Cartas sobre la mesa

  Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor ...

 

Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible”,  Italo Calvino (1923-1985) Periodista y escritor italiano.

SIN PASIONES

En política, las derrotas no siempre comienzan en las urnas. Algunas empiezan mucho antes, cuando las diferencias internas se convierten en confrontaciones, cuando las aspiraciones personales desplazan los proyectos colectivos y cuando las dirigencias olvidan que su responsabilidad es representar a todo un partido, no solamente a quienes comparten sus preferencias.

El PRI en Sinaloa se encuentra ante una discusión que no debería minimizar. La competencia entre la senadora Paloma Sánchez Ramos y el diputado federal Mario Zamora Gastélum por los espacios de representación rumbo a 2027 plantea una prueba para la dirigencia estatal: garantizar condiciones de participación equitativas y evitar que las diferencias terminen debilitando los acuerdos que el propio partido busca construir.

No estamos hablando de dos personajes ajenos a la estructura priista. Ambos fueron reconocidos por la dirigencia nacional como Defensores de Sinaloa, una responsabilidad política que los coloca dentro de la estrategia de reorganización del partido. Ese nombramiento tiene una implicación elemental: si los dos representan institucionalmente al PRI, ambos merecen reglas claras y un trato equitativo.

Y es precisamente ahí donde comienzan las preguntas.

En las últimas semanas han surgido señalamientos sobre una presunta diferencia en la difusión que las redes oficiales del PRI Sinaloa otorgan a las actividades de ambos legisladores. Se cuestiona que las publicaciones de Paloma Sánchez reciban mayor atención institucional, mientras que las actividades de Mario Zamora tendrían una presencia considerablemente menor.

La observación merece verificarse mediante una revisión de las publicaciones oficiales. Pero también exige una respuesta sencilla de la dirigencia: ¿existen criterios establecidos para difundir las actividades de quienes fueron nombrados Defensores de Sinaloa? ¿Se aplican de la misma manera a ambos?

Porque una cosa es que cada aspirante construya su propia estrategia de comunicación y otra que los espacios institucionales del partido puedan ser percibidos como instrumentos de promoción de una sola corriente.

El problema no es Paloma Sánchez. Tampoco Mario Zamora. El problema sería que una competencia legítima comenzara a desarrollarse bajo reglas que una parte de la militancia considere desiguales.

Hay otro elemento que debe incorporarse al análisis. Distintas encuestas difundidas durante 2026 han registrado preferencias hacia Mario Zamora en escenarios relacionados con la gubernatura de Sinaloa. La medición de INDEMERC publicada recientemente por Debate lo ubica en una comparación frente a Imelda Castro, mientras otros estudios han explorado las preferencias entre perfiles priistas.

Ninguna encuesta constituye por sí misma una candidatura, mucho menos una garantía electoral. Cada medición debe valorarse conforme a su metodología, universo y fecha de levantamiento. Pero tampoco sería razonable que un partido desestimara los estudios de opinión sin explicar cuáles serán los mecanismos que utilizará para tomar sus decisiones.

Si el PRI pretende construir una candidatura respaldada por sus militantes y eventualmente por otras fuerzas políticas, necesita establecer desde ahora cómo evaluará a sus aspirantes y quiénes participarán en esa definición.

La historia reciente ofrece antecedentes que conviene recordar. En 2021, la selección de candidaturas provocó inconformidades entre grupos priistas. Posteriormente, la ruptura entre la dirigencia nacional y el exgobernador Quirino Ordaz mostró hasta dónde pueden llegar las diferencias políticas cuando dejan de encontrar espacios de entendimiento.

No se trata de afirmar que aquellos episodios expliquen por completo los resultados electorales del PRI. Sería una simplificación. Pero sí recuerdan que las disputas internas pueden complicar la organización y dejar consecuencias que sobreviven a los procesos de selección.

Hoy existen expresidentes municipales, cuadros tradicionales y liderazgos regionales cuyas posiciones merecen ser escuchadas. Algunos han expresado afinidades hacia Mario Zamora; otros mantienen cercanía con Paloma Sánchez. El alcance real de esos respaldos debe documentarse, sin asumir que alguno representa automáticamente a toda la militancia.

