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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto con el oxígeno sin pensa...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto con el oxígeno sin pensarlo, pero conscientes de que existe”, Juan Carlos Onetti (1909-1994) Escritor uruguayo.
LOGRO
En Sinaloa, el calor no espera al calendario oficial. Desde abril, miles de familias comienzan a utilizar con mayor frecuencia ventiladores y equipos de aire acondicionado, una necesidad que termina reflejándose en los recibos de electricidad. Por eso, la ampliación del subsidio de verano a siete meses, anunciada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava para 2027, representa una medida de interés social que merece analizarse más allá del anuncio gubernamental.
La incorporación de abril al periodo subsidiado responde a una realidad que conocen los hogares sinaloenses: las altas temperaturas comienzan antes de mayo y el consumo eléctrico aumenta mucho antes de que entre en vigor el apoyo tradicional. Ajustar el calendario a estas condiciones significa reconocer una necesidad cotidiana de la población.
Hay un elemento que merece destacarse en esta decisión: la capacidad de colocar una demanda estatal en la agenda de las instituciones federales. Las gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad reflejan una ruta de coordinación institucional para atender un problema que impacta directamente en la economía familiar.
En ese proceso también resulta relevante el respaldo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La ampliación anunciada permite observar cómo la colaboración entre los gobiernos estatal y federal puede traducirse en compromisos relacionados con las necesidades de la población.
Para Graciela Domínguez, la medida tiene además una dimensión de gestión pública. Gobernar implica atender los problemas estructurales, pero también identificar aquellos gastos cotidianos que afectan el ingreso disponible de las familias. El costo de la electricidad es uno de ellos, particularmente en una entidad donde las condiciones climáticas hacen necesario el uso de sistemas de enfriamiento durante buena parte del año.
Sin embargo, el alcance del beneficio deberá conocerse con precisión. La ampliación del periodo subsidiado no significa que todos los usuarios recibirán el mismo ahorro, pues los montos dependen de la tarifa aplicable, los niveles de consumo y las condiciones de facturación.
También será importante que la CFE publique oportunamente las disposiciones correspondientes, aclare qué tarifas y localidades estarán comprendidas y garantice que la incorporación de abril se refleje de manera comprensible en los recibos de 2027.
Ese será el momento de evaluar el resultado concreto de las gestiones. Por ahora, existe un anuncio público de ampliación y un compromiso institucional; su aplicación efectiva deberá confirmarse mediante las reglas oficiales y la facturación correspondiente.
Desde una perspectiva social, el beneficio potencial es significativo. Un menor gasto eléctrico durante abril puede permitir que las familias destinen una parte de sus ingresos a alimentación, transporte, educación y otras necesidades. Aunque el ahorro individual dependerá de cada caso, la medida reconoce una presión económica que se presenta año con año.
La decisión también abre una discusión de mayor alcance: la necesidad de que las políticas de subsidio energético respondan a las condiciones climáticas de cada región. Sinaloa presenta características particulares que justifican revisar periódicamente los mecanismos de apoyo y su correspondencia con las temporadas de mayor consumo.
En el terreno político, el anuncio ocurre en un momento en que las acciones de gobierno adquieren inevitablemente distintas interpretaciones. Pero conviene separar el debate electoral de la utilidad pública de una medida. Su relevancia no depende de quién obtenga reconocimiento político, sino de que los hogares reciban el beneficio comprometido.
La gobernadora Graciela Domínguez ha presentado esta ampliación como resultado de la gestión y el diálogo con la Federación. Esa coordinación merece seguimiento, tanto por el compromiso anunciado como por la responsabilidad de garantizar que llegue a quienes corresponde.
Al final, la administración pública también se mide en su capacidad de responder a necesidades concretas. Y pocas resultan tan cercanas a la vida diaria de los sinaloenses como el costo de mantener una vivienda habitable durante los meses de calor.
La ampliación del subsidio eléctrico constituye una oportunidad para aliviar esa carga. Ahora corresponde transformar el acuerdo anunciado en una disposición clara, efectiva y verificable.
Porque una política pública adquiere su verdadero sentido cuando deja de ser un compromiso institucional y comienza a representar un beneficio tangible en la vida de las familias.
ATENCIÓN
La política no se detiene en las fronteras y los acontecimientos internacionales suelen encontrar eco en las discusiones nacionales. Bajo esa perspectiva, Imelda Castro Castro ha comenzado a delinear una de las prioridades de su nueva responsabilidad al frente de la organización territorial de Morena en Sinaloa: fortalecer la estructura del movimiento, mantener la comunicación con su militancia y prepararse para los desafíos políticos de 2027.
