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La Estrategia Nacional Contra la Extorsión permitió la captura de mil 468 personas entre julio de 2025 y mayo de 2026, incluyendo siete presidentes municipales en funciones, exfuncionarios y servidores públicos vinculados con redes de extorsión.
La Estrategia Nacional Contra la Extorsión implementada por el Gobierno de México ha permitido la detención de mil 468 personas presuntamente implicadas en este delito durante los últimos diez meses, entre ellas 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos siete presidentes municipales en funciones, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, el funcionario presentó un balance de los resultados obtenidos del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026, periodo en el que las autoridades federales, en coordinación con las 32 entidades del país, reforzaron las acciones de inteligencia y operación para combatir uno de los delitos considerados de mayor impacto para la población.
García Harfuch detalló que entre los servidores públicos detenidos destacan los alcaldes Jesús "N", presidente municipal de Cuautla; Agustín "N", alcalde de Atlatlahucan, e Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla, quienes fueron capturados durante la denominada Operación Enjambre, estrategia dirigida a desarticular redes de corrupción y extorsión en el servicio público.
El titular de la SSPC explicó que las investigaciones permitieron identificar tanto a quienes ejecutaban directamente las extorsiones como a funcionarios que facilitaban información privilegiada para la comisión de estos delitos, fortaleciendo así las estructuras criminales.
Entre las acciones relevantes presentadas se encuentra la desarticulación de una célula criminal integrada por 11 personas en Guerrero, dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en el puerto de Acapulco.
Asimismo, informó sobre la detención de Salvador "N", señalado por extorsionar a empresarios y quien además cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos desde 2017 por contrabando de armas y municiones.
Las acciones operativas también derivaron en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y procesos de extradición contra algunos de los detenidos, además del aseguramiento de armas de fuego, narcóticos, equipos tecnológicos y otros indicios utilizados por las organizaciones criminales.
Al concluir su informe, García Harfuch reiteró que el combate a la extorsión continuará siendo una prioridad para el Gobierno Federal.
"Combatir este delito ha sido prioridad para la presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las 32 entidades de la República", afirmó el secretario.