Lo que sí resulta indispensable es evitar que esas diferencias se conviertan en una confrontación entre estructuras partidistas.

El PRI ha planteado la necesidad de construir acuerdos con otras fuerzas políticas rumbo a 2027. PAN y PAS aparecen entre los interlocutores de ese proyecto opositor. Sin embargo, cualquier negociación de coalición tendrá que resolver no solamente quién encabezará las candidaturas, sino también qué programa de gobierno se propone y mediante qué procedimientos se tomarán las decisiones.

Y aquí surge una advertencia que merece atención.

Si el PRI no consigue establecer reglas aceptadas dentro de su propia organización, trasladará sus desacuerdos a la mesa de negociación con sus posibles aliados.

Ninguna coalición puede reducirse a una fotografía de dirigentes o a una distribución anticipada de posiciones. Requiere compromisos programáticos, procedimientos transparentes y disposición para reconocer resultados, incluso cuando no favorezcan las aspiraciones particulares.

Paloma Sánchez tiene derecho a buscar una candidatura y a defender su proyecto. Mario Zamora tiene exactamente el mismo derecho. Ambos pueden presentar propuestas, contrastar trayectorias y someterse a los mecanismos que acuerde su partido.

Lo que no debería ocurrir es que la dirigencia estatal actúe de una manera que genere dudas sobre su imparcialidad antes de que exista una definición formal.

Por eso, el llamado es al PRI Sinaloa y a quienes tienen la responsabilidad de conducirlo: que establezcan públicamente los criterios de comunicación institucional, que escuchen a sus estructuras municipales, que acuerden un método transparente de selección y que garanticen un piso parejo para sus dos Defensores de Sinaloa.

No se trata de pedir que desaparezcan las diferencias. La pluralidad interna es parte de cualquier organización política. Se trata de impedir que esas diferencias sustituyan la discusión de ideas y terminen por fracturar los acuerdos necesarios para competir.

También corresponde a los posibles aliados observar este proceso con atención. Una coalición que aspire a representar un proyecto común necesita conocer las reglas con las que se integrará, las responsabilidades de cada partido y los mecanismos para resolver desacuerdos. Postergar esas definiciones solamente dejaría pendientes que podrían reaparecer durante la contienda.

El PRI todavía tiene espacio para discutir sus diferencias, escuchar a sus cuadros y construir acuerdos. Pero ese trabajo requiere decisiones verificables, no únicamente llamados a la unidad.

Porque la unidad no se decreta desde una oficina ni se consigue mediante publicaciones en redes sociales. Se construye cuando las reglas son conocidas, cuando las distintas voces encuentran representación y cuando los participantes aceptan que el proyecto colectivo debe estar por encima de sus intereses particulares.

El PRI nacional nombró a dos Defensores de Sinaloa. La dirigencia estatal tiene ahora la responsabilidad de demostrar que puede ofrecer condiciones equitativas para ambos.

Y si el partido pretende convocar a otras fuerzas políticas a un proyecto común, convendría que comenzara por resolver sus propios desacuerdos.

Porque llegar a una elección con distintas aspiraciones es normal en democracia. Lo verdaderamente preocupante sería llegar con las reglas cuestionadas, los acuerdos pendientes y la militancia enfrentada.

El 2027 todavía no llega. Pero las decisiones que pueden unir o dividir al PRI sinaloense ya se están tomando.

ESCUPIR PA ARRIBA

En política, la congruencia no se mide solamente por lo que se dice frente a los micrófonos, sino por la capacidad de sostener ese discurso cuando las preguntas comienzan a mirar hacia la propia trayectoria. Y eso es precisamente lo que hoy ocurre con el diputado federal Jesús Ibarra Ramos, quien ha decidido levantar la voz sobre los problemas de Culiacán y cuestionar prácticas que, según su planteamiento, Morena debe corregir.

Sus declaraciones no son menores. Hablar de gobiernos sin compadrazgos, de funcionarios preparados y de una administración que responda a las necesidades ciudadanas implica reconocer que existen prácticas políticas que deben revisarse. Mucho más cuando el señalamiento proviene de alguien que forma parte del partido que gobierna.

