Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Lo blando es más fuerte que lo duro; el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte q...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Lo blando es
más fuerte que lo duro; el agua es más fuerte que la roca, el amor es más
fuerte que la violencia”, Hermann Hesse (1877-1962) Escritor suizo, de origen
alemán.
MODALIDAD
La propuesta del
diputado Ambrocio Chávez Chávez para impulsar una Ley de Fomento de las
Sociedades Cooperativas en Sinaloa coloca sobre la mesa un tema que
históricamente ha sido subestimado en la agenda económica estatal: la economía
social como herramienta de desarrollo regional.
La iniciativa
parte de un diagnóstico evidente. En Sinaloa existen actividades productivas
—pesca, agricultura, ganadería, comercio y producción artesanal— donde el
modelo cooperativista no es ajeno, pero sí carece de un andamiaje jurídico
estatal específico que ordene, acompañe y fortalezca su operación. Si bien el
cooperativismo tiene sustento en la legislación federal, la ausencia de una ley
local limita la articulación institucional y la generación de políticas
públicas focalizadas.
Desde una
perspectiva estructural, la propuesta no es menor. El cooperativismo funciona
bajo principios de solidaridad, participación democrática y distribución
equitativa de beneficios. En regiones con alta dispersión rural y economías
primarias, como varias zonas de Sinaloa, este modelo puede representar una
alternativa viable frente a esquemas tradicionales que concentran utilidades y
decisiones.
Sin embargo, el
reto no radica únicamente en legislar. La historia económica demuestra que
muchas leyes de fomento terminan convertidas en buenas intenciones si no se
acompañan de financiamiento, capacitación técnica, acceso a mercados y
simplificación administrativa. Una ley puede crear el marco; lo que define el
éxito es la política pública que la respalde.
El respaldo del
legislador a la ExpoCoop del Noroeste 2026, a celebrarse en la Universidad
Autónoma Indígena de México, también tiene un componente simbólico relevante.
Vincular el cooperativismo con espacios académicos y con comunidades indígenas
sugiere una visión que busca integrar desarrollo económico con inclusión
social. No es un detalle menor en un estado donde la desigualdad territorial
sigue siendo un factor determinante.
Ahora bien, el
análisis político obliga a observar el contexto. En un escenario donde el
discurso económico suele centrarse en grandes inversiones industriales y
proyectos de alto impacto, hablar de cooperativas implica apostar por una
economía de base, de pequeña y mediana escala, con crecimiento gradual. Es una
visión distinta del desarrollo: menos concentrada, más distribuida.
La pregunta
central es si esta iniciativa logrará trascender el plano declarativo. Una Ley
de Fomento podría facilitar formalización, acceso a créditos y acompañamiento
institucional, pero su efectividad dependerá de reglas claras, incentivos
reales y coordinación interinstitucional. De lo contrario, se corre el riesgo
de crear un instrumento jurídico sin capacidad transformadora.
Sinaloa enfrenta
el desafío de diversificar su economía y fortalecer el tejido productivo local.
El cooperativismo puede ser parte de esa estrategia, siempre que se entienda
como política pública integral y no como discurso sectorial.
En síntesis, la
propuesta abre una discusión pertinente: ¿puede el modelo cooperativo
convertirse en motor de desarrollo regional sostenible? La respuesta no
dependerá únicamente de la ley que se apruebe, sino de la voluntad de
convertirla en herramienta efectiva de transformación económica y social.
IMPULSO
La recaudación
no es un dato frío. Es un mensaje. Y el hecho de que el Ayuntamiento de
Culiacán haya superado los 784 millones de pesos en el primer bimestre de 2026,
impulsado principalmente por el programa de Pronto Pago, tiene varias lecturas
que van más allá de la cifra.
