018 el hermano del entonces candidato presidencial habría recibido más de 150 mil dólares en efectivo, presuntamente para apoyar actividades del movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Las denuncias derivadas de esos hechos dieron origen al procedimiento administrativo que ahora fue concluido por el INE.
Procedimiento queda concluido
De acuerdo con la resolución aprobada por el Consejo General, las diligencias practicadas no permitieron demostrar que los recursos entregados constituyeran financiamiento ilícito o una infracción a la normativa electoral.
Con ello, el órgano electoral dio por concluido el procedimiento sancionador.
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