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A 69 días de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sostuvo que compareció ante la FGR, rechazó las acusaciones en su contra y negó contar con protección de corporaciones federales.
Culiacán, Sinaloa.- A 69 días de haber solicitado licencia como gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya difundió un posicionamiento público en el que aseguró que decidió separarse del cargo para permitir que las autoridades realizaran las investigaciones correspondientes sin la protección que otorga el fuero constitucional.
En su mensaje, el mandatario con licencia informó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde respondió a los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público Federal en torno a las investigaciones que se mantienen abiertas.
Rocha Moya señaló que, desde el 1 de mayo, permanece en su domicilio en la ciudad de Culiacán y rechazó las versiones que lo ubican bajo resguardo de fuerzas federales.
Asimismo, desmintió la información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola, quien afirmó que el exgobernador contaba con un esquema especial de protección.
"Desde el 1 de mayo permanezco en mi domicilio en Culiacán y no cuento con protección o resguardo de ninguna corporación federal", sostuvo.
En el posicionamiento, Rocha Moya reiteró que las acusaciones en su contra carecen de sustento legal y fáctico, y afirmó que ha sido objeto de una campaña de desprestigio que, dijo, responde a intereses políticos dirigidos contra el movimiento de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.
El exmandatario insistió en que será el desarrollo de las investigaciones el que determine los hechos y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades.
El pronunciamiento se da un día después de que funcionarios de la Fiscalía General de la República informaran que, hasta el momento, no existen los elementos probatorios mínimos que exige el marco jurídico mexicano para proceder respecto a los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La FGR precisó que las investigaciones continúan abiertas y que será conforme avancen las diligencias cuando se determine si existen elementos para ejercer alguna acción legal.