El alcalde Juan
de Dios Gámez Mendívil ha destacado el incremento en el impuesto predial —643.3
millones de pesos— y el crecimiento respecto al mismo periodo de 2025. El
discurso oficial habla de confianza ciudadana, de corresponsabilidad y de un
esfuerzo compartido para construir el municipio que se proyecta. En términos
políticos, el mensaje es claro: hay respaldo social medible en números.
Pero el análisis
requiere ir un poco más a fondo.
Primero, el
predial es el impuesto más importante para cualquier municipio. No solo por su
peso financiero, sino porque es el indicador más directo de la relación entre
gobierno y gobernados. Cuando la ciudadanía paga, lo hace esperando resultados
visibles: calles transitables, servicios eficientes, alumbrado funcional,
seguridad y mantenimiento urbano. La recaudación, entonces, genera una
obligación inmediata de cumplimiento.
Segundo, el
incremento puede interpretarse como una combinación de tres factores:
incentivos atractivos en el programa de descuentos, mayor eficiencia en los
mecanismos de cobro y una cultura contributiva que, al menos en este periodo,
respondió positivamente. Sin embargo, el reto real no está en recaudar más,
sino en sostener esa tendencia sin depender exclusivamente de estímulos
temporales.
Tercero, el
contexto económico también influye. En un entorno nacional de estabilidad
relativa en inflación y empleo formal, la capacidad de pago mejora. Pero esto
no es permanente. Por eso, la planeación financiera debe contemplar escenarios
menos favorables. Una administración responsable no puede asumir que cada año
superará metas sin ajustar políticas de gasto y eficiencia administrativa.
Desde el punto
de vista político, la cifra fortalece al alcalde. En un municipio que ha
enfrentado desafíos en seguridad, infraestructura y servicios públicos, mostrar
solvencia financiera otorga margen de maniobra. Pero también eleva la
expectativa pública. Cuando se recaudan 51 millones más que el año anterior, la
ciudadanía no espera continuidad: exige mejora.
Aquí radica el
punto central del análisis. El éxito de la recaudación no se mide en febrero,
sino en diciembre. Se medirá en la percepción de la gente: si las calles
pavimentadas aumentan, si el bacheo es constante, si el alumbrado no falla, si
la basura se recoge con regularidad. La legitimidad fiscal se traduce en
legitimidad política.
En términos
administrativos, este resultado ofrece una ventana de oportunidad. Con finanzas
fortalecidas al inicio del año, el Ayuntamiento puede programar obras sin
recurrir de inmediato a deuda o ajustes de emergencia. Pero la disciplina
presupuestal será clave. La historia municipal demuestra que los ingresos
extraordinarios mal administrados se diluyen con rapidez.
Culiacán tiene
ahora un termómetro claro: la ciudadanía respondió. El siguiente paso es que el
gobierno responda con la misma puntualidad. Porque en materia fiscal, la
confianza no se decreta; se renueva cada año.
CONVENIO
La firma del
convenio entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es solo un acto
administrativo; es un movimiento estratégico para estabilizar la relación
financiera de la institución con los organismos federales.
El rector Jesús
Madueña Molina optó por una ruta de regularización que reduce 95 por ciento de
multas y actualizaciones, lo que evita una carga mayor a las finanzas
universitarias y, al mismo tiempo, protege el derecho de vivienda del personal.
El dato relevante no es únicamente el descuento, sino la decisión de ordenar
pasivos que durante años han representado presión presupuestal.
Con pagos
recientes al SAT, IMSS e INFONAVIT que superan los 500 millones de pesos en
conjunto, la Universidad envía un mensaje de disciplina financiera. El reto
ahora será sostener esa puntualidad y evitar que los adeudos vuelvan a
acumularse.
En términos
institucionales, el acuerdo brinda certeza jurídica y operativa. En términos
políticos, fortalece la narrativa de responsabilidad administrativa. La
estabilidad financiera universitaria no es un asunto interno: impacta
directamente en trabajadores, estudiantes y en la credibilidad de la principal
casa de estudios del estado.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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