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La reforma busca fortalecer la imparcialidad de quienes fiscalizan el uso de los recursos públicos municipales.
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma a la Ley de Gobierno Municipal para establecer nuevos requisitos a quienes aspiren a ocupar la titularidad de los Órganos Internos de Control (OIC) de los ayuntamientos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, diputadas y diputados de la 65 Legislatura avalaron adicionar una fracción VII al artículo 67 Bis H, con el objetivo de reforzar la independencia e imparcialidad de las personas encargadas de vigilar el ejercicio de los recursos públicos municipales.
Con la modificación, quienes aspiren a dirigir un Órgano Interno de Control no podrán haber sido postulados a un cargo de elección popular, ni haber desempeñado funciones como tesorero, secretario, director municipal o responsable del manejo de recursos públicos de algún partido político durante los cuatro años previos a su designación.
La nueva disposición establece como requisito:
"No haber sido postulado o haber desempeñado cargo de elección popular, de tesorería, secretaría o dirección municipal; o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, en los cuatro años anteriores a la propia designación".
El Congreso señaló que la reforma busca fortalecer el funcionamiento de los Órganos Internos de Control, responsables de supervisar el uso de los recursos públicos, realizar auditorías y verificar la correcta aplicación del gasto en los gobiernos municipales.
El dictamen integra propuestas presentadas en distintos momentos por el Grupo Parlamentario del PAS durante la 63 Legislatura, ciudadanos Fernando Basilio Torres Gómez, Sergio Avendaño Coronel y Fernando Ruiz Rangel, así como por el Grupo Parlamentario del PVEM en la actual Legislatura.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 35 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Tras la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Juan Diego Aranzubia Iturrios, instruyó la publicación del decreto correspondiente para su entrada en vigor.
