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Una investigación periodística publicada en Estados Unidos señala que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, son objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses. El reporte también menciona la presunta revocación de sus visas y el uso de un mecanismo migratorio especial para ingresar a territorio norteamericano.
Una investigación difundida por los periódicos Los Angeles Times y Puente News Collaborative sostiene que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, enfrentan investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos relacionadas con presuntos delitos distintos, en un contexto que también ha incluido señalamientos hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con la publicación, Alfonso Durazo sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que Américo Villarreal enfrentaría indagatorias relacionadas con supuestas actividades de contrabando de combustible.
El trabajo periodístico cita fuentes cuya identidad se mantiene reservada debido a la naturaleza de las investigaciones. Según dichas fuentes, ambos mandatarios habrían perdido sus visas estadounidenses como parte de los procedimientos en curso.
El reporte advierte que cualquier acción emprendida contra gobernadores en funciones podría tener implicaciones políticas para el partido gobernante y convertirse en un nuevo factor de tensión dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Uno de los aspectos que destaca la investigación es la referencia al programa migratorio denominado Significant Public Benefit Parole, un mecanismo excepcional utilizado por autoridades estadounidenses para permitir el ingreso temporal de personas cuya presencia se considera de interés público significativo.
Según el reportaje, este esquema permite que personas sin estatus migratorio regular o con restricciones específicas puedan ingresar al país para colaborar en procesos judiciales o de investigación. Las fuentes consultadas señalaron que tanto Durazo como Villarreal tendrían acceso a este mecanismo especial.
En el caso de Durazo, la publicación asegura que continuaría realizando viajes frecuentes a Estados Unidos para recibir atención médica utilizando dicho permiso. Respecto a Villarreal, el trabajo periodístico sostiene que también contaría con acceso a este beneficio migratorio excepcional.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido información pública que confirme las investigaciones mencionadas en el reportaje, ni los gobernadores señalados han sido acusados formalmente ante tribunales de Estados Unidos por los hechos descritos. Asimismo, no existe información oficial disponible que confirme la presunta revocación de visas señalada por las fuentes citadas en la investigación.
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