La senadora con licencia coloca su análisis en un escenario latinoamericano donde distintas corrientes políticas disputan espacios de representación y poder. Desde su interpretación, el avance de sectores de derecha en algunos países representa una señal para que Morena no dé por sentado el respaldo ciudadano que ha construido durante los últimos años.
Su planteamiento tiene una lectura interesante. Más allá de las diferencias ideológicas entre los partidos, reconoce que ninguna organización política puede sostener su presencia únicamente con los resultados electorales del pasado. La participación ciudadana, las condiciones sociales y las expectativas de la población cambian, y los movimientos políticos necesitan mantener abiertos sus canales de comunicación.
En ese contexto aparece uno de los conceptos que Imelda Castro ha colocado en su discurso: la llamada “guerra cognitiva”. Con esta expresión se refiere a la influencia que pueden ejercer las plataformas digitales, los mensajes políticos y la circulación de información sobre la percepción pública.
El señalamiento merece atención, aunque también precisión. Las campañas de desinformación constituyen un desafío para la conversación democrática, pero su identificación requiere hechos verificables, evidencia sobre los contenidos difundidos y claridad respecto de sus responsables. No toda crítica política ni toda opinión contraria puede considerarse desinformación.
Ahí se encuentra una responsabilidad compartida. Los partidos necesitan comunicar sus propuestas con claridad, mientras que los ciudadanos requieren información confiable para evaluar decisiones públicas, contrastar argumentos y participar libremente en el debate.
Para Imelda Castro, el desafío no se limita al espacio digital. Su apuesta también pasa por el territorio.
La coordinadora estatal habla de mantener contacto con aproximadamente 300 mil militantes de Morena en Sinaloa, cifra que ella misma ha referido y que permite dimensionar la tarea organizativa que plantea desarrollar. Una estructura de esa magnitud exige coordinación, comunicación permanente y mecanismos que permitan escuchar las inquietudes de sus integrantes.
En este punto, su mensaje adquiere una dimensión práctica. La organización territorial puede servir para acercar las decisiones partidistas a las comunidades, identificar demandas locales y fortalecer la participación de quienes forman parte del movimiento. Pero también plantea el reto de mantener reglas claras, apertura al diálogo y respeto a las distintas expresiones internas.
La preparación de Morena para 2027 ocurre, además, en un escenario de aspiraciones municipales, acuerdos con partidos aliados y procesos internos que deberán desarrollarse conforme a sus propias disposiciones. La coordinación estatal tendrá que atender esas dinámicas sin perder de vista que la cohesión partidista depende también de la confianza en los procedimientos.
La participación de Imelda Castro en la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada el 10 de octubre, forma parte de ese proceso de preparación. Según lo expuesto por la dirigente, el encuentro permitió revisar tareas organizativas y líneas de trabajo ante el próximo ciclo electoral.
Hay un aspecto relevante en sus declaraciones: aunque manifiesta confianza en su movimiento, reconoce que el respaldo ciudadano no debe considerarse garantizado. Esa idea introduce un principio aplicable a cualquier fuerza política: la legitimidad electoral necesita renovarse mediante resultados, propuestas y cercanía con la población.
En Sinaloa, esa exigencia adquiere un significado particular. La seguridad, la actividad económica, los servicios públicos y las necesidades de los municipios forman parte de las preocupaciones que los ciudadanos esperan ver atendidas. La organización partidista puede facilitar el diálogo sobre estos asuntos, pero no sustituye la obligación de presentar respuestas concretas.
La defensa de la soberanía nacional, otro de los ejes del discurso de Castro, también abre espacio para una discusión de fondo sobre las decisiones económicas, la relación de México con otros países y la capacidad de las instituciones para responder a los intereses nacionales. Es un debate legítimo que se enriquece cuando incorpora argumentos, información y distintas perspectivas.
Imelda Castro comienza así una etapa en la que su responsabilidad no se reduce a coordinar actividades o transmitir mensajes nacionales. También implica articular una estructura estatal diversa, acompañar los procesos internos y promover una comunicación política que dialogue con las preocupaciones reales de la sociedad sinaloense.
Su llamado a no perder tiempo y a preparar desde ahora el trabajo territorial refleja una intención de organización anticipada. El alcance de esa estrategia podrá observarse en la participación de la militancia, la transparencia de las decisiones y la calidad del debate público que Morena contribuya a construir.
