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Las reformas a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y a la Ley de Hacienda permitirán que personas afectadas por el robo de automóviles no paguen servicios de arrastre, traslado ni resguardo de sus unidades recuperadas.
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas y adiciones a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y a la Ley de Hacienda del Estado, con el propósito de exentar de diversos cobros a las personas que hayan sido víctimas del delito de robo de vehículo.
Durante la sesión legislativa, diputadas y diputados avalaron la incorporación de una nueva fracción al artículo 67 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas, estableciendo el derecho de las víctimas de robo vehicular a quedar exentas del pago por servicios de guarda en depósitos vehiculares, pensiones de tránsito, arrastre y traslado, siempre que acrediten su calidad de víctima del delito.
De igual forma, se aprobó la adición del artículo 48 Bis a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mediante el cual se establece que las personas afectadas por el robo de vehículos estarán exentas del pago de los derechos contemplados en las fracciones XI, XII y XIV del artículo 48.
Dichas fracciones corresponden a los cobros generados por la estancia diaria en pensiones de tránsito, el traslado mediante grúas y la búsqueda de información ante autoridades de otras entidades federativas.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, fue aprobado con 39 votos a favor y ningún voto en contra, reflejando el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.
Tras la aprobación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, instruyó la expedición del decreto correspondiente para formalizar las modificaciones legales.
Las reformas aprobadas retoman propuestas presentadas en distintos momentos por el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario del PAS junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villalpudua y Paula Liliana Días Quiñónez, así como por el Grupo Parlamentario del PRI y el ciudadano Rafael Izábal Sanz.
Con esta medida, el Congreso busca evitar que las víctimas de robo vehicular enfrenten una carga económica adicional al momento de recuperar sus unidades, fortaleciendo así la protección y atención integral a quienes han sufrido este delito.
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