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Legisladores de PAS, PRI y Morena respaldan la eliminación de pagos por grúa y pensión, aunque advierten que aún quedan pendientes otras car...
Legisladores de PAS, PRI y Morena respaldan la eliminación de pagos por grúa y pensión, aunque advierten que aún quedan pendientes otras cargas económicas para las víctimas.
Culiacán, Sinaloa.- Diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que las personas afectadas por el robo de vehículos no deben seguir enfrentando cobros adicionales para recuperar su patrimonio, al fijar sus posicionamientos durante la discusión de las reformas que exentan del pago de grúa, pensión y búsqueda de información a las víctimas de este delito.
Durante el debate legislativo, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, señaló que el robo de vehículos representa una de las conductas delictivas con mayor impacto social debido a las afectaciones económicas y emocionales que provoca en las víctimas.
Expuso que, además de la pérdida patrimonial, en muchos casos existe violencia durante la comisión del delito y, cuando las unidades son recuperadas, los propietarios deben enfrentar gastos imprevistos para poder recuperarlas.
“Las víctimas no tienen por qué cargar con los costos de un hecho que no provocaron”, sostuvo la legisladora, al respaldar la reforma aprobada por unanimidad.
Por su parte, la diputada Paola Gárate Valenzuela, del PRI, reconoció que la eliminación de estos cobros representa un avance para las víctimas, aunque consideró que aún existen aspectos que deben revisarse para brindar una atención integral a quienes sufren el robo de una unidad.
La legisladora señaló que las personas afectadas continúan enfrentando gastos derivados de la reposición de documentos, placas e incluso trámites administrativos cuando los vehículos no son recuperados.
“Es un avance, pero es insuficiente porque no corrige todo, solamente una parte del problema que enfrentan las familias”, manifestó durante su intervención.
En representación de Morena, el diputado Hólincer Castro Marañón afirmó que la reforma corrige una práctica que durante años generó una carga económica adicional para quienes ya habían sido víctimas de un delito.
Destacó que un vehículo no solamente constituye un bien patrimonial, sino que en muchos casos es una herramienta de trabajo, un medio indispensable para la movilidad familiar y una fuente de sustento económico.
El legislador señaló que la aprobación de estas modificaciones legales establece una base jurídica para evitar que la recuperación de una unidad robada dependa de la capacidad económica de la víctima.
Con las intervenciones de las tres fuerzas políticas, el Congreso del Estado mostró coincidencias en torno a la necesidad de fortalecer la protección a las víctimas del robo de vehículos y reducir los costos derivados de los procesos de recuperación de las unidades.
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