Porque en política, defender un proyecto no consiste solamente en explicar aquello que se considera una amenaza. También significa demostrar, con argumentos, apertura y resultados, qué se propone hacer frente a los problemas de la sociedad.
Y ese será uno de los desafíos centrales de Imelda Castro en Sinaloa: convertir la organización política en un espacio de participación, sin confundir la defensa de las ideas con el cierre al debate.
La democracia necesita partidos organizados, pero también ciudadanos informados, crítica libre y propuestas que puedan discutirse abiertamente. Ahí comienza la verdadera fortaleza de cualquier movimiento.
RETO
El malecón de Mazatlán enfrenta uno de sus desafíos recientes más importantes. La identificación de seis puntos afectados por socavones, producto del fuerte oleaje y la erosión costera, ha llevado a la gobernadora Graciela Domínguez Nava y a la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez a trabajar de manera conjunta para atender los daños en uno de los espacios más representativos del puerto.
El recorrido de supervisión realizado por ambas mandatarias este martes 13 de octubre refleja una coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento que resulta especialmente necesaria ante situaciones que comprometen la infraestructura, la seguridad y la actividad turística.
Más allá de la presencia de las autoridades en el lugar, lo relevante será la capacidad de sus equipos para coordinar recursos, definir soluciones técnicas y avanzar en la rehabilitación de los tramos afectados. La participación de Obras Públicas, Turismo y representantes del sector hotelero permite incorporar distintas perspectivas a la atención del problema.
Para Graciela Domínguez y Estrella Palacios, el desafío es compartido. El malecón no solamente constituye una de las principales imágenes turísticas de Mazatlán; también es una vialidad utilizada diariamente por residentes, trabajadores y visitantes.
Aunque todavía no se conocen el monto total de inversión ni los plazos de conclusión, la identificación de los daños y el inicio de las labores permiten establecer una ruta de atención que deberá mantenerse bajo seguimiento público.
En momentos de contingencia, la coordinación institucional adquiere especial importancia. Las responsabilidades del Estado y del Municipio son distintas, pero coinciden en una misma necesidad: proteger a la población y recuperar los espacios afectados.
Porque el malecón pertenece a Mazatlán, pero su conservación es un asunto de interés para todo Sinaloa. Y frente a los efectos del mar, más que discursos separados, se necesitan esfuerzos compartidos y resultados visibles.
REGISTRO
En Badiraguato, el proceso interno de Morena comienza a tomar forma con el registro de la diputada local Verónica Avilés Rochín, quien ha decidido participar en la búsqueda de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un movimiento que también la incorpora a las definiciones políticas rumbo a 2027.
La legisladora llega a esta etapa con experiencia en el ámbito político y legislativo, además de un conocimiento del municipio que presenta como parte de sus fortalezas. Sin embargo, el siguiente desafío será demostrar cómo ese recorrido puede traducirse en una organización territorial capaz de atender las distintas necesidades de las comunidades de Badiraguato.
Su registro tiene una lectura que va más allá de una aspiración individual. Morena comienza a reunir perfiles con trayectoria institucional que buscan asumir responsabilidades dentro de su estructura municipal. En ese escenario, la relación con la militancia, la presencia en las comunidades y la capacidad de construir acuerdos serán elementos importantes para el desarrollo del proceso.
Avilés Rochín también ha enviado un mensaje de unidad y respeto a los procedimientos internos. Es un posicionamiento relevante en una etapa donde las aspiraciones pueden generar diferencias, pero donde las reglas y la aceptación de los resultados serán fundamentales para mantener la cohesión partidista.
Hay, además, una distinción necesaria: registrarse para una coordinación municipal no equivale a obtener una candidatura a la Presidencia Municipal. Las decisiones posteriores dependerán de los mecanismos internos de Morena y, en su caso, de los acuerdos electorales que se establezcan.
Por ahora, Verónica Avilés ha hecho pública su decisión de participar y ha colocado su trayectoria sobre la mesa. Lo que sigue será conocer cómo desarrolla su trabajo territorial y qué propuestas presenta para un municipio con necesidades particulares en servicios, infraestructura y atención a sus comunidades.
Porque en Badiraguato, como en el resto de Sinaloa, el camino hacia 2027 comienza con registros y aspiraciones, pero la verdadera medida del trabajo político estará en la capacidad de escuchar a la población y responder a sus demandas.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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