Por unanimidad, el Pleno de la LX Legislatura aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servi...
Por unanimidad, el Pleno de la LX Legislatura aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Misma que tiene como propósito regular el proceso de actuación y de las relaciones de los servidores públicos en lo concerniente a la disciplina, ejercicio y acatamiento de los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidad e incompatibilidades que deben observar para el debido cumplimiento de los fines del Estado previstos entre otros por el Título VI de la Constitución.
Dicha ley otorga mayores facultades a la Secretaría y a los órganos de control de cada uno de los Poderes del Estado y de los municipios, dotando de mayor claridad a la norma en cuanto a las autoridades que aplicarán las sanciones, reduciendo en consecuencia, las facultades discrecionales de la autoridad en su imposición.
Además se establece que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, tendrá la facultad para instaurar y sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta ley a los servidores públicos de la administración pública estatal, imponiendo y aplicando las sanciones que corresponda.
También establece que en los servidores públicos municipales, será el Síndico Procurador del Ayuntamiento el que instaurará, sustanciará y resolverá el procedimiento de responsabilidad administrativa e impondrá las sanciones que procedan, correspondiente al Presidente Municipal la aplicación y/o ejecución de las mismas.
La citada Ley, consta de un total de 123 Artículos así como de diez Artículos Transitorios.
La Diputada Gloria Margarita Santos Aguilar, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD al comentar el dictamen, expresó que una de las características del ejercicio de la función pública y la fiscalización en Sinaloa, no es que no existan irregularidades o corrupción sino que éstas son muy escasamente sancionadas.
Agregó que para prejuicio del pueblo sinaloense, se ha estado convirtiendo en una mala costumbre que los órganos de control se limiten, en el mejor de los casos, a aplicar las sanciones más leves que contempla la ley, como las amonestaciones privadas, que en los hechos equivalen a impunidad pero simulando castigos
“Las Contralorías, simplemente nunca resuelven los expedientes que contienen irregularidades, sin que pase nada, ciertamente, en esto tienen que ver factores como la voluntad política e inercias conservadoras, entre otros, pero también es una realidad contundente que el marco jurídico e institucional no ayuda a un ejercicio más honesto y racional de los cargos públicos estatales o municipales. Es decir, es una cuestión que no se reduce a que los órganos de control tengan o no dientes que usar”, dijo.
En otra parte de su intervención, señaló que la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Sinaloa, es positiva, pero insuficiente; contempla las sanciones que pueden aplicarse cuando no se cumplen las obligaciones administrativas, “un régimen parecido de sanciones contempla la Ley federal de Responsabilidades Administrativas”, agregó.
Al referirse al texto en lo correspondiente a las sanciones, dijo que en el Artículo 17 se asienta correctamente el principio general de que todas las sanciones “serán impuestas y se ejecutarán por la Secretaría, las Contralorías u órganos equivalentes de los Poderes Legislativo y Judicial”, no se contempla el procedimiento a seguir, mencionándose hasta el artículo 40, y de manera muy escueta, que serán los jueces del ramo penal los que impongan a servidores públicos la pena de inhabilitación”.
Por otra parte, continuó la legisladora, nos parece un avance el contenido de la regla Tercera del artículo 17, cuando plantea que “en los municipios las sanciones serán impuestas por el Síndico Procurador”. Su complemento será la reforma de esta figura para dotarla de la necesaria autonomía de la que hoy carece al emerger de la misma planilla del presidente municipal y de la mayoría automática de regidores, que en algunos municipios llega a ser calificada”, acotó.
El Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, señaló que la ciudadanía demanda de los servidores públicos no nada más que sean escrupulosos en el ejercicio del gasto público para efectos del procedimiento del propio gasto, sino que sea el gasto pertinente para que logre la rentabilidad social que se busca por su propio origen.
Apuntó que la ley vigente actualmente, data de las épocas de Antonio Toledo Corro, y es evidente que esta ley es obsoleta, anacrónica, y no atiende a las características que deben estar imbuido el servidor. “Por ello, Nueva Alianza le solicitó a los legisladores iniciadores, adherirnos a esa iniciativa, por eso, Nueva Alianza participó en la revisión, enriquecimiento y conformación en lo posible, de un mejor texto. Advertir que fuimos atendidos y se atendieron las aportaciones de este grupo Nueva Alianza”.
Pero es aquí donde viene el debate, quiénes son los que discuten, plantean las sanciones a servidores públicos, pero no atienden con propuestas que hagan posible estas sanciones. Nos hubiese gustado, y hablamos de encontrar lugares comunes para acuerdos, que es un tema en que todos nos hemos pronunciado, como lo fue en la tenencia para que nadie la pagara y como han sido otros que se han atendido, desafortunadamente, en la oportunidad que tuvieron otras fuerzas políticas para adherirse a esta iniciativa tan noble, pertinente y necesaria que permita reducir los niveles de impunidad que presuntamente prevalecen, no lo hicieron.
“Es el momento en que esas fuerzas políticas sean congruentes con su discurso, es el momento en que esas fuerzas políticas tienen la posibilidad de en los hechos y con sus actos, adherirse y votar a favor de un dictamen que presenta mejoras sustantivas para la observancia que tiene este Congreso del Estado en su función de ser el Poder de control y de rendición de cuentas”.
Por su parte, el Diputado Francisco Salvador López Brito del PAN, dijo que el dictamen da un marco normativo de la responsabilidad de los servidores públicos de avanzada, de actualidad y que coincide con la agenda legislativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN.
Expresó que el marco normativo en discusión, es un avance que limpia el camino y los procedimientos para que la legislación con más claridad, sea aplicada y por ello, dijo se comparte y se participó en la elaboración del dictamen.