Ibarra sostiene que Culiacán enfrenta una situación inaceptable. La inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, los problemas de drenaje, el alumbrado y las condiciones de las calles forman parte de una realidad que exige respuestas. En ese diagnóstico hay asuntos concretos que merecen atención, independientemente de quién los señale.

Sin embargo, las declaraciones del legislador adquieren otra dimensión cuando se revisa su propia historia política.

Jesús Ibarra no es un recién llegado. Fue diputado local por Nueva Alianza, posteriormente se incorporó a Morena, regresó al Congreso de Sinaloa bajo esas siglas y, en 2024, obtuvo la candidatura federal por el Distrito 5 de Culiacán, elección que ganó por mayoría relativa.

Su recorrido muestra experiencia en distintas estructuras partidistas y espacios de representación. También plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se construyen las oportunidades políticas dentro de los partidos y qué peso tienen los procedimientos internos, las trayectorias personales y las relaciones con sus dirigencias?

En el caso de Ibarra, publicaciones periodísticas han señalado vínculos familiares con personas cercanas a la dirigencia nacional de Morena durante el periodo en que Mario Delgado encabezaba el partido. Ese antecedente puede justificar preguntas sobre los mecanismos de selección, pero no constituye una prueba de que su candidatura haya sido producto de un favor político.

Y ahí está el punto central. No se trata de acusar sin pruebas ni de desconocer una victoria obtenida mediante el voto ciudadano. Se trata de aplicar un mismo criterio de transparencia a todos los procesos, incluidos aquellos de los que uno mismo ha resultado beneficiado.

Porque cuando un político pide terminar con el compadrazgo, la discusión no debería agotarse en señalar las prácticas ajenas. También tendría que explicar qué reglas propone, cómo se verificarían y de qué manera garantizaría que nadie, cercano o distante de las dirigencias, reciba un trato privilegiado.

Hay otro episodio que merece atención. Tras el proceso interno que llevó a Imelda Castro a la coordinación estatal de Morena, Jesús Ibarra expresó inconformidad por una presunta inconsistencia en la presentación de los resultados. Según su versión, su nombre habría sido sustituido por el de otro participante, aunque reconoció la designación de la senadora.

La diferencia es importante. Una cosa es aceptar el resultado general y otra exigir claridad sobre la información difundida durante el procedimiento. Si existió un error, corresponde documentarlo y corregirlo. Si no existió, también conviene aclararlo. La transparencia partidista no puede depender de la posición que finalmente ocupe cada aspirante.

Este episodio cobra relevancia porque Ibarra ha dejado abierta la posibilidad de participar en el proceso político municipal de Culiacán rumbo a 2027. Sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del gobierno y la organización de Morena aparecen, por tanto, en un momento en el que también se discuten futuras candidaturas.

Eso no significa que sus críticas carezcan de fundamento. Significa que deben analizarse en dos planos: el de los problemas públicos que denuncia y el de su propia participación en la vida interna del partido.

Como diputado federal, además, Ibarra tiene una responsabilidad que va más allá del diagnóstico. Sus planteamientos sobre seguridad, infraestructura y prioridades presupuestales pueden contrastarse con su trabajo en la Cámara de Diputados, sus iniciativas, sus votaciones y las gestiones realizadas en beneficio de Culiacán.

El ciudadano tiene derecho a escuchar propuestas, pero también a conocer qué se ha hecho desde los cargos que ya se ocupan. La crítica al gobierno municipal puede formar parte de un debate legítimo; lo que corresponde ahora es acompañarla de soluciones concretas y resultados verificables.

Tampoco sería correcto interpretar sus declaraciones como una ruptura con Morena. Ibarra mantiene su identificación con el movimiento y ha expresado respaldo al proyecto nacional encabezado por Claudia Sheinbaum. Su posicionamiento se presenta como una exigencia de corrección desde el interior, no como un anuncio de separación partidista.

La cuestión de fondo es más amplia que un nombre. Morena enfrenta el desafío de demostrar que sus mecanismos de selección, sus nombramientos y sus gobiernos pueden responder a criterios públicos, claros y verificables. Esa exigencia vale para quienes hoy ejercen el poder y para quienes aspiran a ocuparlo mañana.

Jesús Ibarra ha colocado sobre la mesa una discusión necesaria: la relación entre las decisiones políticas y la capacidad de gobernar. Ahora sus propias palabras abren la puerta para revisar cómo se construyó su trayectoria, qué resultados ha entregado y qué propone cambiar.

Porque la autocrítica tiene valor cuando alcanza también a quien la pronuncia.

Y en política, donde tantos discursos prometen corregir las viejas prácticas, la verdadera prueba no está en señalar el compadrazgo desde un micrófono, sino en demostrar que las reglas pueden aplicarse por igual, incluso cuando dejan de favorecer a quienes las defienden.

Al final, el problema no es que Jesús Ibarra cuestione a Morena. El verdadero debate comienza cuando Morena, sus dirigentes y el propio diputado están dispuestos a responder las mismas preguntas.

VOLVER, VOLVER

En política, las fotografías no siempre revelan acuerdos, pero pocas veces carecen de significado. Y la reciente reunión de Imelda Castro Castro con la estructura de la Sección 53 del SNTE merece una lectura que va más allá del encuentro protocolario.

La coordinadora estatal de la Cuarta Transformación y senadora con licencia apareció junto a Daniel Amador Gaxiola, dirigente del grupo político Enlace Cívico Magisterial (ENCIMA), Ricardo Madrid Uriarte, secretario general de la Sección 53, y exdirigentes del magisterio sinaloense.

El detalle no es menor. Daniel Amador representa una trayectoria política construida durante décadas alrededor del magisterio y con antecedentes importantes dentro del PRI. ENCIMA, por su parte, ha sido una expresión de organización política con presencia territorial, cuya actividad trasciende los asuntos estrictamente sindicales.

Por eso, el encuentro abre interrogantes interesantes en un momento en que Morena reorganiza sus estructuras y los partidos comienzan a definir sus movimientos rumbo a 2027.

Imelda Castro ha venido construyendo espacios de interlocución con distintos sectores. La reunión con dirigentes del magisterio incorpora a ese diálogo una organización históricamente relacionada con actores del priismo sinaloense.

¿Estamos frente a un acercamiento institucional o ante el comienzo de una nueva relación política? Todavía es temprano para establecerlo. No existe información pública suficiente para hablar de acuerdos electorales, mucho menos de un respaldo formal de ENCIMA a Morena.

Sin embargo, el encuentro adquiere otra dimensión cuando se observa el escenario que enfrenta el PRI, donde las aspiraciones de Mario Zamora y Paloma Sánchez mantienen abierta la discusión sobre las candidaturas y la conducción del proyecto opositor.

Mientras los priistas discuten sus mecanismos de selección y sus posibles alianzas, figuras con antecedentes en ese partido sostienen encuentros con quienes hoy conducen la organización territorial de la Cuarta Transformación.

Eso no demuestra una ruptura ni un cambio de militancia. Pero sí recuerda que los vínculos políticos no permanecen inmóviles y que la interlocución entre organizaciones puede extenderse más allá de sus antecedentes partidistas.

La presencia de Ricardo Madrid Uriarte también merece atención. El SNTE 53 tiene una responsabilidad sindical que debe distinguirse de las actividades políticas de ENCIMA. Confundir ambas estructuras sería desconocer que la representación laboral y la participación partidista responden a propósitos diferentes.

Para Imelda Castro, la reunión representa una oportunidad de diálogo con liderazgos de trayectoria. Para Daniel Amador, constituye un espacio de interlocución con una de las principales figuras de Morena en Sinaloa. Lo que cada parte pretenda construir a partir de ese encuentro deberá conocerse por sus acciones y declaraciones posteriores.

Porque en política una fotografía puede abrir muchas interpretaciones, pero son los acuerdos públicos y los hechos posteriores los que terminan por explicar su verdadero alcance.

Y rumbo a 2027, habrá que observar si este acercamiento queda en una reunión más o se convierte en una relación política de mayor continuidad.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx  

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